La Generalitat de Cataluña y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) formalizaron ayer un acuerdo histórico: la cesión indefinida y gratuita de la Escuela Judicial al órgano de gobierno de los jueces. Es decir, para siempre. Con una condición: que el uso de los edificios de Vallvidriera, en la montaña de Montjuic, sean siempre para uso formativo de los jueces.
El convenio, firmado por el presidente del gobierno autonómico catalán, Salvador Illa, y la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en las propias instalaciones de la Escuela Judicial, sustituye al acuerdo de 1997 que suscribieron el entonces presidente catalán, Jordi Pujol, y el presidente del poder judicial de ese momento, Javier Delgado Barrio, en el que se estableció una cesión temporal de 30 años.
Esta decisión consolida tres décadas de formación de magistrados en suelo catalán y marca un precedente en las relaciones entre el poder autonómico y el judicial.
Los números avalan la continuidad
La estadística respalda la operación: 28 promociones y casi 4.000 alumnos han pasado por estas aulas desde su apertura, con una mayoría femenina que refleja la evolución demográfica de la carrera judicial.
“Este protocolo resulta de una importancia estratégica para la formación de los jueces de nuestro país”, dijo Perelló durante su intervención en el acto, para agradecer a continuación la “altura de miras” de la Generalitat catalana “al permitir que los futuros integrantes de uno de los poderes del Estado, los jueces, puedan continuar completando en Barcelona su formación para acceder a la Carrera Judicial”.
La presidenta del órgano de gobierno de los jueces subrayó lo que considera una evidencia: “La Escuela es, si me permiten decirlo, un emblema de la magnífica
formación que reciben nuestros jueces. Es el lugar en el que adquieren las habilidades y destrezas necesarias para desempeñarse como miembros del Poder más independiente del Estado de Derecho: el Poder Judicial. Y que esta fase formativa se realice en Cataluña tiene un enorme significado para nosotros. Y especialmente para los futuros jueces y juezas que, de esta manera, aprenden a conocer y a valorar esta estimada tierra y a apreciar a sus ciudadanos, a los que tanto agradecemos siempre su magnífica acogida”, añadió.
En su intervención, Illa enmarcó la decisión de cesión en su concepto de «Estado compuesto», destacando la aportación catalana a la formación judicial nacional. «Es importante que los diferentes servicios públicos no tengan miedo a reformarse para adaptarse y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía», ha señalado, en una declaración que trasciende el acto protocolario.
El presidente catalán hizo especial énfasis al «respeto al poder judicial» como principio rector de la operación, argumentando que una instalación de estas características resulta «necesaria» para garantizar la calidad formativa.
El convenio incluye una cláusula práctica relevante: durante las obras de rehabilitación previstas entre julio de 2026 y diciembre de 2027, la actividad docente se trasladará temporalmente a la Ciudad de la Justicia, garantizando la continuidad sin interrupciones.
La presencia en el acto del alcalde Jaume Collboni y del consejero de Justicia y Calidad Democrática de la Generalidad de Cataluña, Ramon Espadaler, junto a diversos vocales del CGPJ y la directora en funciones Clara Carulla, subrayó el carácter institucional de un acuerdo que, según Perelló, tiene un «enorme significado» y contribuye a que los futuros magistrados «conozcan y valoren esta estimada tierra».
