El Consejo General del Poder Judicial ha movido ficha hoy. Su Pleno ha designado a Francisco Segura Sancho, de 62 años, con 35 años y tres meses de antigüedad en la carrera judicial –número 834 en el escalafón judicial– como nuevo director de la Escuela Judicial, el centro neurálgico donde se forjan los jueces del futuro.
La decisión, adoptada por unanimidad, sitúa al frente de esta institución estratégica a un magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Segura Sancho, que ingresó en la carrera judicial en 1990, llega al cargo tras un recorrido que lo ha llevado desde los juzgados unipersonales hasta las salas más complejas del sistema.
Un perfil técnico para tiempos complejos
El nuevo director de la Escuela Judicial no es precisamente un novato. Durante una década ejerció en órganos unipersonales antes de dar el salto a la Audiencia Provincial de Lleida, donde permaneció hasta 2020 y llegó a presidir una de sus secciones.
Su paso posterior por la Sala de apelación penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (2020-2024) completó una formación que ahora había culminado en la Audiencia Nacional.
Pero hay más. Segura Sancho combina la práctica judicial con una sólida experiencia docente, tanto universitaria como en la propia Escuela Judicial que ahora dirigirá.
Su participación en la Red Judicial Europea hasta 2005 y su experiencia en juntas electorales completan un perfil que el CGPJ considera idóneo para los retos actuales.
Fin al periodo de interinidad de la Escuela Judicial
Desde el 8 de julio de 2018 la Escuela Judicial no ha tenido una persona en su dirección nombrada por el Pleno del CGPJ, como es preceptivo. La institución formadora de jueces ha vivido en una prolongada interinidad marcada por vacíos legales, tensiones internas en el Consejo General del Poder Judicial y una creciente pugna entre bloques ideológicos.
La última directora titular fue Gema Espinosa –hoy vocal del CGPJ–, quien dejó el cargo en julio de 2018 para reincorporarse a la judicatura y postularse como miembro del órgano de gobierno de los jueces.
En su lugar, la Comisión Permanente del Consejo —y no el Pleno, como exige el procedimiento ordinario— designó como director en funciones a Jorge Jiménez Martín, jefe de estudios de la Escuela, quien ejerció el cargo de manera provisional durante casi seis años, un periodo excepcional que acabó convertido en norma ante la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nuevos nombramientos discrecionales tras la reforma de 2021.
Durante ese tiempo, Jiménez Martín ejerció sin el respaldo pleno del órgano colegiado. Su situación se volvió insostenible en marzo de 2024, cuando varios vocales —especialmente del bloque conservador— cuestionaron su continuidad por haber superado el límite legal de 10 años como letrado del CGPJ.
Bajo presión interna y con la amenaza de un cese forzado, presentó su dimisión el 20 de marzo de 2024, dejando a la Escuela descabezada.
El 11 de abril de 2024 la Comisión Permanente nombró a María Jesús Millán de las Heras, como directora en funciones, que ahora da paso al nuevo director de la Escuela.
Dos fichas más en el tablero institucional
La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha propuesto otros dos nombres que el Pleno ha respaldado sin fisuras. Rafael Villafáñez Gallego dirigirá el Gabinete Técnico, el órgano que asesora jurídicamente al Consejo en sus decisiones más delicadas.
Villafáñez no es una cara nueva en los tribunales superiores. Con 19 años de carrera —ingresó en 2005 como número uno de su promoción— ha desarrollado toda su trayectoria en órganos colegiados, especializándose en lo contencioso-administrativo.
Su paso por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (2009-2015) antes de recalar en Madrid le ha proporcionado una visión amplia del funcionamiento judicial territorial.
La tercera designación recae en Paloma Santiago Antuña, que asumirá la dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos.
Un área que ha cobrado especial relevancia tras las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que asignan al CGPJ competencias específicas como autoridad de control en tratamiento de datos con fines jurisdiccionales.
Más que nombres: una arquitectura del poder
Santiago Antuña, magistrada desde 2002 y especialista en contencioso-administrativo desde 2011, aporta una experiencia internacional poco común.
Su paso como letrada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su actual puesto en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo la convierten en una pieza clave para un área en constante evolución normativa.
Estas designaciones trascienden lo meramente organizativo. La Escuela Judicial, según establece la LOPJ, no solo selecciona y forma a los futuros jueces, sino que coordina tanto la formación inicial como la continua de quienes ya ejercen.
En sus aulas se decide, en buena medida, el futuro del sistema judicial español.
El Gabinete Técnico, por su parte, es el cerebro jurídico del CGPJ. Sus informes orientan las decisiones del órgano de gobierno de los jueces en materias que van desde la carrera judicial hasta la organización territorial de la justicia.
La LOPJ exige para dirigirlo al menos quince años de ejercicio profesional, requisito que Villafáñez supera con creces.
La nueva arquitectura técnica del CGPJ queda así configurada con perfiles que combinan experiencia judicial, formación académica y, en casos como el de Santiago Antuña, proyección internacional. Un equilibrio que Isabel Perelló considera necesario para afrontar los desafíos de una justicia cada vez más compleja y tecnificada.
El tablero está servido. Solo queda ver cómo estas nuevas piezas mueven el juego del poder judicial español.
