El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) celebró ayer, en el Palacio de Cibeles un acto que reunió a cerca de un millar de personas para rendir homenaje a más de 400 profesionales con 25, 50 y 60 años de colegiación.
La ceremonia, presidida por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, tuvo como colofón la entrega de las Medallas de Honor del Colegio a tres figuras de referencia en el mundo jurídico e institucional: Jesús María Sánchez, decano emérito del Colegio de Barcelona; Yolanda Ibarrola, presidenta de la Comisión de Justicia del Senado; y Manuel Pizarro, cuya trayectoria abarca desde la administración pública hasta la empresa y la academia.
El evento puso de manifiesto el peso específico de la abogacía madrileña en el conjunto del sistema judicial español. Con cerca de 76.000 colegiados, el ICAM es la corporación de abogados más importante de Europa por número de integrantes, una cifra que refleja tanto la dimensión de Madrid como capital del Estado como su centralidad en el tejido económico y jurídico del país.












Martínez-Almeida inauguró la jornada con un discurso que combinó la reivindicación histórica de la profesión con el reconocimiento a los homenajeados. El alcalde recordó que el Colegio de Madrid hunde sus raíces en 1596, cuando 93 letrados fundaron la corporación bajo tres principios que, 429 años después, siguen plenamente vigentes: servicio y lealtad al cliente y a la justicia, defensa de los más vulnerables —mediante el entonces denominado «turno de rueda»— y apoyo mutuo entre compañeros y sus familias.
«Estos principios son la columna vertebral del ejercicio del Derecho y de la capacidad de servir a la sociedad desde la defensa de la justicia», afirmó el regidor madrileño, subrayando que los profesionales homenajeados contribuyen con su trabajo «a la vertebración del Estado de derecho». El alcalde dedicó palabras específicas a cada uno de los tres medallistas, anticipando los reconocimientos que se desarrollarían a lo largo de la tarde.

Jesús Sánchez: el decano barcelonés que nunca buscó protagonismo
La primera medalla fue para Jesús M. Sánchez García, decano emérito del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), una figura que el decano del ICAM, Eugenio Ribón, definió como «referente humano y jurídico» al pronunciar la laudatio. Dicho reconocimiento destacó una trayectoria de más de cuatro décadas marcada por la integridad, la independencia, la vocación de servicio y la lealtad institucional.
Ribón recordó el papel esencial que Sánchez desempeñó en momentos delicados para la profesión, defendiendo con serenidad pero con firmeza el Estado de derecho y la unidad del sistema jurídico español.
Su etapa como secretario del ICAB coincidió con años especialmente complejos para la abogacía catalana, en los que supo mantener el equilibrio entre la defensa de los intereses corporativos y el respeto a las instituciones comunes.

Más allá de su gestión colegial, Sánchez ha sido una pieza clave en el impulso de iniciativas de formación jurídica y divulgación del conocimiento. Su papel en la creación de FAMILEX —una plataforma especializada en Derecho de familia— y en el desarrollo del proyecto I+Dret refleja el ejercicio de una abogacía comprometida con el saber compartido, la construcción de comunidad jurídica y el fortalecimiento de las instituciones desde la pedagogía.
«Nunca buscó protagonismo, pero siempre asumió el deber de servir», afirmó Ribón, quien también puso en valor la generosidad institucional de Sánchez, su firme compromiso con la cohesión colegial y su liderazgo basado en el ejemplo.
El decano madrileño destacó especialmente su capacidad para renunciar conscientemente al poder cuando correspondía dar espacio a otros, un rasgo poco frecuente en las estructuras de poder corporativo.
La relación entre los colegios de Madrid y Barcelona, históricamente las dos corporaciones de mayor peso en España, fue otro de los elementos subrayados por Ribón.
El reconocimiento a Sánchez simboliza también la estrecha colaboración entre ambas instituciones en la defensa de los intereses comunes de la abogacía española.
Manuel Pizarro: sin palabra no hay Derecho
La segunda distinción recayó en Manuel Pizarro, cuya carrera constituye un ejemplo poco habitual de versatilidad profesional sin pérdida de coherencia intelectual. Su trayectoria abarca la Administración pública, la empresa, la política y la academia, pero el secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ignacio Monedero, subrayó en la laudatio que todo ese recorrido ha mantenido un hilo conductor inquebrantable: «la vocación de servir, el amor a la justicia y la fe inquebrantable en la palabra».
«Porque sin la palabra no hay Derecho, ni memoria, ni transmisión del saber. Sin la palabra no hay promesa, y sin promesa no hay concordia, ni pacto, ni justicia posible», afirmó Monedero en uno de los momentos más emotivos del acto.
El secretario del ICAM desarrolló esta idea central explicando que Pizarro ha entendido siempre el lenguaje no como mero instrumento técnico, sino como fundamento mismo del orden jurídico y social.

