Años de reivindicación cabían este jueves en una sola votación. Y salió bien.
La aprobación en el Pleno del Congreso de la pasarela de las mutualidades alternativas al RETA ha provocado una reacción en cadena en el mundo jurídico.
El tono, llamativamente, es el mismo en boca de todos: alegría por el paso dado, prudencia por lo que falta. Porque nadie —absolutamente nadie— se atreve a cantar victoria. Queda el Senado.
Y, sobre todo, queda el reglamento, esa letra pequeña donde las reformas se ganan o se pierden de verdad. La abogacía y la procura celebran haber abierto la puerta. Pero coinciden en el matiz: lo difícil es asegurarse de que pueda cruzarse.
CGAE: una reivindicación histórica que «trasciende lo partidista»
Abrió el turno la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). En una declaración institucional, el CGAE valoró positivamente la aprobación del dictamen de la Comisión de Trabajo en el Pleno, y lo enmarcó como lo que es: un paso relevante y largamente esperado por miles de profesionales de la abogacía —y de otros sectores— en toda España.
El órgano no pierde de vista lo que hay detrás del articulado. Tras el debate legislativo, recuerda, laten miles de compañeros y compañeras que afrontan una realidad inquietante en protección social y en acceso a una jubilación digna. Un derecho, subraya, que reconoce la Constitución.
Y hay un gesto que conviene destacar: el Consejo no se cuelga la medalla. Reparte el mérito. Pone en valor el empeño de las asociaciones, plataformas y sindicatos de abogados que han sostenido la reivindicación durante años hasta colocarla en el centro del debate.
De cara al Senado, confía en que el texto siga mejorando, sin demoras y desde el consenso, y desliza una advertencia: aún hay margen para ampliar el alcance de la norma y no dejar fuera a quienes están en situación de especial vulnerabilidad. Esta reforma, insiste, trasciende cualquier color político.
CGPE: «más amplia, más inclusiva, más ajustada a la realidad»
Desde la procura, el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) expresó su satisfacción por una aprobación que llega, recalca, gracias a la enmienda que ensancha de forma notable el alcance inicial de la pasarela.
Para el CGPE, la medida representa un avance real para miles de colegiados que han ejercido bajo sistemas alternativos de previsión: caen restricciones que estrechaban el acceso y se reconocen situaciones que la redacción original había dejado a medio cubrir.
¿Qué celebra en concreto? Que el texto amplíe el ámbito subjetivo a quienes estén o hayan estado integrados en mutualidades alternativas.
Y que compute el tiempo de integración obligatoria en mutualidades sustitutivas a efectos de la carencia exigida para la jubilación. La exención fiscal del traspaso, otro punto que aplaude.
«La aprobación de hoy constituye un paso muy importante hacia una solución largamente demandada por miles de profesionales», resumió su presidente, Alberto García Barrenechea, que reivindicó la apuesta del Congreso por «una regulación más amplia, más inclusiva y más ajustada a la realidad de los mutualistas afectados».
Eso sí, el Consejo fija ya su condición para el futuro reglamento: que reconozca de forma justa y proporcionada los años de ejercicio y las aportaciones efectivamente realizadas. Y que la pasarela siga siendo, en todo momento, voluntaria.
ICAM: que la puerta no «se estreche en la práctica»
El Colegio de la Abogacía de Madrid —el mayor de Europa y, por aritmética, el que más afectados agrupa— puso el acento en la enmienda que amplía la solución de partida al borrar requisitos que dejaban en la cuneta a miles de abogados mutualistas.
Tres barreras desaparecen, detalla: el requisito de carecer del periodo mínimo para la pensión en la Seguridad Social, el de seguir en activo en la mutualidad a fecha de 2022 y el de no ser pensionista a cargo de ningún régimen público ni de la propia mutualidad.
«Los mutualistas afectados han conseguido hoy una pasarela más amplia y más justa», celebró el decano, Eugenio Ribón.
Pero acto seguido giró el foco hacia lo pendiente: que pueda cruzarse «con garantías, información clara y seguridad jurídica».
El ICAM también valora la exención fiscal del traspaso —imprescindible, dice, para que la solución no nazca castigando a quien la elija— y pide al Senado una tramitación urgente que respete la voluntad del Congreso.
Su gran aviso, sin embargo, mira al reglamento: «El Congreso ha abierto una puerta muy importante. Ahora el Senado, y después el Reglamento, deben evitar que esa puerta se estreche en la práctica».
Mutualidad: un traspaso «ordenado» para no dañar el ahorro
Mutualidad, la aseguradora sin ánimo de lucro especializada en previsión para profesionales, completó el coro de reacciones con una valoración positiva: un avance «muy relevante», en sus palabras.
La entidad subraya tres virtudes del texto: que conserve el modelo alternativo de previsión social, que blinde la exención fiscal en el traspaso y que equipare a los mutualistas con los autónomos del RETA en derechos como el complemento a mínimos.
Su presidente, Enrique Sanz Fernández-Lomana, sostuvo que el dictamen aporta certidumbre y ampara un modelo que durante décadas ha protegido a los profesionales sobre la cultura del ahorro a largo plazo.
La entidad reclama que el diseño final asegure un traspaso ordenado y vinculado al momento en que se devengue la prestación pública, para no erosionar el ahorro acumulado.
Y manda un mensaje de calma sobre su propia musculatura financiera: dice haber simulado escenarios de máxima adhesión y mantener solvencia, liquidez y diversificación suficientes para encarar el proceso con normalidad.
El ahorro voluntario y complementario ya supone, recuerda, más del 70% de los más de 11.000 millones de euros que gestiona.
Un mismo mensaje de fondo
Cuatro voces, un solo subtexto. Hoy se ha ganado una batalla larga, pero la guerra se libra ahora en dos frentes: la Cámara Alta y el desarrollo reglamentario. La puerta está abierta. Falta lo más arduo: que se pueda cruzar.
