Los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid se proclamaron vencedores de la I Edición del Moot Court de Derecho Penal Económico y de la Empresa, celebrada los días 23 y 24 de este mes en Madrid.
El equipo complutense se impuso en una final muy reñida a los estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra ante un tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Un «moot court» es una competición académica de simulación judicial en la que equipos universitarios defienden posiciones de acusación y defensa sobre un caso práctico ante un tribunal formado por juristas en activo.
No se trata de memorizar, sino de demostrar dominio de la dogmática, creatividad argumentativa, capacidad de respuesta a las objeciones del contrario y habilidades de oratoria.
En esta edición, el caso giraba en torno a problemas jurídicos de derecho penal económico: delito fiscal, dolo, error, autoría y participación, blanqueo de capitales y delito continuado.
La competición, organizada por la Cátedra Extraordinaria de la Abogacía UCM-ICAM y la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, arrancó con una fase de admisión en la que se seleccionaron catorce equipos.
Tras una fase escrita de alegaciones, quedaron ocho para la fase oral: Complutense, Vigo, San Pablo CEU, Alicante, Pompeu Fabra, Rey Juan Carlos, Carlos III y Autónoma de Madrid.
Hace unos días algunos de los integrantes del Seminario Internacional de Filosofía Jurídica, Derecho Penal y Derecho Penal Comparado, del Instituto Universitario Ortega-Marañón, pudimos publicar un libro sobre «Poder Judicial. Acceso a la Carrera Judicial (Estudios de Derecho Comparado)», editorial Dykinson, Madrid, 2026, en el que el director de dicho Seminario, Enrique Bacigalupo, en la presentación del libro, recordaba cómo el viejo procedimiento basado en la “capacidad memorística” que rige aún en las oposiciones a la carrera judicial, responde a una concepción del orden jurídico, ya superada, que no autorizaba a los jueces la interpretación de la ley.
Dicho método, pues, en ese contexto histórico, era comprensible.
No es de extrañar que, desde esa perspectiva, Montesquieu dijera que “los jueces de la nación no son sino las bocas que pronuncian las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni su fuerza ni su rigor” (De L’Esprit des Lois), y que Beccaria dijera también que “nada es más peligroso que el axioma común que indica que es necesario consultar el espíritu de la ley… El espíritu de la ley sería una buena o mala lógica de un juez, de una digestión fácil o malsana, dependería de la violencia de sus pasiones…, de las relaciones del juez con el ofendido, …” (Dei delitti e delle pene).
En dicho contexto histórico, pues, al juez le estaba prohibido interpretar.
Un modelo superado
Pero hace ya tiempo que dicho modelo de aplicación de la ley ha sido superado, siendo imprescindible la ayuda de las teorías jurídicas, que son las que permiten una aplicación racional de la ley, siempre con los límites, no siempre fáciles de concretar, exigidos por el principio de legalidad y la seguridad jurídica.
Como reiteradamente lo ha expresado Enrique Bacigalupo, «nada es más práctico, en el ejercicio de las profesiones jurídicas, que una sólida dogmática».
En sentido similar, su maestro, Luis Jiménez de Asúa, había dicho que «una teoría que no sirva para la práctica no es teoría, y una práctica sin teoría es mera rutina».
En definitiva, una buena formación no puede reducirse a memorizar unos temas, aunque no cabe duda que la memorística ayuda mucho, no se puede negar.
Pero un buen aprendizaje teórico, una buena ejercitación práctica, con un buen manejo de los conceptos, de las técnicas de subsunción y argumentación en la resolución de los casos penales, es lo que realmente puede garantizar mejor el éxito en el ejercicio de la profesión jurídica por la que se opte, entre ellas, naturalmente, la de juez.
Y es aquí donde radica el gran acierto de esta iniciativa puesta en marcha por el director de la Cátedra Extraordinaria de la Abogacía UCM-ICAM, Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, uno de los catedráticos de Derecho penal más prestigiosos de la actualidad, que compagina la labor docente e investigadora con el ejercicio de la abogacía, actividades que se complementan extraordinariamente.
Acierto porque, partiendo de un caso práctico de cierta complejidad, en el que se planteaban problemas jurídicos relacionados con el delito fiscal, el dolo, el error, la autoría y participación, el actuar en nombre de otro, el delito continuado, blanqueo de capitales, etc., se celebraron unos simulacros de vistas, en las que unos equipos de las Universidades seleccionadas, presentaron alegaciones en su posición de acusación, mientras que otros lo hicieron en la de defensa.
Ello permitió que pudieran evaluarse por los diferentes tribunales articulados al respecto, aspectos que son los que verdaderamente reflejan una buena preparación jurídica, no la mera memorística, tales como el conocimiento de la dogmática, incluida la jurisprudencia, el ingenio y capacidad de respuesta a las objeciones que se hicieron de contrario, creatividad argumentativa, claridad y estructura de los argumentos esgrimidos, habilidades de alegato y oratoria, etc.
La verdad es que todos los estudiantes que intervinieron por las diferentes Universidades seleccionadas para la fase oral dejaron el listón muy alto, aunque finalmente se alzaron con el triunfo los integrantes de la Universidad Complutense, en una última fase en la que aquellos se enfrentaron con los estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra.
Una final muy reñida, con un tribunal presidido por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta, destacado jurista y número uno de la carrera judicial, y compuesto por María Ángeles Villegas y Miguel Ángel Encinar, ambos excelentes juristas, además de Adriana de Buerba Pando, socia del Área de Derecho penal económico e investigaciones internas de Pérez-Llorca y Berta Aguinaga Barrilero, socia del Área de Derecho penal y cumplimiento de Ontier.
También asistió Manuel Crespo, director de Cumplimiento de Telefónica.
Una actividad la llevada a cabo desde esa cátedra extraordinaria de la Abogacía UCM-ICAM, dirigida por su director, Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, con la colaboración, apoyo y patrocinio, de las instituciones y despachos profesionales antes mencionados, aunque con participación también de otros despachos, como Simmons & Simmons, Cuatrecasas, CMS Albiñana & Suárez de Lezo y Baker McKenzie, con una organización excelente y muy aplaudida por todos cuantos pudimos participar en la misma, en la que se ha podido comprobar la muy buena preparación de los estudiantes de las Universidades participantes, por lo que sería una buena noticia que fuera seguida de nuevas ediciones los próximos años, dado el indudable éxito que la de este año ha tenido.
