Hay frases que se dicen para el acta y frases que se dicen para que se oigan fuera de la sala. La que Isabel Perelló pronunció hoy en Ávila pertenece, sin duda, a la segunda categoría.
«No se pueden contraponer votos a control judicial y Estado de Derecho», afirmó la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Y por si quedaba alguna duda sobre el destinatario del mensaje, lo desarrolló sin rodeos: «La democracia no consiste solamente en votar, ni los votos recibidos legitiman cualquier actuación de los representantes elegidos por los ciudadanos, que también están sometidos a la ley y al Derecho».
Quien conozca el clima político-judicial de estos meses sabrá leer entre líneas sin necesidad de subtítulos. Pero Perelló, hábil, no nombró a nadie.
No hizo falta.
El escenario era el acto de clausura de las XXIV Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales, un foro de los que rara vez generan titulares pero que esta vez los generará.
Porque la presidenta del Supremo no fue allí a despachar un discurso de cortesía institucional.
Fue a trazar una raya.
Son los jueces, sostuvo, «quienes hacen que el Estado de Derecho sea una realidad, que el ejercicio del poder democrático esté sujeto a la ley y el Derecho y que la sociedad avance y sea más justa e igualitaria».
Su tesis, formulada con la precisión de quien escoge cada palabra, descansa sobre una idea sencilla y a la vez incómoda para ciertos oídos: la legitimidad de las urnas no es un cheque en blanco.
«La democracia se cumple también —dijo— cuando cualquier persona, cualquiera que sea su condición, encuentra un juez independiente que resuelva con arreglo a la ley».
Cualquiera que sea su condición. La coletilla no es decorativa. Es el corazón del argumento: ante el juez, el poderoso y el anónimo pesan lo mismo.
A partir de ahí, Perelló construyó una defensa cerrada de la figura del juez como pilar del Estado de Derecho.
Son los jueces, sostuvo, «quienes hacen que el Estado de Derecho sea una realidad, que el ejercicio del poder democrático esté sujeto a la ley y el Derecho y que la sociedad avance y sea más justa e igualitaria». Y precisamente por ese papel, añadió, «deben ser protegidos de presiones o injerencias externas o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio».
Veladas o no tan veladas. Reténgase la expresión, porque ahí está el pulso de todo el discurso.
La independencia judicial —insistió— es «uno de los valores que garantizan que la separación de poderes y, por ende, el Estado de Derecho, sean una realidad».
Los jueces, dijo, ejercen su función «con plena autonomía de criterio», aplicando la ley «sin ninguna otra finalidad».
Y entonces llegó la advertencia, la frase que cualquier lector atento subrayará: «Todo intento de injerencia en la independencia judicial —proceda de donde proceda— supone una amenaza para el Estado de Derecho».
Proceda de donde proceda. La fórmula es deliberadamente equidistante en la superficie y deliberadamente inequívoca en el fondo.
Perelló no señala con el dedo a ningún poder concreto, pero recuerda que el respeto a la independencia es responsabilidad de todos: de la carrera judicial, del propio CGPJ «pero también del resto de los poderes públicos». Esa última coletilla, otra vez, no sobra. Está puesta donde está puesta por algo.
Una advertencia: «Todo intento de injerencia en la independencia judicial —proceda de donde proceda— supone una amenaza para el Estado de Derecho».
El momento más fino del discurso, sin embargo, no fue una proclama sino una distinción. Una de esas precisiones que separan al jurista del activista. Perelló reconoció —faltaría más— que toda resolución judicial puede y debe ser debatida y criticada.
La crítica al fallo es sana, es democrática, es parte del juego.
Pero acto seguido marcó el límite: «Hay un salto cualitativo cuando esa crítica va dirigida a cuestionar la honestidad profesional del juez. Esto es lo que no resulta admisible».
Ahí está la línea roja, nítida. Discrepar de lo que un juez decide, todo. Insinuar que un juez es deshonesto, nada.
Y para reforzar el argumento, la presidenta recordó algo que conviene no olvidar cuando arrecian las descalificaciones: el sistema ya tiene sus propios mecanismos de corrección.
Si una resolución contiene errores, se revisa. Por otros jueces. Por las vías que la ley prevé. No hace falta poner en duda la integridad de nadie para corregir un error: para eso están los recursos.
Lo que Perelló lamentó, en cambio, es que hoy se produzcan «graves críticas y descalificaciones a las instituciones garantes del Estado de Derecho».
Y aquí el tono se hizo casi de respaldo personal a la tropa. «Quiero reiterar mi absoluto respaldo a los grandes profesionales con los que contamos en la Carrera Judicial», afirmó, con un apoyo especial «a los que se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada ni de un Estado de Derecho».
Presiones que, subrayó, no respetan «el principio de lealtad institucional, que es un deber implícito en la Constitución».
Hubo, además, un guiño que merece atención: la presidenta recordó que los jueces españoles «también somos jueces europeos».
No es un adorno retórico. Es un recordatorio de que el marco de protección de derechos no termina en el Tribunal Constitucional, sino que se extiende al Convenio Europeo de Derechos Humanos y al control que de él hace Estrasburgo.
Quien hable de la justicia española, viene a decir, habla también de un engranaje europeo.
Cerró Perelló como había empezado: sin estridencias y con firmeza. «Frente a esta situación, debemos reforzar y profundizar los principios que sustentan nuestro trabajo y continuar con nuestra función de garantes de los valores de la Constitución Española. Con independencia, neutralidad e imparcialidad».
Tres palabras para terminar. Las mismas, por cierto, que tantas veces se invocan y tan distinto significan según quién las pronuncie y desde dónde. En boca de la primera mujer que preside el Tribunal Supremo y el Consejo, en un momento en que la temperatura entre poderes no baja, sonaron menos a fórmula de clausura y más a toma de posición.
El acta recogerá un discurso institucional. Lo que de verdad quedó en Ávila fue algo más parecido a una advertencia.
