La arquitectura judicial española tiene un problema que nadie quiere nombrar en voz alta: la reforma más ambiciosa de la planta de juzgados en décadas avanza a ritmo de legislatura, pero el consenso que debería sustentarla camina a ritmo de expediente.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo sabe. Y este miércoles tomó nota de ello.
El Grupo de Trabajo para la implantación de los Tribunales de Instancia constituido en el CGPJ a instancia de su presidenta se reunió ayer con tres organismos que no viven la justicia desde los despachos del poder, sino desde la trinchera diaria: el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el Consejo General de Procuradores de España y el Consejo General de Graduados Sociales de España.
Tres instituciones. Un diagnóstico común: inquietud.
No fue un encuentro protocolario. O, más bien, empezó siéndolo y dejó de serlo pronto. Bajo el envoltorio institucional de la «colaboración», los participantes abordaron cuestiones que llevan meses sin respuesta clara: cómo se distribuirán las competencias entre los nuevos Tribunales de Instancia, cómo se articularán con las Administraciones prestacionales, y qué papel exacto jugará el propio CGPJ en un sistema que promete simplificar pero que, sobre el papel, amenaza con tensar estructuras que ya crujen.
Isabel Perelló, la máxima autoridad del CGPJ y del Tribunal Supremo, presidió el encuentro. Junto a ella, cinco vocales, lo que denota la importancia que Perelló le dio a esta reunión: Alejandro Abascal, José Eduardo Martínez Mediavilla, José María Fernández Seijo, Lucía Avilés, Esther Rojo, Carlos Hugo Preciado y el secretario general de la institución, Miguel Hernández Serna.
Al otro lado de la mesa, los que firman los escritos, presentan los recursos y defienden al ciudadano ante el sistema: el presidente de la Abogacía Española, Salvador González Martín, acompañado de Federico Fernández, decano de Jerez y adjunto a la Presidencia, de Ángel Cervantes, decano del Colegio de Abogados de Toledo, y Borja Vargués, secretario general técnico del CGAE; el de los procuradores, Alberto García Barrenechea; y el vicepresidente primero de los graduados sociales, Juan Fernández Henares.
El mensaje que emerge de ese encuentro tiene la nitidez de lo que no se dice. La reforma de los Tribunales de Instancia —pieza central de la Ley Orgánica 1/2025— está en marcha.
Nadie la cuestiona formalmente. Pero entre la voluntad política de transformar la planta judicial y la realidad operativa de implantarla, hay un trecho que los profesionales del sector conocen bien: el de las implementaciones que llegan sin infraestructura, sin formación y sin respuestas a las preguntas más elementales.
El consenso —ese bien escaso en la arquitectura judicial— todavía está en construcción. Y el calendario no espera.
