Empresarios y sindicatos pactan los primeros ERTES a la espera del plan de choque del Gobierno para activar la economía
La crisis sanitaria causada por la epidemia de Covid-19 ha supuesto la toma de decisiones extraordinarias que afectan de manera excepcional a la actividad económica.
Esta semana se han empezado a negociar entre empresarios y sindicatos distintos Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE).
La cadena Burger King, por ejemplo, ya ha anunciado el suyo, que afectará a 14.000 personas, tras el cierre de todos sus restaurantes y la cancelación de su servicio de reparto a domicilio.
También los sindicatos denuncian que el Grupo Meliá tiene previsto cerrar varios hoteles.
Una decisión que podría afectar a unos 230 trabajadores.
Para los sindicatos la actitud de este grupo hotelero es «inaceptable» y recuerdan que durante el pasado año lograron unos beneficios de 121 millones de euros.
Al mismo tiempo se avecinan paros importantes en empresas como Seat que cerrará tres líneas de producción lo que afectará a más de la mitad de sus 13.000 trabajadores, al igual que Nissan que podría anunciar un ERTE para otros 3.000 trabajadores.
Del plan de choque del Gobierno se conocen algunas medidas ya comentadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última comparecencia.
Entre ellas, se aprobó una moratoria fiscal para que las pymes y los autónomos puedan aplazar el pago de impuestos durante seis meses.
El presidente del Gobierno explicó que esta medida supondría movilizar en torno a 14.000 millones en el sistema productivo español.
Del resto, habrá que estar muy pendiente del Consejo de Ministros de este martes. “Pymes y autónomos se verán inmersos en una crisis de liquidez de dimensiones desconocidas, por lo que, si no reacciona de manera urgente, muchas de ellas no podrán sobrevivir”, alerta el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete.
Comisión Interministerial sobre el coronavirus. Foto: EP.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.
Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.
“Todas las Administraciones Públicas deben hacer frente a sus pagos a proveedores y suministradores dentro del plazo legal de pago y cancelar -antes de final de este mes de marzo- los más de 7.300 millones pendientes de pago en periodo excedido a cierre de 2019”.
En su opinión, “esta medida, que no implica aportación de recursos extraordinarios, solo supone el cumplimiento, por parte de nuestras Administraciones Públicas, de la legislación vigente en materia de pagos”.
Otras reivindicaciones que la PMcM considera que se deben acometer urgentemente es que se anticipe la devolución del IVA a las pymes y autónomos que lo hubieran solicitado a cierre de 2019; implantar un sistema que permita la compensación de créditos fiscales, como ya vienen haciendo otros países de nuestro entorno y habilitar, por parte del Instituto de Crédito Oficial, una línea especial de crédito para pymes y autónomos que les permita hacer frente a sus pagos pendientes.
La epidemia del coronavirus ha obligado a cerrar bares y restaurantes en todo el país.
Cañete recuerda que durante la crisis de 2010, las Administraciones Públicas pagaban de media a plazos de pago superiores a los 150 días, “lo que supuso un estrangulamiento de la actividad de pymes y autónomos, que solo se solucionó con la implantación del Plan de Pago a Proveedores a partir de 2012″.
Además, «en ese periodo cientos de miles de pymes y autónomos, en un proceso en cadena, se vieron abocados al cierre, con el consecuente impacto sobre la actividad económica y el empleo”.
Cañete señala que recientemente se ha constatado que las Administraciones Públicas ya habían empeorado sus plazos de pago el año pasado, según la nueva edición del ‘Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2019′.
Del estudio se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3%) —pasando de 68 a 70—, alejándose aún más de los 30 días que establece la ley.
Autónomos y empresarios, preocupados
Por su parte las tres organizaciones de autónomos más representativas a nivel nacional, ATA, UATAE y UPTA han llegado a un acuerdo sobre las tres medidas que consideramos «extraordinarias y urgentes» a fin de evitar el impacto tanto humano como económico de la epidemia de coronavirus en los autónomos de nuestro país.
La primera medida que reclaman es la prestación por cese de actividad. Piden al Gobierno que todos los autónomos que se vean obligados al cierre de sus negocios y abandono de su actividad ya sea por las decisiones adoptadas por los diferentes ejecutivos o por la falta de actividad, así como para aquellos que deban permanecer en sus domicilios para el cuidado de hijos y/o dependientes.
En el caso de autónomo que se vean obligados a abandonar su actividad por cuidado de hijos o dependientes como consecuencia del cierre de los centros escolares y cuidado de dependientes, se propone la bonificación del 100% de la cuota de seguridad social.
Por último, respecto a aquellos autónomos contagiados o en cuarentena y, por tanto, en situación de baja asimilada a accidente de trabajo y enfermedad profesional, este colectivo demanda la bonificación del 100% de la cuota de la seguridad social desde el primer día de la baja.
Actualmente estos autónomos percibirán el 75% de su base de cotización pero se verían obligados a seguir abonando la cuota excepto cuando dicha baja se extendiese más allá de los 60 días.
Más allá de las primeras medidas adoptadas en el primer paquete aprobado, las asociaciones de autónomos reclaman que aquellos trabajadores autónomos con asalariados a su cargo que se vean obligados por las circunstancias a realizar un ERTE, se bonifiquen al 100% las cuotas de los seguros sociales de los trabajadores afectados por la medida.
Asimismo, piden estudiar la necesidad de dotar de liquidez a todos los sectores de autónomos y establecer mecanismos de flexibilidad para el pago de obligaciones vinculadas a la actividad (hipotecas, alquileres, suministros) durante el tiempo de inactividad y falta de ingresos.
Por su parte, CEOE y Cepyme, tras el anuncio de la declaración del estado de alarma, emitieron un comunicado en el que reclaman «mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos, para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo».
Una de las peticiones que hacen las asociaciones de empresarios son «medidas urgentes de índole laboral, como se recoge en el acuerdo suscrito entre empresarios y sindicatos, en especial la simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación».
También solicitan los empresarios que se aplacen y fraccionen de «manera automática y sin intereses» todos los pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el Covid-19.
A las medidas ya aprobadas, añaden entre sus peticiones la puesta en marcha de una línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito por parte de las empresas, especialmente de pymes y autónomos.
A su lista de reclamaciones, añaden que las administraciones públicas abonen de «inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban» sin agotar los plazos de la ley de morosidad.
