«Esa capacidad podría, en cualquier momento, volverse contra el pueblo estadounidense, y a ningún americano le quedaría privacidad alguna. No habría lugar donde esconderse» — Frank Church, senador, sobre las capacidades de la comunidad de inteligencia estadounidense. NBC, Meet the Press, 17 de agosto de 1975.
Hay una sensación que los juristas conocemos bien y rara vez confesamos: la de abrir un expediente nuevo y reconocer en él, línea a línea, otro que ya pasó por nuestras manos.
El pasado 2 de junio, al hacerse pública la orden ejecutiva que el presidente de los Estados Unidos había firmado bajo el título «Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security», tuve exactamente esa sensación.
No la de asistir a una novedad, sino la de reencontrarme con una vieja conocida que se ha cambiado de ropa. Ya había visto esta película. La vi, además, desde dentro.
Cuando las filtraciones de Edward Snowden hicieron saltar por los aires, en 2013, la confianza entre las dos orillas del Atlántico, me correspondió sentarme en la mesa donde Europa y Estados Unidos intentaron limar las asperezas que aquel terremoto había abierto en materia de inteligencia.
A lo largo de aquellas reuniones tuve enfrente a altos funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional, del Departamento de Justicia, de la Oficina Federal de Investigación y de la Comisión Europea. No relataré aquí lo que en ellas se dijo —hay conversaciones que no se cuentan—, pero sí puedo decir lo que aprendí.
Y lo que aprendí es exactamente lo que vuelvo a ver hoy, trasladado de la vigilancia de las comunicaciones a la inteligencia artificial.
Lo que Snowden enseñó de verdad
El relato popular se quedó en el escándalo: la Agencia de Seguridad Nacional espiaba a medio mundo, incluidos los teléfonos de dirigentes aliados, y un joven analista lo destapó.
Pero el escándalo fue la anécdota. La lección de fondo, la que importa para entender el presente, fue otra: cuando una tecnología alcanza la condición de instrumento de poder, el Estado la construye y la despliega en la penumbra, y solo una filtración —o, con suerte, una ley— consigue arrastrarla a la luz.
La capacidad técnica precede siempre al marco jurídico. El derecho llega tarde y jadeando a poner orden en lo que la máquina ya viene haciendo.
De aquella crisis nació, en julio de 2013, un grupo de trabajo ad hoc entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre protección de datos, copresidido en el lado europeo por la Comisión y la Presidencia del Consejo, con un «second track» reservado a que los Estados miembros trataran bilateralmente con Washington los asuntos de seguridad nacional.
De la misma crisis salió, dos años más tarde, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión que tumbó el Safe Harbor, y, en 2016, el llamado Acuerdo Paraguas sobre transferencia de datos en la cooperación policial y judicial.
Mucho papel, muchas reuniones, mucha arquitectura levantada a toda prisa para reconstruir una confianza que la tecnología había hecho añicos sin pedir permiso a nadie.
Quien se sentaba a aquella mesa comprendía algo que ningún comunicado de prensa dijo jamás: ninguna de las dos potencias renunció a la capacidad. Se negociaron las formas, los controles, las garantías de tutela judicial para el ciudadano europeo.
La capacidad de monitorizarlo todo permaneció intacta. El Estado no devuelve nunca un instrumento de poder; a lo sumo acepta vendarse parcialmente los ojos cuando lo sorprenden mirando.
Y aprendí una segunda cosa, menos cómoda para un europeo. La conversación de verdad no ocurría en el carril multilateral, donde la Unión negociaba como bloque, sino en el «second track», donde cada Estado miembro trataba a solas con Washington lo que de veras le importaba.
Europa creía sentarse como una potencia; en la práctica, se sentaba como veintisiete interlocutores desiguales, y la asimetría de información la dejaba siempre un paso por detrás. Conviene recordarlo, porque esa lección regresa ahora con otro ropaje.
La señal que delata
Vengamos al presente. Durante año y medio, la actual Administración estadounidense ha mantenido sobre la inteligencia artificial una posición inequívoca: cuanta menos regulación, mejor.
La orden ejecutiva de enero de 2025 —titulada, sin asomo de ironía, «Eliminación de barreras al liderazgo estadounidense en inteligencia artificial»— revocó la regulación de la era Biden.
