Treinta años sosteniendo el derecho a la defensa de quien no puede pagársela. Y ni un solo cambio de fondo. La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ha cumplido tres décadas y lo ha hecho con los cimientos intactos, pero con las cañerías reventadas.
El viernes, en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), tres protagonistas protagonistas se sentaron a decir, cada uno a su manera, lo mismo: esto ya no aguanta más sin tocarse.
Juan Manuel Mayllo, diputado 9.º de la Junta de Gobierno del ICAM y responsable del Turno de Oficio, lo resumió con una imagen que se quedó flotando en la sala: la ley es una vivienda con una ubicación estupenda, un tesoro, sí, pero con una reforma pendiente que nadie parece querer atreverse a acometer.
A su lado, Carmen Martín García-Matos, viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, y Adrián Gómez Linacero, letrado de la Administración de Justicia y presidente territorial de PROLAJ (Asociación de Letrados de la Administración de Justicia en Madrid), completaron un diagnóstico compartido: la ley funciona, pero funciona a pesar de sí misma. Está, evidentemente, obsoleta.
Moderó Carlos Berbell, director de Confilegal.
El Ministerio, el gran ausente
Y si hay algo que a Mayllo le costó disimular fue el fastidio. Porque la reforma que se avecina —esa que todos esperan y nadie ve— se está cociendo, según denunció, a puerta cerrada, a espalda de los abogados. Lo cual es ilógico porque quien mejor conoce su funcionamiento y los arreglos que deben acometerse son precisamente los que hacen uso de ella diariamente. Como se suele decir, es de cajón de madera de pino.
Pero el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que la incluyó recientemente en el listado de los diez proyectos de ley relevantes que el Gobierno quiere aprobar antes de que se acabe esta legislatura, no suelta prenda.
Mayllo reclamó al Ministerio presencia y transparencia. No obtuvo ninguna de las dos. Y reveló que lo habían intentado. Sobre todo para ese día 10 de julio, en el que celebraron el día de la Justicia Gratuita.
«Hemos insistido muchísimo al Ministerio para que estuviera como representante y nos ha obsequiado con el silencio administrativo», soltó, sin rodeos.
Ya no habla de curiosidad ante la nueva norma. Habla de preocupación. El matiz importa.
La fuga silenciosa de los jóvenes
Hay una crisis que no sale en los telediarios pero que se libra despacho a despacho: cada vez menos abogados jóvenes se apuntan al turno de oficio. Los motivos se acumulan, no son uno solo. Los despachos pequeños que tradicionalmente nutrían el servicio escasean.
Las condiciones económicas no compensan el esfuerzo. Y el sistema de guardias, con su imprevisibilidad, pesa cada vez más sobre profesionales que ya no ven en el turno una vía de entrada al oficio.
La solución que baraja el ICAM no es rebajar la exigencia, insistió Mayllo. Es acortar la espera: reducir el periodo previo de ejercicio necesario para acceder, pero tutelando a los recién llegados con compañeros de más experiencia durante los primeros meses.
No por falta de conocimientos jurídicos —»los jóvenes saben suficiente, están muy bien preparados», matizó—, sino porque el funcionamiento cotidiano del sistema solo se aprende sobre el terreno.
Madrid paga más con menos gente
Llegaron entonces las cifras, y las trajo Carmen Martín García-Matos. En 2025, la Comunidad de Madrid invirtió 63,5 millones de euros en justicia gratuita.
Este año serán 66.
La previsión para 2027 sube hasta 67. El dato que más repitió, sin embargo, fue otro, y lo repitió con intención: Madrid tiene millón y medio de habitantes menos que el territorio Ministerio (las Comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y, aun así, invierte casi 14 millones de euros más.
En las guardias, la brecha se mide en euros contantes: 242 frente de Madrid frente a los 176,49 que abona el Ministerio.
Pero el dinero, avisó la viceconsejera, no basta por sí solo. Infraestructuras judiciales, digitalización, menos burocracia, más seguridad jurídica: ahí es donde también hay que jugar si se quiere hacer atractiva la profesión para quienes todavía no se han decidido a entrar.
