El jurista fallecido, Enrique Bacigalupo, marcó una época importante en el Tribunal Supremo, en cuya Sala de lo Penal sirvió durante 24 años. Foto: FIDE.

Enrique Bacigalupo, el penalista del exilio argentino que marcó la jurisdicción penal del Supremo español

16 / 07 / 2026 16:24

Actualizado el 16 / 07 / 2026 16:26

Ha muerto a los 88 años Enrique Bacigalupo Zapater, uno de los grandes penalistas del espacio hispano‑argentino y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo entre finales de los 80 y 2011.

Su nombre queda ligado a algunos de los casos más sensibles de la justicia española –Filesa, GAL, Sogecable, aceite de colza– y a una producción doctrinal que influyó en varias generaciones de penalistas.

Del exilio argentino al Tribunal Supremo

Nacido en Buenos Aires en 1938, Bacigalupo se formó en la Universidad de Buenos Aires, donde se licenció y se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales, y posteriormente obtuvo una segunda tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid.

Su perfil académico se consolidó pronto como profesor de Derecho penal con actividad en Argentina, Alemania y España, además de estancias de investigación en centros de referencia como el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional.

En la Argentina de los años 70 llegó a ocupar la Procuración del Tesoro durante el breve gobierno de Héctor Cámpora, antes de verse señalado por la violencia parapolicial de la Triple A.

Ese contexto le empujó al exilio en Europa en 1974, con paso por Alemania y asentamiento definitivo en España, donde terminó integrándose en la cúspide de la jurisdicción penal.

Un penalista de referencia en la Sala Segunda

Bacigalupo accedió al Tribunal Supremo por el turno de juristas de reconocido prestigio y se incorporó a la Sala Segunda de lo penal en 1987, en pleno proceso de consolidación del Estado de Derecho y de judicialización de la política.

Desde entonces, y hasta su jubilación en 2011 —fueron 24 años– fue identificado como uno de los magistrados más técnicos de la Sala, con especial peso en materia de Derecho penal económico y procesal penal.

Su perfil se situaba en el sector progresista y garantista del Alto Tribunal, con atención a la tutela de los derechos fundamentales, pero sin renunciar a una aplicación rigurosa del Derecho penal clásico.

Esa combinación de tecnicismo y sensibilidad garantista lo llevó a participar en las comisiones europeas para la armonización del Derecho penal entre 1989 y 2000 y a dirigir el Seminario de Derecho Penal del Instituto Ortega y Gasset, referencia obligada para muchos operadores jurídicos.

Casos emblemáticos: Filesa, GAL, colza, Sogecable

El nombre de Enrique Bacigalupo está asociado a varios de los grandes casos que marcaron la relación entre justicia y política en la España reciente.

En el ámbito de la macrocriminalidad económica, asumió la instrucción del caso Filesa tras la renuncia de Marino Barbero, tomando las riendas de un sumario descomunal sobre financiación irregular del PSOE.

Desde esa posición redujo el número de acusados y contribuyó a fijar los contornos penales de la financiación ilícita de partidos.

En la órbita del terrorismo de Estado y la violencia política, fue uno de los magistrados que participaron en la resolución sobre el caso GAL, en la que se descartó la imputación del entonces presidente del Gobierno, Felipe González.

Esa decisión alimentó durante años el debate sobre los límites de la responsabilidad penal en la cúspide del poder político y sobre el espacio propio de la jurisdicción penal frente a la historia y la memoria.

Su firma aparece también en la revisión en casación del caso del aceite de colza, en la que el Supremo corrigió la sentencia de la Audiencia Nacional y elevó con fuerza las penas a los principales responsables de la mayor catástrofe alimentaria de la historia de España.

A ello se añadió su intervención en asuntos pioneros en materia de violencia sexual, como la confirmación de una condena por violación dentro del matrimonio, que contribuyó a desterrar la vieja idea de un “derecho conyugal” incompatible con el concepto moderno de consentimiento.

La obra doctrinal y la proyección académica

Más allá de su función jurisdiccional, Bacigalupo construyó una sólida obra penalista centrada en la teoría del delito, el Estado de Derecho y el Derecho penal económico.

Sus trabajos abordan cuestiones como la jurisdicción penal internacional frente a graves violaciones de derechos humanos cometidas en el extranjero, la articulación de las garantías procesales en el proceso penal moderno y el papel del Derecho penal en democracias constitucionales.

Su trayectoria quedó recogida en obras de síntesis como “Teoría y práctica del Derecho penal”, donde se condensan tanto sus aportaciones teóricas como las derivadas de su experiencia en la Sala Segunda.

Doctor honoris causa por varias universidades latinoamericanas y becario de instituciones como la Fundación Guggenheim o la DAAD alemana, mantuvo una presencia constante en foros académicos de España y América Latina, contribuyendo a tender puentes entre la dogmática penal europea y la latinoamericana.

Última etapa: abogado de élites y figura de clan

Tras su salida del Supremo en 2011, Bacigalupo se incorporó a la abogacía de grandes firmas en Madrid, reforzando áreas de procesal penal y penal económico y pasando a defender a clientes de alta exposición pública.

Entre sus casos más mediáticos se cuenta la defensa de José Antonio Moral Santín, exconsejero de Bankia, y su participación en la estrategia jurídica de Lionel Messi en un procedimiento por fraude fiscal.

Su apellido se integra en un “clan” con presencia en el poder judicial, regulatorio y político español, con figuras como Mariano Bacigalupo –su hijo– en organismos económicos clave y vínculos familiares con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Esa trama familiar ilustra la continuidad de la influencia de Bacigalupo y su entorno en el entramado institucional español, más allá de su retirada de la judicatura.

Con su muerte, desaparece un penalista que encarna varias tensiones de la justicia española contemporánea: la relación entre jurisdicción y política, el difícil equilibrio entre garantismo y severidad punitiva, y el tránsito del juez del Supremo al abogado de élites en el mercado de la gran litigación penal.

Sus restos mortales han sido trasladados al Tanatorio Parcesa La Paz, Autovía de Madrid a Colmenar Viejo (M-607), salida 20.

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