El Plan de Acción de julio de aquel año insistió en lo mismo. Y en diciembre de 2025 una nueva orden declaró que la política de los Estados Unidos consistía en sostener su dominio global mediante un marco «mínimamente gravoso»: creó un grupo de litigación en el Departamento de Justicia para impugnar las leyes de inteligencia artificial de los estados y condicionó 42.000 millones de dólares en fondos federales a que esos estados renunciaran a regular.
En marzo de 2026, el marco nacional presentado a las Cámaras volvió a pedir lo mismo: preeminencia federal, regulación de toque ligero, fin del mosaico de normas estatales.
El mensaje no podía ser más nítido: dejen correr la máquina.
Y entonces, el 2 de junio de 2026, la misma Casa Blanca que había combatido toda regulación firmó una orden que ordena a las agencias federales construir un marco para el «despliegue seguro» de los modelos frontera e introduce un detalle que merece subrayarse en rojo: un procedimiento por el cual los desarrolladores entregarían voluntariamente al Gobierno acceso anticipado a sus modelos, hasta treinta días antes de ponerlos a disposición de cualquier otro. La propia orden admite que llega tras meses de pugna interna entre las preocupaciones de seguridad nacional y el temor a frenar la innovación.
Conviene no equivocarse sobre qué ha cambiado. Washington no se ha vuelto garantista: sigue arrasando las leyes protectoras de los estados con la misma energía de siempre. Lo que ha cambiado es algo más revelador.
El mismo poder que durante dieciocho meses repitió que la inteligencia artificial debía correr libre reclama ahora la llave de la puerta principal: ser el primero en entrar, mirar dentro, decidir quién dispone de la capacidad.
Esa contradicción no es un descuido. Es la señal. Nadie reclama el control de un juguete. El Estado solo se abalanza sobre aquello que ha comprendido que es poder. Cuando el campeón de la desregulación quiere de pronto un asiento en la mesa de mando, no está regulando: está tomando posiciones.
Mythos, o el nombre del miedo
Para entender por qué la Casa Blanca cambió de pie conviene poner nombre al miedo. El nombre es Mythos.
Se trata del modelo frontera más avanzado de Anthropic, y la compañía ha decidido no liberarlo al público. La razón, según ella misma, es que constituye un «cambio de escala»: en pocas semanas de pruebas localizó miles de vulnerabilidades críticas de día cero en programas de uso masivo, muchas con más de una década de antigüedad; esto es, defectos que llevaban diez años abiertos en el código sobre el que descansa media economía mundial y que nadie había sabido ver.
Para administrarlo se creó una iniciativa, Project Glasswing, que agrupa a Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, Cisco o JPMorgan, y que esta misma semana se ha ampliado a ciento cincuenta organizaciones en más de quince países.
Entretanto, Anthropic ha presentado de forma confidencial su folleto de salida a bolsa.
Todo ello se presenta —y formalmente con razón— como ciberseguridad defensiva: una herramienta para encontrar y tapar agujeros antes de que los exploten los malos.
Pero hay que decir en voz alta lo que nadie dirá. Una máquina capaz de descubrir todos los defectos ocultos de los sistemas críticos del planeta es, por definición y según hacia dónde se la apunte, el instrumento de inteligencia ofensiva más formidable jamás construido.
El mismo escáner que sella una puerta sabe, con exactitud milimétrica, cómo abrirla. Llamarlo ciberseguridad es el nombre cortés. El otro nombre no se imprime en las notas de prensa.
El genio ha salido de la botella
La propia Anthropic se ha encargado de recordar que Mythos no es una rareza irrepetible: que en cuestión de meses habrá sistemas equivalentes de otras casas y que, en un año o año y medio, existirán modelos de pesos abiertos de origen chino con esas mismas capacidades.
Dicho de otro modo: el genio no solo ha salido de la botella, sino que pronto habrá varios genios, y no todos atenderán la llamada de Washington. Ahí está la verdadera explicación de la prisa. No se corre para regular un riesgo lejano; se corre para no ser el segundo en disponer del arma.
Que un modelo así exista cambia la naturaleza del tablero. Durante décadas, la superioridad en inteligencia dependió de presupuestos colosales, satélites, cables submarinos y ejércitos de analistas.
