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Se queda con la vivienda tras el divorcio, pero una palabra en el convenio le impide inscribirla a su nombre

Los excónyuges habían establecido que la mujer «venderá» su 50% de la vivienda, pero ese futurible no es válido en el Registro.

22/11/2026 04:11

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Un hombre que acordó con su exmujer quedarse con la vivienda familiar a cambio de asumir una hipoteca pendiente de 121.633,55 euros no ha conseguido inscribir la totalidad del inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad. Y ello a pesar de que el acuerdo figuraba en un convenio regulador aprobado judicialmente.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) ha rechazado el recurso presentado por el afectado y ha confirmado la decisión de la registradora de la Propiedad de Mahón (Menorca), que había denegado la inscripción.

Así consta en una resolución de 25 de junio de 2026, publicada ahora en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La cuestión se encuentra en la redacción del convenio regulador. En él, los excónyuges habían establecido que la mujer «venderá» su 50% de la vivienda al hombre, quien asumiría a cambio la deuda hipotecaria pendiente.

Sin embargo, para la Dirección General, esta expresión refleja un compromiso de transmisión futura, pero no acredita que la propiedad ya se haya transmitido.

Una diferencia que resulta determinante para acceder al Registro.

Un divorcio de mutuo acuerdo y una vivienda compartida

El origen del conflicto se remonta al 22 de marzo de 2018, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mahón dictó una sentencia de divorcio de mutuo acuerdo.

La resolución, firmada por el magistrado Fernando Pinto Palacios, aprobó el convenio regulador suscrito por los entonces cónyuges.

Entre los acuerdos alcanzados figuraba el reparto de su patrimonio, que incluía una vivienda en Mahón cuya titularidad compartían al 50%.

Según lo pactado, la mujer transmitiría su mitad al hombre por el importe pendiente de la hipoteca, que ascendía entonces a 121.633,55 euros.

El convenio también establecía que el excónyuge asumiría exclusivamente los gastos asociados al inmueble, incluidos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), seguros, tasas y contribuciones.

Asimismo, contemplaba que un vehículo propiedad del hombre pasaría a ser propiedad exclusiva de la mujer.

Ocho años después, el 7 de abril de 2026, el interesado presentó la sentencia de divorcio en el Registro de la Propiedad de Mahón con el objetivo de inscribir la mitad de la vivienda que todavía figuraba a nombre de su exmujer.

No obstante, la registradora, Silvia Núñez Sánchez, rechazó la inscripción al considerar que era necesario otorgar una escritura pública de compraventa.

El afectado recurrió porque consideraba suficiente la sentencia de divorcio

Disconforme con esta decisión, el hombre presentó un recurso el 8 de mayo de 2026 ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

En su escrito defendía que la operación no constituía una compraventa ordinaria, sino una liquidación patrimonial derivada del divorcio.

A su juicio, la registradora había realizado una interpretación demasiado literal de las palabras «venderá» y «venda su 50%», sin tener en cuenta el conjunto del convenio.

El recurrente recordaba que otra de sus cláusulas establecía expresamente que la vivienda familiar «quedará como propiedad exclusiva» de él.

Por tanto, consideraba que la voluntad de ambos excónyuges estaba suficientemente acreditada.

Además, sostenía que una sentencia firme que aprueba judicialmente un convenio regulador puede constituir un título válido para inscribir determinadas adjudicaciones de bienes inmuebles, sin necesidad de acudir nuevamente al notario.

Por ello, solicitaba que se revocara la calificación negativa y se procediera a inscribir la totalidad de la vivienda a su nombre.

El Registro no admite compromisos de transmisión futura

La Dirección General, dirigida por María Ester Pérez Jerez, no ha compartido los argumentos del recurrente.

En su resolución recuerda que, conforme al artículo 9 del Reglamento Hipotecario, no pueden inscribirse las meras obligaciones de transmitir un inmueble en el futuro.

Para que una operación pueda acceder al Registro, debe existir una transmisión efectiva del derecho de propiedad, y no únicamente un compromiso de realizarla posteriormente.

El organismo explica que «sólo es posible proceder a la inscripción de los actos o contratos que impliquen una verdadera transmisión, constitución, modificación o extinción de un derecho real».

En este caso, considera determinante que el convenio estableciera que la mujer «venderá» su participación en la vivienda.

La utilización de ese tiempo verbal implica, según la resolución, que las partes asumieron una obligación futura cuya ejecución todavía debe formalizarse.

La Dirección General también recuerda que las obligaciones de hacer reconocidas en una resolución judicial pueden necesitar actuaciones posteriores para su cumplimiento.

Es decir, la aprobación judicial de un convenio no convierte automáticamente todos sus compromisos patrimoniales en transmisiones inscribibles.

Por todo ello, la DGSJFP ha acordado desestimar el recurso y confirmar la negativa de la registradora.

La decisión no declara inválido el acuerdo alcanzado entre los excónyuges, sino que considera insuficiente la documentación presentada para inscribir la transmisión.

La resolución puede impugnarse ante el juzgado civil competente en el plazo de dos meses desde su notificación.

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