La Audiencia Nacional ha dado por concluida la investigación sobre una presunta trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos y ha acordado continuar el procedimiento abreviado contra 16 investigados y varias sociedades mercantiles por posibles delitos de organización criminal, fraude contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En un auto fechado el 15 de junio de 2026, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que existen indicios suficientes para atribuir a los investigados la creación y gestión de una compleja estructura empresarial destinada a aprovechar fraudulentamente el régimen fiscal aplicable a los hidrocarburos para evitar el pago del IVA.
Según describe la resolución, la operativa giraba en torno a las operadoras mayoristas Gaslow Abastecimientos S.L. y Nascor Energías S.L., que presuntamente utilizaban sociedades suministradoras y comercializadoras instrumentales para trasladar artificialmente la obligación de ingresar el IVA a empresas que posteriormente no cumplían con esa obligación tributaria.
De acuerdo con el juez, el producto era vendido formalmente dentro de depósitos fiscales —operaciones exentas de IVA— para que fueran otras sociedades interpuestas las que figuraran como responsables del impuesto cuando el combustible salía efectivamente al mercado.
El IVA que no se ingresaba en la Hacienda Pública se convertía así en una ventaja competitiva que permitía comercializar carburantes a precios inferiores a los del resto del sector.
La resolución sostiene que la cadena comercial era artificialmente alargada mediante la intervención de múltiples sociedades controladas por los propios integrantes de la organización.
Así funcionaba la presunta trama de hidrocarburos
El auto describe una estructura integrada por varios grupos que actuaban de forma coordinada.
Entre los principales responsables de la operativa, el juez sitúa a Antonio Rodríguez Estepa y Juan Simón Martínez, vinculados respectivamente a las operadoras Gaslow y Nascor, por ser quienes disponían de la capacidad necesaria para introducir el combustible en el entramado societario utilizado para el fraude. Junto a ellos aparecen los grupos liderados por Javier García Pérez y Claudio Rivas Ruiz-Capillas.
Una investigación en la que Pedraz también propone juzgar al empresario Claudio Rivas, dueño de Villafuel y al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes.
La investigación identifica una extensa red de sociedades suministradoras y comercializadoras que, según la resolución, habrían sido utilizadas para desarrollar la operativa.
Entre ellas figuran Anevoc Carburantes, Keep It Save, Serrezoil, Ecotar Power, Remafe, Attitude & Ability, Samad Oil, Bludger Combustibles y Deliverwize.
Las cifras recogidas en el auto sitúan el supuesto fraude tributario entre los más relevantes investigados en los últimos años en el sector energético.
La resolución atribuye a Gaslow una cuota presuntamente defraudada de 6,24 millones de euros en 2018 y de 30,09 millones en 2019. Para el ejercicio 2020, el magistrado cifra en 111,84 millones de euros el IVA presuntamente defraudado por Gaslow y Nascor tras descontar los ingresos efectuados por las sociedades suministradoras.
En total, la resolución cuantifica en más de 148 millones de euros las cuotas presuntamente defraudadas.
Entre las sociedades que habrían desempeñado un papel clave destacan Keep It Save, con 46,85 millones de euros; Ecotar Power, con 35,16 millones; Anevoc Carburantes, con 23,35 millones; y Serrezoil, con 7,45 millones de euros.
Además del fraude tributario, la resolución aprecia indicios de blanqueo de capitales sobre fondos que el juez cuantifica en 59,69 millones de euros.
Dinero en efectivo durante los registros
Entre los elementos incorporados a la causa figuran las cantidades de efectivo halladas durante las entradas y registros autorizados judicialmente.
En el domicilio de Javier González Casatorres fueron intervenidos 161.750 euros en metálico, mientras que en la vivienda de Isidoro Gutiérrez García los agentes localizaron 818.130 euros. El auto vincula ambos hallazgos a la actividad investigada.
Con esta resolución, el magistrado considera finalizada la fase de instrucción respecto de los hechos investigados y acuerda continuar el procedimiento abreviado para que las acusaciones y el Ministerio Fiscal formulen, en su caso, sus respectivos escritos de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