Una herramienta capaz de auditar en horas el código del mundo democratiza el espionaje hacia arriba y hacia los lados: lo pone al alcance de quien posea el modelo, sea un Estado, una corporación o, andando el tiempo, cualquiera que descargue una versión abierta.
Esa es la razón por la que la Casa Blanca ha dejado de mirar hacia otro lado. No teme a la regulación; teme a la proliferación.
Y hay un segundo plano, el comercial, que forma parte del mismo cuadro. La empresa que custodia esa capacidad prepara su salida a bolsa: el instrumento de inteligencia más poderoso jamás construido es, a la vez, un activo financiero llamado a cotizar en los mercados.
Poder estatal y valor bursátil compartiendo la misma criatura. Es una combinación que, para el observador atento, resulta profundamente instructiva, porque revela hasta qué punto la frontera entre la razón de Estado y el interés privado se ha vuelto, en este terreno, casi invisible.
El reflejo del Leviatán
Hay aquí un patrón que la teoría del Estado describió mucho antes de que existiera un solo transistor. El Leviatán de Hobbes no es malvado: es prudente.
Ante cualquier instrumento capaz de alterar el equilibrio del poder, su reflejo es doble y previsible: controlar quién accede a él y asegurarse de ser el primero en estar dentro. Lo vi en 2013 con la vigilancia de las comunicaciones. Lo vuelvo a ver en 2026 con la inteligencia artificial. Cambia el objeto; el reflejo es idéntico.
Y, sin embargo, hay una diferencia que da su filo a todo el asunto. En 2013, el Estado fue sorprendido haciéndolo en secreto: la penumbra era el método y la luz, una derrota. En 2026 entra por la puerta principal, a plena luz, y solicita cortésmente treinta días de acceso anticipado.
La transparencia se ha convertido en el nuevo camuflaje. Lo que antes se ocultaba ahora se anuncia, porque se ha aprendido que un movimiento ejecutado a la vista de todos despierta menos sospechas que el mismo movimiento ejecutado a oscuras.
El senador Frank Church, que en 1975 presidió el comité que destapó los abusos de la NSA, la CIA y el FBI, advirtió de una capacidad técnica capaz de imponer una tiranía total sin lugar donde esconderse. Medio siglo después, aquella advertencia no ha caducado: se ha perfeccionado.
Europa, como en 2013, vuelve a descubrirse en la antesala. Pide intensificar las conversaciones, reclama acceso para examinar estos modelos y comprueba que, fuera del Reino Unido, ninguna institución europea lo ha obtenido todavía.
Ya advertí, al analizar la cumbre de Pekín entre Trump y Xi, que la inteligencia artificial sería un terreno de coexistencia entre las grandes potencias, con líneas rojas que ninguna explicitaría. Lo que no dije entonces, y digo ahora, es que en ese tablero Europa corre el riesgo de no ser jugador, sino casilla.
Para un jurista, el problema no es que el Estado quiera el control. Un poder que no controlara los instrumentos capaces de subvertir el orden constitucional sería un poder negligente.
El problema es el de siempre, el que Church formuló y el que Snowden volvió a poner sobre la mesa: bajo qué ley, con qué supervisión, con qué rendición de cuentas. Treinta días de acceso anticipado pueden ser una garantía de seguridad nacional o el primer eslabón de una capacidad sin contrapeso; la diferencia entre una cosa y otra no la marca la tecnología, sino el derecho que la rodea. Y el derecho, ya lo he dicho, llega siempre tarde.
De modo que aquí estamos de nuevo. La herramienta se moverá, sin duda, a plena luz: tendrá coaliciones de nombres ilustres, comunicados tranquilizadores, salidas a bolsa y marcos de despliegue seguro. Y, al mismo tiempo, discurrirá por las zonas oscuras del poder, por los pasillos donde no hay nota de prensa, allí donde treinta días de acceso anticipado se convierten en ventaja estratégica y el escáner defensivo se gira, cuando conviene, hacia fuera. Las dos cosas a la vez. Siempre fueron las dos cosas a la vez.
He visto esta película. Solo ha cambiado la resolución de la pantalla.
