José Luis Calama Teixeira no suele buscar los focos, pero hoy los focos han ido a buscarle a él.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha dado un paso de enorme alcance político y judicial al citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. La primera vez que esto sucede en democracia.
Una decisión que coloca a este juez salmantino, discreto y metódico, en el centro de una de las causas más sensibles del momento.
No es la primera vez que su juzgado se asoma a territorios de alto voltaje: por su mesa han pasado macrofraudes, ciberataques, espionaje con Pegasus, criptomonedas, Banco Popular y procedimientos con derivadas políticas.
Pero la imputación de un expresidente del Gobierno eleva su perfil a otra dimensión.
«Es un juez muy valiente. Es eficaz, es efectivo y es eficiente. Sus instrucciones son muy ágiles y rápidas», explica un abogado que lo conoce bien. «Como instructor es discreto, exhaustivo y prudente, más reconocible por sus autos que por sus apariciones públicas.
Salmantino. Mañana, 20 de mayo, cumplirá 67 años, ingresó en la carrera judicial en 1988. Antes había sido abogado fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz, situación de la que pasó a excedencia voluntaria en 1989 al pasarse a la carrera judicial.
Su recorrido profesional lo llevó por Valladolid y Madrid antes de desembarcar, en 2018, en la Audiencia Nacional procedente del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
Desde entonces, su nombre ha quedado asociado a algunas de las investigaciones más complejas de los últimos años.
En el caso Banco Popular abrió juicio oral contra el expresidente Ángel Ron, varios directivos de la entidad y PwC por presunta falsedad contable y estafa a inversores en la ampliación de capital de 2016.
También ha instruido grandes causas vinculadas a criptomonedas, como Arbistar, con miles de afectados, y Madeira Invest Club, otro procedimiento de gran volumen económico.
La tecnología ha sido otro de los terrenos en los que Calama ha ganado protagonismo.
Asumió la causa Pegasus por la infección de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
También instruyó el ciberataque al Punto Neutro Judicial, una investigación centrada en el acceso irregular a datos de cientos de miles de contribuyentes.
A ese bloque se suma la investigación abierta tras el gran apagón eléctrico que afectó a la Península el 28 de abril de 2025.
Calama abrió diligencias para determinar si detrás del cero eléctrico podía haber un sabotaje terrorista o un ataque informático contra infraestructuras críticas.
Tras recabar informes del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, INCIBE, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y la Comisaría General de Información, archivó provisionalmente la causa al no apreciar “un mínimo indicio” de sabotaje terrorista ni de ciberataque.
Para el magistrado, lo ocurrido debía quedar fuera de la vía penal y encauzarse, en su caso, por vías administrativas o civiles.
Causas con tintes políticos
No es nuevo en causas con tintes políticos. En 2017, cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, archivó la causa contra el marido de Manuela Carmena, entonces alcaldesa de la capital, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
Ya en la Audiencia Nacional, en 2024, elevó exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigara al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez –líder de la formación Se Acabó la Fiesta– por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de partidos políticos, al apreciar indicios de que habría recibido 100.000 euros en metálico del empresario Álvaro Romillo, alias «Cryptospain» –en prisión preventiva– por el caso Madeira Invest Club.
Los 100.000 euros habían sido, al parecer, para sufragar la campaña al europarlamento de Alvise Pérez.
Ahora, el caso Plus Ultra lo sitúa ante una investigación de enorme carga institucional. La causa gira en torno al rescate público concedido a la aerolínea durante la pandemia y a los presuntos movimientos económicos derivados de esa operación.
La citación de Zapatero como investigado convierte el procedimiento en una causa de máxima sensibilidad política, no solo por la condición de expresidente del Gobierno, sino por las posibles derivadas sobre tráfico de influencias, blanqueo y estructuras societarias bajo sospecha.
Calama no es un magistrado de frases grandilocuentes ni de presencia mediática. Su perfil público se ha construido a partir de resoluciones, decisiones procesales y causas de enorme complejidad.
Esa discreción, sin embargo, contrasta con la dimensión de los asuntos que han recaído en sus manos. Hoy, con la investigación a Zapatero, su nombre vuelve a quedar en primer plano.
Calama no es un juez de titulares fáciles, pero sus autos sí los provocan. Y la decisión de poner bajo investigación a un expresidente del Gobierno sitúa a este instructor veterano, reservado y curtido en expedientes difíciles ante una causa que no solo marcará la agenda judicial y política de los próximos días, sino que puede convertirse en uno de los procedimientos más delicados de esta legislatura.