El ICAM reconoce así una carrera guiada por la ética y por entender el Derecho no como simple técnica normativa, sino como responsabilidad con el bien común. Monedero desgranó los distintos ámbitos en los que Pizarro ha dejado huella: «En la Administración Pública encarnó el sentido del deber. En la política, el del diálogo y la altura de miras. En el mundo empresarial y financiero, demostró que la prudencia es la forma más sabia de audacia. Y en la Academia de Jurisprudencia y Legislación hizo de la ciencia del Derecho un altar».
De su amplia trayectoria profesional emana la certeza de que el Derecho, «cuando se ejerce con honestidad, se convierte en un acto de servicio al bien común», apuntó el secretario del ICAM.
Martínez-Almeida, en su intervención inicial, había definido a Pizarro como un «hombre renacentista» que ha transitado «por cualquier ocupación que se nos pase por la cabeza», destacando sobre todo su aportación a la democracia española durante las últimas décadas.
El alcalde subrayó que la amplitud de su trayectoria no ha sido producto de la dispersión, sino de una curiosidad intelectual puesta siempre al servicio de las instituciones y del fortalecimiento del Estado de derecho.
Yolanda Ibarrola: de la abogacía a la modernización de la Justicia
La tercera medalla fue para Yolanda Ibarrola de la Fuente, actual senadora y presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, además de diputada autonómica en la Asamblea de Madrid.
El reconocimiento del ICAM subraya una trayectoria que ha sabido combinar el ejercicio profesional de la abogacía con la gestión pública y la política institucional, siempre con un compromiso firme hacia el Estado de derecho y la defensa de los intereses de la profesión.
La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, fue la encargada de pronunciar la laudatio, en la que destacó tanto el papel de Ibarrola en la vida colegial —fue abogada ejerciente durante más de una década, con experiencia en Derecho civil y penal— como su contribución decisiva a la modernización de la justicia madrileña desde distintos cargos en la Comunidad de Madrid: viceconsejera, directora general y consejera de Justicia en distintas etapas.
Winkels puso el acento en un aspecto fundamental de la trayectoria de Ibarrola: su comprensión profunda de las necesidades reales del sistema judicial, adquirida precisamente por su experiencia previa como letrada ejerciente. «No es frecuente encontrar responsables políticos que conozcan desde dentro las dificultades cotidianas de quienes trabajan en los juzgados y en los despachos», señaló la vicedecana, subrayando que esa doble perspectiva ha permitido a Ibarrola impulsar políticas públicas mejor fundamentadas y más efectivas.
En un contexto marcado por transformaciones legislativas profundas y retos estructurales del sistema judicial —desde la digitalización hasta la sobrecarga crónica de los tribunales—, el ICAM ha querido reconocer la capacidad de Ibarrola para impulsar reformas que reforzaran la seguridad jurídica, garantizaran el acceso efectivo a la Justicia y dignificaran la función de los operadores jurídicos.

