No puedo más que sentir cierto espanto ante la críticas que está sufriendo la Ley Trans (Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI) cuando se afirma que los niños no tienen capacidad de decidir sobre su identidad de género o su orientación sexual.
Se alzan voces críticas de un lado y otro, escandalizándose sobre cómo vamos a permitir que los niños y las niñas puedan decidir sobre algo que puede afectar al resto de sus vidas.
Pero, ¿qué pasa con los niños y su derecho a ser oídos o su derecho a tomar una decisión jurídica relevante, como herramienta político-electoral?
Por ejemplo, la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia establece que es obligatorio adoptar medidas judiciales que afectan a la vida de los niños, por ejemplo, ver o no a su padre sin que el niño sea oído o se tenga en cuenta sus deseos.
Y para ella basta que una madre diga en una denuncia que ha sido objeto de abusos o de malos tratos por parte del padre delante de su hijo.
Léanse las recientes modificaciones de los artículos 94 y 92 del Código Civil.
Si un niño es obligado por un progenitor a decir alguna cosa contra el otro progenitor en un contexto de divorcio o de «viogén» (violencia de género), estará prohibido investigar si el niño ha mentido por presión o influencia de otra persona, siempre y cuando la sospecha recaía sobre la madre.
Pero sí se podrá investigar si el niño miente, si el sospechoso es el padre.
Ahora con la ley tras, determinados colectivos feministas y no feministas critican que no se puede creer o tener en cuenta lo que quieran o deseen los niños que quieran cambiar de sexo o de identidad de género.
UNA LEY QUE VA A TRAER MUCHA COLA
La polémica suscitada por la recién aprobada Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (ley trans), sobre el derecho de los menores de 14 años o más, para poder decidir su propia identidad sexual y expresión de género va a traer mucha cola.
Se alzan voces de muchas asociaciones feministas y de partidos políticos (como el Partido Popular) en contra de esta ley trans.
Es curioso cómo en este asunto, el Partido Popular coincide con las feministas radicales del PSOE y de los demás partidos que apoyan a este gobierno en la misma crítica.
La crítica viene porque los menores podrán cambiar de género sin autorización parental desde los 16 años (14 con autorización judicial) y estos colectivos y partidos consideran que ello puede constituir una forma de maltrato infantil.
Todos los colectivos coinciden que en que «la infancia no se toca».
El Partido Popular define la ley trans como una ley que deja a niños y adolescentes en la “desprotección absoluta”
Tanto unas como otros, se rasgan las vestiduras porque no podemos dejar que los niños decidan sobre algo que les va a afectar el resto de sus vidas, tal como refiere Altamira Gonzalo (vicepresidenta de la Asociación Themis Mujeres Juristas y presidenta del Consejo Asesor de Igualdad del PSOE) cuando declara que: “De los 12 a los 16 años la ley (trans) da una capacidad de decisión para el cambio de sexo, eso ya entra en colisión con lo que conocemos de lo que es la infancia y la adolescencia y lo que dicen las sociedades científicas”.
De hecho, las feministas como la arriba mencionada y su asociación Themis han emitido informes en los que establecen y afirman rotundamente que, sin lugar a duda, hay que tener en cuenta lo que un niño dice, aunque sea menor de 12 años, pero siempre y cuando sea en un proceso de investigación sobre violencia de género o de divorcio.
EL MENOR TIENE DERECHO A SER OÍDO Y ESCUCHADO
Pero ahora, con la Ley Trans, lo que dice un niño no se debe tener en cuenta en ningún caso.
Pero en el derecho de familia hay que creer a los niños sí o sí.
Sin embargo todos estos colectivos y los partidos se olvidan de que el derecho del menor a ser «oído y escuchado» es una norma de orden público, indisponible y por tanto, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos como mantiene. (STC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5).
No escuchar a un menor en un aspecto que tenga relevancia en su vida es considerado como una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en los casos judiciales en que no habían sido oídos o explorados por el órgano judicial en la adopción de medidas que afectaban a su esfera personal. Así lo establece nuestro Tribunal Constitucional en STC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 5 y en SSTC 71/2004, de 19 de abril, FJ 7; 152/2005, de 6 de junio, FFJJ 3 y 4, y 17/2006, de 30 de enero, FJ 5.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018 (Partido Popular en el Gobierno) establece exactamente lo mismo.
El propio partido popular aprobó en 2015 una modificación de la Ley de protección jurídica del menor que establecía la necesidad de que los niños deberían ser oídos en los procesos judiciales y/o administrativos que les afecten y que habría que tener en cuenta su opinión.
