Los méritos de la candidata a la Presidencia de la Audiencia eran superiores y fue discriminada, según cinco vocales del CGPJ
Cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han presenado un durísimo voto particular conjunto contra la decisión del Pleno de elegir a Antonio Recio Córdoba como nuevo presidente de la Audiencia de Barcelona en vez de la candidata progresista, Angels Vivas, cuyos méritos y trayectoria eran superiores. Según los consejeros, fue discriminada por firmar el denominado «manifiesto de los 33» por el derecho a decidir a Cataluña.
Los vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Concepción Sáez y Enrique Lucas no han cuestionan «en modo ni en momento alguno» las cualidades del candidato que obtuvo la plaza, Antonio Recio Córdoba, que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien obtuvo 10 votos del Pleno frente a los 8 de Vivas; 3 vocales votaron en blanco.
«Nada tenemos contra él, simplemente sostenemos que los méritos de la magistrada Angels Vivas son muy superiores y que, por lo tanto, ella debió ser la elegida», afirman con rotundidad.
En un escrito muy trabajado y meditado, de 26 páginas, los vocales inciden en la «discriminación ideológica» que sufrió su candidata por firmar el llamado «manifiesto de los 33» jueces y magistrados que apoyaban el derecho a decidir de la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo que no quiere decir que estuvieran a favor de la independencia.
Aquel hecho provocó la apertura de una investigación interna, que llevó a cabo el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que finalmente fue archivada. Fonseca-Herrero dijo no haber apreciado que los firmantes persiguieran una finalidad diferente «que el mero traslado a la ciudadanía de una opinión sobre un tema de interés jurídico, social o político».
SE PRODUJO «DESVIACIÓN DE PODER»
En su voto particular, los cinco consejeros del poder judicial suben el diapasón de la crítica a un nivel desconocido hasta ahora al considerar que la decisión de no designar a Vivas supone una discriminación al vincular su legítimo derecho al ascenso en la carrera con el ejercicio «también legítimo, de sus derechos constitucionales».
Esto supone, suscriben los cinco, «un supuesto claro de desviación de poder expresamente proscrito» en la Constitución.
Los discrepantes cuestionan también que el acuerdo del nombramiento de Recio, que les fue remitido para formular este voto particular -algo excepcional en estos dos años de mandato del actual Consejo- carecía de cabecera, pie o firma, y tardó además 24 horas en ser entregado desde el Pleno que eligió a Recio el pasado 31 de marzo.
La información, dicen, tiene cuatro datos «que no se ajustan objetivamente» a lo acontecido» durante la reunión, ya que se atribuyen a la totalidad del Pleno cuando únicamente las defendieron algunos de sus vocales.
UNA MEJOR CANDIDATA
Los cinco consejeros coinciden con las manifestaciones de Jueces para la Democracia (JpD), realizadas el pasado viernes, que acusó al CGPJ de sectarismo al sostener que hay diferencias notables de mérito entre un candidato y otro: Vivas ella tiene una antigüedad de 33 años y está en el puesto 159 del escalafón, mientras que Recio cuenta con una de 25 años y está en el puesto 1.359.
Sobre el tiempo de ejercicio en destinos de lo Civil y Penal, la magistrada Vivas «desarrollado gran parte de su trayectoria profesional, y especialmente en los últimos años, en la jurisdicción penal, salvo el tiempo que ocupó plaza de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña».
La trayectoria de Recio, salvo los dos primeros años destinado en un órgano mixto, los ha pasado en el orden jurisdiccional civil. Otro mérito que enumeran los consejeros es el tiempo de servicio activo en órganos colegiados, en el que también -a su juicio- la magistrada Vivas tiene más experiencia: 25 años en la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña frente a lo 11 de Recio en órganos colegiados de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Sobre las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica y significativa calidad técnica dictadas por ambos así como las aptitudes para la dirección, coordinación y gestión de medios materiales y humanos, los vocales citados consideran que aquí Vivas también gana: fue decana de los Juzgados de Barcelona, inspectora delegada del Servicio de Inspección del CGPJ, miembro de la Sala de Gobierno del TSJ de Cataluña, por elección, secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Justicia de la Generalitat, y presidenta de la Sección 9 de la Audiencia Provincial de Barcelona.
«La experiencia del magistrado Antonio Recio en este ámbito se limita a su integración en la Sala de Gobierno y a sus tareas como delegado del Decanato de Barcelona», dicen en el escrito.
«El contraste efectuado evidencia (…) una sustancial diferencia de méritos a favor de la magistradad Angels Vivas», añaden.
DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO
Los cinco vocales afirman, asimismo, que a Vivas tampoco se le ha perdonado ser una magistrada de perfil progresista ni que manifestara sus opiniones sobre la situación de Catalunya, pese a que es una juez de gran prestigio profesional, muy respetada por su calidad técnico-jurídica y una de las primeras mujeres que accedió en España a la magistratura.
Hablan igualmente de una clara discriminación de género.
En su opinión, no es la primera vez que se ha dado la circunstancia de que cuando «una magistrada con antigüedad, trayectoria profesional y prestigio sobrados se postula para ocupar una de estas presidencias es relegada por un candidato varón que ocupa un lugar escandalosamente mucho más bajo en el escalafón».
De la misma manera, los consejeros discrepantes denuncian la existencia de infracción de las normas sobre formación de la mayoría y concluyen que la política de nombramiento del CGPJ es el área del actual CGPJ más censurada tanto por la ciudadanía en general como por los integrantes de la Administración de Justicia, y hablan de panorama «desolador».
VULNERACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE LA MAYORÍA
Finalmente, los cinco vocales hacen referencia, en sus conclusiones, a la macroencuesta realizada recientemente por el propio Consejo en la que se pone de manifiesto que el 67 por ciento de los jueces encuestados «considera que en los nombramientos que realiza el CGPJ no prevalecen criterios de mérito y capacidad».
«Entendemos que se ha producido vulneración de las reglas sobre la mayoría exigida para la adopción de los acuerdos sobre nombramientos discreccionales», concluyen en su voto particular.
