Elisa Mouliaá no se sentará el lunes frente al magistrado Arturo Zamarriego. Lo ha dicho ella misma, por escrito, en X, y lo ha dicho con una coartada que tiene algo de novelesco: está trabajando «entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo», en aguas donde —asegura— las comunicaciones son limitadas o sencillamente no existen.
El contrato, según su propia versión, lo firmó antes de la citación. Es internacional, está vigente desde el 8 de junio y se prolonga hasta finales de verano.
«No asistiré a la citación prevista», zanjó la actriz este viernes. Y con esa frase suma un nuevo aplazamiento a una comparecencia que parece condenada a no celebrarse nunca.
Recordemos de qué hablamos. Errejón —el exdiputado de Sumar que dimitió de todos sus cargos tras estallar el caso— se querelló contra Mouliaá por presuntas calumnias.
¿El detonante? Que la actriz le acusara en televisión de extorsionar a dos testigos para que declarasen a su favor en la causa donde se investiga una supuesta agresión sexual del propio Errejón.
Es decir: la denunciante de un caso se convierte en querellada de otro. El derecho penal tiene estas simetrías incómodas.
El juez no se lo ha tragado. En un auto fechado este mismo viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, Zamarriego rechaza de un plumazo las dos peticiones de la defensa: ni suspensión de la comparecencia ni recusación del magistrado. Y va más allá.
Describe la maniobra como «un eslabón más en la estrategia procesal que viene siguiendo la querellada para no comparecer». Un eslabón.
La palabra no es inocente: sugiere una cadena, un patrón, una sucesión de excusas engarzadas con cierta destreza.
El instructor afina todavía más el bisturí. La actriz, escribe, «trata de ‘montar’ como sea una causa de recusación que no está prevista en la ley», y lo hace en lo que califica de «claro y manifiesto fraude de ley».
Traducido del lenguaje judicial: el juez cree que Mouliaá no busca justicia, busca tiempo.
Y aquí conviene desplegar el calendario, porque cuenta su propia historia. Primera suspensión, el 27 de marzo.
El 26 de abril, el médico forense la reconoce en su domicilio y certifica que está «plenamente capacitada para declarar». El 24 de abril —fíjense, antes incluso de ese reconocimiento— no se presenta, alegando un «cuadro ansioso-depresivo relevante agravado por su situación judicial y mediática».
Antes de todo eso, la primera citación había caído por una intervención quirúrgica de quien entonces la defendía, el abogado Alfredo Arrién.
El auto recoge además un detalle que pesa: la defensa de Errejón aportó publicaciones de la propia actriz en X donde anunciaba, negro sobre blanco, su «firme propósito de no comparecer» ante el magistrado hasta que no se celebrara el juicio en el que ella figura como denunciante.
Es decir, no estamos ante una indisponibilidad sobrevenida. Estamos ante una voluntad declarada públicamente. Y eso, ante un juez, vale su peso en oro procesal.
Mouliaá, por su parte, sostiene lo contrario. «Siempre he colaborado con la justicia y seguiré haciéndolo», escribió. Lo que reclama, dice, es lo que reclamaría cualquiera: imparcialidad, garantías procesales, tutela judicial efectiva, respeto a los derechos fundamentales.
Y desliza una pregunta que, hay que reconocerlo, no carece de lógica retórica: ¿por qué acelerar «procedimientos accesorios» mientras el asunto principal —la presunta agresión sexual, que la Audiencia Provincial de Madrid aún no ha decidido si llevará a juicio— sigue esperando?
«No voy a aceptar que se silencie una denuncia grave mediante procedimientos paralelos», remató.
Es un argumento con gancho. También es, jurídicamente, una falacia: que un proceso vaya lento no autoriza a frenar otro. Cada causa corre por su carril.
Conviene no olvidar la otra mitad del relato. El 24 de abril sí declaró Errejón, y negó haber extorsionado a nadie. Aseguró que ni siquiera tenía el contacto personal del testigo.
Y ese testigo —que también compareció ese día— sostuvo que todo lo que contó lo hizo por iniciativa propia, libremente, sin presión alguna del exdiputado.
Antes de la querella hubo un acto de conciliación fallido: la defensa de Errejón ofreció 10.000 euros de indemnización si la actriz se retractaba. Ella se negó. Y al negarse, dejó la puerta abierta a la querella.
Así que el lunes habrá una silla vacía en el juzgado. La pregunta de fondo no es si Mouliaá está realmente en el Mar Rojo.
La pregunta es cuántas veces puede una citación judicial quedar en el aire antes de que el juez tome medidas que ya no dependan de la voluntad de comparecer.
Porque los jueces, cuando perciben que les marean, tienen instrumentos. Y Zamarriego, a juzgar por el tono de su auto, ha dejado de tener paciencia.
