La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha roto su silencio. Lo hizo ayer por la noche, a través de un comunicado en el que, por primera vez, admitió haber mantenido varios encuentros con Leire Díez —la denominada «fontanera» del PSOE, investigada en la Audiencia Nacional por el magistrado Santiago Pedraz— y en el que lanza una negación categórica: «Jamás he participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil«.
El comunicado se publicó horas después de que el Gobierno reconociera la existencia de esos encuentros, desmintiendo así las reiteradas afirmaciones previas de la propia González y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien había asegurado que no se habían producido. La rectificación llega tarde. Y con el sumario ya abierto.
De los WhatsApp de Correos a la cafetería de la Dirección General
González reconstruye en el comunicado la cronología de su relación con Díez desde el principio.
Todo comenzó, dice, durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez ejercía como directora de Relaciones Institucionales de Correos.
El contacto fue estrictamente instrumental: «intercambios de WhatsApp, relativos a las movilizaciones laborales en las que esta empresa se encontraba inmersa, que provocaron manifestaciones y concentraciones en sus diferentes sedes.»
Nada más.
«No produciéndose jamás encuentros personales ni habiendo tenido nunca contacto ni conocimiento sobre su persona, hasta ese momento», subraya el texto.
El salto cualitativo vino después, con el nombramiento de González al frente de la Benemérita. Fue entonces cuando Díez se puso en contacto con ella.
El primer encuentro presencial se celebró en «una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil». Duró apenas quince minutos.
Según la versión oficial, Díez se presentó como periodista freelance, «sin especificar ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid».
González lo interpretó como una mera toma de contacto, quizás un tanteo para explorar una futura relación laboral. «No se habló de nada relacionado con el trabajo que desempeña este Cuerpo», insiste el comunicado.
La petición y el portazo
El verdadero nudo del relato llega más adelante, en un tercer encuentro que se celebró tras varios meses de pausa —una cita previa se había cancelado por la enfermedad de un familiar de Díez—.
La conversación discurrió inicialmente, dice González, por cauces personales, «sin alusiones al trabajo de la Guardia Civil, ciñéndose a una conversación sobre su situación familiar».
Hasta que Díez fue al grano: «En un momento determinado, la señora Díez le plantea a la directora que tiene que hacerle una petición relativa a su trabajo, preguntándole si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo».
González rechazó la petición «de plano», recordándole que el oficial «se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial».
El comunicado es tajante sobre lo que sucedió a continuación: «Dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro».
Desde entonces, las dos mujeres no han vuelto a verse.
El contrapunto del sumario
La versión de González choca de frente con lo que la UCO ha documentado en el sumario. Según una nota de la propia UCO incorporada a la causa, Leire Díez presumía de tener «control» sobre González y de mantenerla al tanto de sus gestiones contra la unidad de élite.
En uno de los audios incautados, la propia fontanera del PSOE anuncia una de las citas con González con total naturalidad: «Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil».
El general de brigada Rafael Yuste, que declaró como testigo ante los investigadores, aseguró que el 6 de mayo del año pasado la unidad de anticorrupción dirigida por el teniente coronel Antonio Balas elaboró una nota en la que se informaba de que Díez «tenía control sobre la directora de la Guardia Civil y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la UCO».
El respaldo a la UCO y la declaración final
González incluye en el comunicado un episodio que presenta como prueba de su lealtad institucional. Cuando trascendió públicamente la participación de Díez «en una reunión atacando a agentes de la Guardia Civil», la directora convocó de inmediato a los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial y de la UCO, así como al agente señalado, para trasladarles personalmente «su máximo apoyo y respaldo, así como su confianza en el trabajo y la labor que estaban desempeñando».
Después viene la declaración que da título a este artículo y que constituye el corazón político del comunicado. «La Directora General de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil. Institución para la que trabaja día a día, a la que respeta y admira.»
Y añade, con idéntica rotundidad: «Jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo, como muestra de su respeto absoluto y confianza a la labor de Policía Judicial».
La directora general ha reconocido así las reuniones que durante semanas ella misma y el ministro Marlaska habían negado. El juez Pedraz tiene el sumario. Y ahora tiene también la versión de González. Son él y los hechos quienes tendrán la última palabra.