Puso como ejemplo el convenio plurianual firmado con los colegios profesionales, que ofrece certeza sobre cómo y cuándo se actualizarán los baremos. Certeza. La misma palabra que Mayllo echaba en falta al hablar del Ministerio.
Adrián Gómez Linacero remató el retrato con un dato europeo: según la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, España está entre los países con más actuaciones de asistencia jurídica gratuita por cada 100.000 habitantes.
Definió la ley de 1996 como «la máxima expresión en el ámbito jurídico de nuestro Estado de bienestar» y pidió algo muy concreto: actualizar los criterios económicos de acceso, hoy atados a un IPREM estancado mientras el salario mínimo interprofesional no deja de subir.
La consecuencia, advirtió, es que hay ciudadanos sin recursos reales que quedan fuera del sistema por pura desactualización estadística.
Querulantes: un problema sin respuesta
Hubo un giro en el debate cuando Berbell preguntó por los querulantes, esas personas que mantienen una conducta compulsiva y reiterada de la litigación, que presentan denuncias, querellas y recursos de forma constante sin aceptar las resoluciones judiciales firmes.
La vicedecana de Albacete, María de los Llanos, en unas jornadas recientes de abogados en Salamanca, los describió con precisión clínica: personas atrapadas en una compulsión por pleitear, incapaces de digerir una resolución desfavorable, persuadidas de que jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados peritos y testigos forman parte de una misma maquinaria diseñada para perjudicarlas.
El resultado es una avalancha. Solicitudes reiteradas de justicia gratuita. Peticiones continuas de cambio de abogado. Escritos, recursos, reclamaciones, quejas deontológicas. Una cascada administrativa que obliga a los colegios a movilizar recursos sin tregua.
Mayllo contó un caso extremo sobre la mesa: un ciudadano que había agotado a treinta y cinco abogados de oficio sucesivamente, presentando queja tras queja contra cada uno. Personas que hacen uso de las amenazas, de las coacciones e incluso de conato de agresiones, según relató. Y cuando el colegio intentó ponerle freno, fue el propio Tribunal Superior de Justicia quien le dio la razón al querulante, no al colegio.
El problema es que, desde el Ministerio de Justicia, se obliga a los Colegios a dar servicio a esta tipología de personas, aún a sabiendas de lo que son.
La respuesta de Carmen Martín fue tan corta como demoledora: «Es que no podemos hacer nada». Mayllo solo conoce un precedente distinto, en Cataluña, donde un juzgado retiró la justicia gratuita por abuso de derecho. Uno. En treinta años de existencia de esta ley.
«Una película de Berlanga»
Si hay una escena que resumió el tono del debate fue esta: Mayllo describió a un abogado de oficio en un calabozo, obligado a preguntarle a su defendido por el código postal o el estado civil para rellenar la solicitud de justicia gratuita, mientras la persona espera saber qué va a pasar con su libertad.
«Entra dentro del absurdo, más bien para una película de Berlanga», resumió.
Hay que reconocer que el formulario, que llegó a tener 14 o 14 folios, hoy se ha reducido a tres.
Para Mayllo, siguen sobrando folios: en el ámbito penal, donde la asistencia letrada es obligatoria por ley, bastaría con la Declaración de Derechos que el propio detenido ya firma.
La inteligencia artificial: promesa y amenaza en la misma frase
El cierre lo marcó la pregunta obligada de estos tiempos: ¿qué papel jugará la inteligencia artificial en la justicia gratuita? Carmen Martín pidió cautela.
Hay que aprovechar la automatización, dijo, pero «estar muy atentos y muy vigilantes» ante sus riesgos. Adrián Gómez Linacero se mostró más optimista, confiando en que la robotización agilizará los trámites y mejorará la protección de datos personales.
Mayllo cerró el debate con la frase que resume mejor que cualquier cifra la tensión de toda la tarde. A
dvirtió de que la inteligencia artificial podría abrir una brecha entre los despachos grandes —con músculo para incorporarla— y los profesionales del turno de oficio, que corren el riesgo de quedarse atrás.
Una desigualdad que traicionaría el espíritu mismo de una ley pensada, hace treinta años, para que la calidad de la defensa no dependiera del bolsillo del cliente. «Invertir en el turno de oficio es invertir en democracia», sentenció.