Los que oponen a esta Ley Trans ahora, llegan a afirmar que es un mito que “Los niños y las niñas son poco creíbles, fantasean o, mienten” Así lo afirma María de los Ángeles Jaime de Pablo, Presidenta de Themis, en el informe financiado por el Ministerio de Igualdad que puedes ver aquí.
Esto es, que hay que creer sí o sí a los niños y niñas de este país, cuando dicen algo que han visto u oído, pero solo en contextos de violencia de género o de divorcio. Pero ahora se rasgan las vestiduras y sostienen que a los niños no hay que creerlos cuando digan que quieren cambiar de sexo.
EL MINISTERIO DE IGUALDAD DICE QUE LOS NIÑOS NO MIENTEN
El propio Ministerio de igualdad tiene publicado un informe oficial que afirma que los niños no mienten (nunca) y hay que hacerles caso cuando dicen alguna cosa en un proceso judicial contra los padres.
Por eso, no entiendo a los que ahora se oponen a que los niños decidan cambiar de sexo o de identidad sexual, cuando llevan años haciendo informes y dictámenes en el sentido contrario.
Porque, ¿cuántas sentencias y autos se dictan en los Juzgados de Familia diciendo que como el menor no quiere ver a un progenitor, no podemos obligarle a ello”?
Porque, ¿cuántos informes de servicios sociales y de Puntos de Encuentro dicen que “no puede obligar a un niño a ver a su padre o a su madre porque no pueden ir contra sus deseos»?
Pero con la Ley Trans, en donde se da todo el valor a los deseos del niño impúber, nos vamos a encontrar con una nueva realidad y es que, en los casos de custodia y visitas, la palabra o el deseo de un niño, deberá ser ley.
El juez, fiscal, padre o funcionario que se oponga a la voluntad del niño, podrá ser sancionado con multas muy elevadas. Porque, tanto el cambio de sexo como el decidir no ver a su padre o a su madre, les afectará el resto de sus vidas.
El siguiente paso de toda esta locura legislativa será que, si el niño o la niña quiere mantener relaciones sexuales con un adulto, nadie podrá llevarle la contraria, porque los deseos de los menores estarán por encima de todo lo demás.
Y quien diga que soy un exagerado puede comprobar cómo una ministra de este gobierno ha dicho en dos comparecencias oficiales que esto es así. No sólo lo dijo en España, sino que días más tarde lo repitió en Argentina.
Las palabras que dijo en España fueron: «Los niños pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana».
Y en Argentina dijo que: “Los niños tienen derecho a saber que pueden tener sexo con quien quieran”.
LA LEY TRANS HA DEROGADO TÁCITAMENTE EL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO CIVIL
Sin embargo, nos encontramos con voces que ahora dicen que los deseos de los niños no hay que tenerlos en cuenta, cuando llevamos años dándole un valor inusitado e incontestable a los deseos de los niños en los procesos de separación, divorcio o de violencia de género.
¿En qué quedamos?
Creo que en todo esto hay una cierta hipocresía política, ideológica y social.
La barbaridad jurídica de aceptar desde hace años, que lo que dice un niño en un procedimiento de custodia es incuestionable, pero ahora quienes defienden esto, se oponen a que los niños puedan decidir su identidad o su sexo.
Si siembras tormentas legislativas, recogerás tempestades legales.
Partidos que han votado la LO 8/2021, la cual afirma que los niños, en ningún caso, pueden ser manipulados y que los tribunales rechazarán cualquier objeción de los padres y de las madres de que su hijo haya podido ser manipulado, ahora se rasgan las vestiduras por la Ley Trans.
Al final la ley Trans ha derogado tácitamente el artículo 155 del Código Civil.
La verdad jurídica se interpreta de una forma o de la contraria según interese al hipócrita relato político.
La ciencia se esconderá en un cajón e imperará a sus anchas una ideología que nos devuelve a una sociedad medieval de los nuevos señores feudales que establecen qué es verdad y que no lo es.
Los ciudadanos estamos volviendo a ser súbditos del poder absoluto de las castas políticas establecidas a través de sus nuevos señoríos: los partidos políticos.
Tanto es así que ya ni siquiera tendremos libertad de expresión como bien apunta Borja Adsuara en un artículo publicado en el diario la información que titula “Con la ‘Ley Trans’ Irene Montero te puede multar con hasta 100.000 euros”
Por ello, creo que con la Ley Trans no sólo está en peligro la salud mental de nuestra infancia, sino que nuestra libertad está en peligro.
Y con ella, el resto de nuestros derechos.