Su paso por la Administración autonómica y su labor actual como legisladora en el Senado han estado guiados por una interlocución constante con la abogacía madrileña, manteniendo siempre abiertos los canales de comunicación con el Colegio.
La distinción reconoce especialmente su capacidad para liderar reformas estructurales y fortalecer las instituciones públicas desde una visión jurídica sólida y una sensibilidad política hacia los problemas de la Justicia.
También, su permanente vinculación con la abogacía madrileña y su defensa de los intereses de la profesión desde todos los ámbitos en los que ha ejercido responsabilidades. Para Winkels, Yolanda Ibarrola representa «un ejemplo de compromiso con la Justicia en todas sus dimensiones: como abogada, como gestora pública y como responsable política».
El alcalde Martínez-Almeida, en su intervención inicial, había destacado la «ejecutoria extraordinariamente brillante» de Ibarrola y su visión del Derecho como servicio público, una concepción que ha marcado toda su trayectoria tanto en el ejercicio libre de la profesión como en sus responsabilidades institucionales.
Por la mañana, Antonio Garrigues Walker recibió el mismo galardón.
La teoría de los cristales rotos aplicada a la abogacía
El decano Eugenio Ribón cerró el acto con una intervención que fue más allá del protocolo habitual de clausura para ofrecer una reflexión de fondo sobre el verdadero valor del compromiso profesional de la abogacía en la construcción y el mantenimiento del Estado de derecho.
Ribón recurrió a la teoría de los cristales rotos —una conocida tesis criminológica según la cual una pequeña fractura no reparada en un edificio puede desencadenar un deterioro progresivo de todo el entorno— para explicar la función social de los letrados.
«Lo que mantiene en pie a una comunidad no es solo la existencia de normas, sino la voluntad activa de protegerlas», señaló el decano ante un auditorio que llenaba por completo el salón de actos del Palacio de Cibeles.
Ribón desarrolló esta idea subrayando que las normas jurídicas, por sí mismas, no garantizan nada si no existe un cuerpo profesional comprometido con su aplicación efectiva y con la defensa de los derechos que consagran.
«Si hay un colectivo que, día tras día, evita que los cristales se rompan —o que, cuando lo hacen, se reparen a tiempo— es el de la abogacía», afirmó Ribón, provocando una prolongada ovación entre los asistentes. El decano explicó que la imagen de los cristales rotos resulta especialmente elocuente para entender la labor de los abogados: pequeñas injusticias que, si no se atienden, pueden convertirse en fracturas sociales de mayor envergadura; conflictos que, si no se canalizan adecuadamente, degeneran en violencia o en quiebra de la convivencia; derechos que, si no se defienden, terminan erosionándose hasta desaparecer.

El decano subrayó el sentido profundo de la profesión, más allá del ejercicio técnico o la práctica procesal. «Habéis estado presentes en miles de historias, grandes y pequeñas. Habéis impedido que el desorden se normalice, que el Estado de derecho se resquebraje, que los derechos se disuelvan entre silencios», señaló, dirigiéndose directamente a los más de 400 profesionales homenajeados que ocupaban las primeras filas del auditorio.
Ribón agradeció especialmente a estos letrados su trayectoria callada, sin aspavientos mediáticos, y su vocación constante a lo largo de décadas de ejercicio profesional. «Vuestra labor no sale en los titulares, pero es la que sostiene el edificio común. Cada expediente tramitado, cada vista celebrada, cada derecho defendido es un cristal que se mantiene intacto o que se repara antes de que la fractura se extienda», afirmó.
«Ser abogado no es solo ejercer un oficio: es asumir una responsabilidad pública», concluyó el decano, resumiendo en una frase la filosofía que había atravesado todo el acto. Ribón trasladó a los profesionales reconocidos el agradecimiento institucional del Colegio: «Vuestra labor importa. Importa cada cliente atendido, cada derecho defendido, cada paso dado para evitar que un conflicto se convierta en una fractura social».
El acto concluyó con un aplauso cerrado de los cerca de mil asistentes, en un reconocimiento coral a quienes han dedicado un cuarto de siglo, medio siglo o incluso seis décadas al ejercicio de una profesión que, como recordó Ribón, hunde sus raíces en España en el siglo XVI pero que mantiene intacta su función esencial: proteger los cristales del Estado de derecho para que la convivencia democrática no se resquebraje.