Las solicitudes de Justicia gratuita registraron un nuevo incremento en 2025 y alcanzaron los 1,15 millones. Cifra que supone un 1,7% más que el año anterior, según los datos del XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
El aumento confirma la tendencia al alza observada durante los últimos años en la demanda de este servicio, considerado esencial para garantizar el acceso a la Justicia de las personas con menos recursos.
Las comunidades autónomas que concentraron el mayor número de solicitudes fueron Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Durante la presentación del informe, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, puso en valor el trabajo desarrollado por los profesionales que prestan este servicio y destacó su papel en la defensa de los derechos de la ciudadanía y en la garantía del acceso efectivo a la Justicia.
Ello, recordando que estas solicitudes de justicia gratuita son tramitadas a través de los 83 Colegios de la Abogacía o directamente en los juzgados y conllevan la designación de, al menos, un profesional del turno de oficio.
Asimismo, reclamó una nueva ley reguladora de la asistencia jurídica gratuita y una mejora de las condiciones laborales y retributivas de los abogados y abogadas del turno de oficio.
Menos profesionales adscritos al turno de oficio
Unas cifras de incremento de justicia gratuita que, sin embargo, chocan con la reducción continuada del número de profesionales adscritos al turno de oficio.
Mientras el censo total de abogados ejercientes pasó de 148.867 a 149.515 profesionales en 2025, los inscritos en el turno descendieron hasta los 38.871.
La cifra supone una reducción respecto a los 39.941 registrados en 2024 y una caída acumulada del 14,1 % desde 2020, cuando el número de profesionales adscritos alcanzaba los 45.275.
Del total de abogados y abogadas que prestan este servicio, el 52 % son hombres y el 48 % mujeres. Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia son los territorios con mayor número de profesionales adscritos.
Una realidad ante la que el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, Ángel Méndez, señaló que la baja remuneración constituye una de las principales reclamaciones de quienes prestan este servicio.
En este sentido, reiteró la necesidad de actualizar los baremos y garantizar el pago de todas las actuaciones para asegurar la sostenibilidad del sistema.
Diferencias territoriales en los baremos
Necesidad de actualizar los baremos que también se ha puesto en relieve en el informe presentado por Abogacía, donde no sólo se muestran los baremos actuales, sino que también se pone de manifiesto las diferencias existentes entre comunidades autónomas en la retribución de las actuaciones profesionales.
En el ámbito del turno de oficio, la inversión aumentó un 2,2 %, con especial incidencia en Aragón, País Vasco, Galicia y Ceuta. Por su parte, la asistencia letrada al detenido registró un crecimiento del 5,9 %, convirtiéndose en la partida que más aumentó entre las principales áreas operativas.
La inversión destinada a actuaciones relacionadas con violencia de género se incrementó un 1,1 % en el conjunto nacional, con aumentos especialmente destacados en Galicia, Asturias, Cataluña y País Vasco.
Las designaciones de abogados permanecieron prácticamente estables, con una subida del 0,02 %. Sin embargo, las designaciones vinculadas a violencia de género crecieron un 5,1 %, mientras que las relacionadas con extranjería descendieron un 12,6 %.
Las diferencias retributivas entre territorios resultan especialmente visibles en determinados procedimientos. Así, un procedimiento abreviado se remunera con 291 euros en el denominado territorio Ministerio, mientras que la misma actuación alcanza los 398 euros en el País Vasco, 442,21 euros en Galicia, 440 euros en la Comunidad Valenciana y 427,51 euros en Cataluña.
También existen diferencias significativas en las actuaciones relacionadas con violencia de género. La asistencia individualizada en un procedimiento penal se retribuye con 87,63 euros en el territorio Ministerio, frente a los 139,65 euros en Galicia, 128 euros en la Comunidad Valenciana, 122 euros en Canarias y 110 euros en Cantabria.
Ángel Méndez defendió la necesidad de reformar el actual marco normativo al considerar que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, tras tres décadas de vigencia, se encuentra desfasada y requiere una revisión profunda que garantice la viabilidad futura del sistema.
Según explicó, la actualización de los baremos constituye una de las principales necesidades para adecuar la prestación del servicio a las exigencias actuales.
La inversión en justicia gratuita aumenta
La inversión destinada a la justicia gratuita aumentó un 3,2 % durante 2025 y superó los 355 millones de euros. Según el informe, este crecimiento responde tanto al incremento de solicitudes como a la actualización de los baremos de retribución aprobada en diversas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco.
Cataluña volvió a situarse como la comunidad autónoma con mayor inversión, con 48,4 millones de euros, seguida de Madrid, con 42 millones; Comunidad Valenciana, con 36 millones; y Andalucía, con 30 millones.
Los mayores incrementos porcentuales del gasto se registraron en Aragón, con un aumento del 17,8 %; La Rioja, con un 12,3 %; Ceuta, con un 11,7 %; y Asturias, con un 8,5 %.
La inversión media por habitante alcanzó los 7,25 euros anuales, aunque con diferencias significativas entre territorios. Ceuta registró la cifra más elevada, con 19,13 euros por ciudadano, seguida de Canarias, con 11,41 euros, y Melilla, con 11,32 euros.
