El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado hoy a Andrés Martínez Arrieta –número 1 del escalafón– y a Pablo Lucas Murillo de la Cueva, –número 3– presidentes de la Sala de lo Penal y de lo Contencioso-Administrativo, respectivamente.
Martínez Arrieta ha obtenido 15 votos de los 21 de que está compuesto el Pleno. Lucas Murillo de la Cueva ha conseguido 16 votos. Son preceptivos un mínimo de 13 votos, que en ambos casos, se ha conseguido con creces. En esta ocasión no ha habido la unanimidad que ha regido todas las anteriores votaciones.
Un empate que bloqueaba el corazón del Poder Judicial
Hasta ahora la fotografía era demoledora: diez votos contra diez, con la presidenta Isabel Perelló absteniéndose. El bloque progresista apoyaba a Ana Ferrer para lo Penal y a Pilar Teso para la de lo Contencioso-Administrativo; el conservador defendía a Martínez Arrieta y Lucas Murillo de la Cueva –encuadrado en el sector progresista, como Ferrer y Teso–. Resultado: punto muerto desde mayo.
No se trataba de cualquier nombramiento. La Sala de lo Penal juzga a ministros, diputados y senadores —como José Luis Ábalos—, además de al fiscal general del Estado –Álvaro García Ortiz–.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo controla la legalidad de las decisiones del Gobierno a través de los recursos que se plantean contra sus actos.
En definitiva: las dos salas que más incomodan al poder político permanecían descabezadas, con presidentes en funciones.
La solución: el sacrificio de las candidatas
El pasado jueves, Ferrer y Teso movieron las piezas del tablero. En sendas cartas a Perelló, ambas magistradas anunciaron su renuncia para «evitar que la situación de interinidad se cronifique».
«Ante la incapacidad de ese Consejo para aunar los consensos necesarios», escribió Ferrer, «el mismo interés de servicio público que me animó a presentarme me anima ahora a renunciar».
Teso fue en la misma dirección: alertó sobre «las nulas perspectivas de acuerdo» y el riesgo de que la situación «erosione la función institucional».
Ambas pusieron el dedo en la llaga: la confianza ciudadana se resquebraja «ante la apariencia de que los vetos ideológicos prevalecen sobre los criterios de mérito».
Los argumentos enfrentados
El sector progresista había defendido que Ferrer y Teso presentaban los mejores programas de gobierno y podían completar los cinco años de mandato —renovables otros cinco—.
Dos detalles no menores: Martínez Arrieta debe jubilarse el 13 de abril de 2027, cuando cumpla 72 años. Y Lucas Murillo de la Cueva el 13 de julio de 2026, es decir, dentro de 11 meses y 20 días a contar a partir de hoy.
Los conservadores hicieron hincapié en la experiencia de tanto Martínez Arrieta como de Lucas Murillo de la Cueva.
Ambos vienen ocupando la responsabilidad de presidentes en funciones. Martínez Arrieta desde el 5 de diciembre pasado, cuando el anterior presidente, Manuel Marchena, cumplió su segundo mandato. Lucas Murillo de la Cueva asumió esa responsabilidad el 31 de diciembre de 2022, cuando César Tolosa fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional.
Los dos magistrados reúnen también otra característica. Son los magistrados del Centro Nacional del Inteligencia (CNI) –Lucas Murillo de la Cueva es el titular y Martínez Arrieta es el suplente–.
Son los responsables del control judicial previo de las actividades del CNI. Autorizan o deniegan las operaciones del serviciioa secreto español que afecten a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones, ambos protegidos por los artículos 18.2 y 18.3 de la Constitución española.
El precedente de febrero
Esta operación de desbloqueo no es nueva. En febrero, el CGPJ ya separó los nombramientos de las otras dos salas: colocó al conservador Ignacio Sancho Gargallo —candidato único— en la Presidencia de la Sala de lo Civil y a la progresista Concepción Ureste en la Presidencia de la Sala de lo Social, descartando al conservador Juan Molins.
La fórmula funcionó entonces. Y volverá a funcionar ahora
