El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) tramitó 79.328 solicitudes de justicia gratuita entre enero y junio de este año. Son casi 7.500 más que en el mismo semestre de 2025.
La foto, sin embargo, tiene un reverso incómodo: el censo de letrados adscritos al servicio cae. A 30 de junio quedaban 4.649 abogados y abogadas de Oficio en Madrid, un 2,4% menos que 12 meses antes.
Más trabajo, menos manos. Esa es, en dos frases, la radiografía que el ICAM presentó ayer con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, una jornada que este año tenía además fecha redonda: se cumplen tres décadas de la Ley 1/1996, la norma que blindó en España el derecho de defensa para quien no puede pagársela.
Un aniversario con nombre propio
El acto sirvió también para saldar una deuda simbólica. El ICAM entregó la Encomienda de la Hermandad a Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia durante la tramitación y aprobación de aquella ley que, tres décadas después, sigue siendo la columna vertebral del sistema.
Porque de eso habló, sobre todo, el decano Eugenio Ribón. De columnas vertebrales. «Ninguna ley, por importante que sea, se cumple sola», dijo, antes de reivindicar a los profesionales que, guardia tras guardia, sostienen sobre el papel un derecho que la Constitución reconoce pero que alguien tiene que ejercer en comisaría a las tres de la madrugada.
«Cuando un abogado o una abogada del Turno de Oficio interviene, no solo está defendiendo a una persona concreta. Está defendiendo la igualdad ante la ley. Está defendiendo la dignidad de la justicia. Está defendiendo la propia Constitución».
Extranjería y violencia de género, los que más crecen
Los números del semestre confirman la tendencia. El Turno de Oficio realizó 65.167 asistencias letradas en funciones de guardia, un 10,7% más que el año pasado, con 19.483 guardias cubiertas (+5,3%). Y hubo 87.513 designaciones de letrado de Oficio, un 8,1% de subida.
Pero no todas las áreas crecen igual. Las asistencias en Extranjería se dispararon un 34,1%, hasta 5.104. Los rechazos en frontera subieron un 25,4%. Y la violencia de género, un 14%.
Son los tres apartados que más tensionan el servicio, y probablemente los que menos margen dan al abogado de guardia para improvisar: son materias donde el tiempo de reacción lo es todo.
Los procedimientos abreviados, que siguen concentrando el grueso del trabajo, crecieron un 8,3%, hasta 41.626 asistencias.
El penal manda, pero lo administrativo se dispara
Por jurisdicciones, penal sigue siendo, con diferencia, el gran consumidor de justicia gratuita: 42.550 solicitudes (+11%) y 50.423 designaciones (+7,5%). Es la lógica del sistema: donde hay detenidos, hay Turno de Oficio.
Lo llamativo está en otro sitio. El orden contencioso-administrativo —recursos contra la Administración, extranjería, sanciones— registró el mayor crecimiento porcentual de todas las áreas relevantes: un 41,2% más de solicitudes y un 30,5% más de designaciones.
Un salto que no pasa desapercibido y que apunta a un ciudadano cada vez más dispuesto a litigar contra el Estado cuando cree que sus derechos han sido vulnerados.
Treinta años, casi cuatro millones de expedientes
El ICAM aprovechó el aniversario para hacer, por primera vez, cuentas completas desde 1996. La suma impresiona: cerca de cuatro millones de solicitudes de justicia gratuita tramitadas, más de 3,47 millones de designaciones de letrado y más de 2,55 millones de asistencias al detenido en tres décadas de historia.
Es el músculo de un sistema que, según Ribón, empieza a notar la fatiga. El decano fue claro: la justicia gratuita «no debe entenderse como una responsabilidad que recaiga únicamente en la dedicación personal» de los profesionales ni en el esfuerzo de los colegios. Es un derecho de la ciudadanía y un servicio público que exige financiación «adecuada, estable y proporcional».
«La vocación es imprescindible, pero no puede sustituir a la financiación», advirtió. Y remató con una idea que puede resumir, de hecho, todo el debate pendiente sobre la reforma de la Ley de Justicia Gratuita: «Treinta años después, la sociedad ha cambiado. Las necesidades jurídicas han cambiado. La complejidad de los procedimientos ha cambiado. Las exigencias profesionales han cambiado. La ley también debe cambiar».
