Francisco Javier Lara Peláez, exdecano del Colegio de la Abogacía de Málaga, reivindica su decisión de no enviar letrados del turno de oficio a los juzgados sin garantías sanitarias durante la pandemia, cuando la gente moría a miles y no había vacunas.
Destaca que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha reconocido el contexto excepcional en el que se produjeron los hechos. La sentencia, adoptada por unanimidad, descarta cualquier delito de desobediencia. Los cinco magistrados del Supremo entienden que la cosa fue demasiado lejos.
¿Esperabas este desenlace?
Siempre he confiado en la justicia. Pensé que no llegaríamos a esta situación, que la inercia procesal se frenaría en algún momento, pero no fue así. Confiaba en la Audiencia de Málaga y no salió bien.
Sin embargo, en el Supremo siempre tuve la sensación de que, si el recurso era admitido, habría una sentencia absolutoria. Y así ha sido.
Hay algo difícil de entender: ni en primera ni en segunda instancia se tuvo en cuenta el contexto. Cuando ocurrieron los hechos toda España estaba confinada, no existían las vacunas, las personas morían a cientos cada día, la incertidumbre era completa. ¿Cómo es posible que eso no se valorara?
Tampoco lo entiendo. Se sacaron los hechos de su contexto. Vivíamos un momento de miedo generalizado: miles de fallecidos al día, sin medios de protección, sin mascarillas ni geles.
El propio Colegio de Abogados llegó a suministrar mascarillas a los juzgados porque no había. Yo hablaba a diario con la presidenta de la Audiencia y conocía la situación de abandono. Por eso cuesta comprender que no se valorara ese contexto tan grave.
Le pidieron, desde el juzgado de guardia, que enviara a cuatro abogados a la Ciudad de la Justicia a asistir a cuatro detenidos. Abogados del turno, padres de familia. ¿Sintió que, de aceptar la orden, los enviaba al matadero?
Exactamente. Lo tuve claro: prefería sentarme en el banquillo antes que enviar a mis compañeros al matadero. Esa fue mi impresión. No existían condiciones de seguridad. Como no se garantizaban esas medidas y se nos obligaba a acudir, la Junta de Gobierno del Colegio, por unanimidad, decidió no hacerlo para no poner en peligro la vida de nadie.
¿Cree que su firmeza pudo interpretarse como un pulso a la autoridad?
Probablemente se interpretó así, como un enfrentamiento, pero no lo era. Nos daba igual quién firmara la orden; solo nos preocupaba la salud de los compañeros. Siempre lo he dicho: si hubiéramos hecho lo contrario y hubiera fallecido alguien, no podría convivir con mi conciencia el resto de mi vida.
¿Le ha pesado este proceso?
Menos de lo que muchos piensan. Actuamos convencidos de que hacíamos lo correcto y asumimos las consecuencias. Con la conciencia tranquila, el peso es menor. Sí ha habido efectos negativos: algún cliente ha preferido evitar a un abogado sometido a un proceso penal por miedo a verse perjudicado. Es comprensible, pero ha ocurrido.
La abogacía de base de toda España ha estado con usted desde el minuto uno.
Desde el primer momento. He recibido un apoyo y un cariño extraordinarios, tanto de compañeros como de muchos ciudadanos. Es algo que no podré agradecer lo suficiente.
Su defensa, que ha dirigido José Javier Polo, ha sido clave, ¿no?
Sin duda. José Javier hizo un trabajo magnífico; su informe fue brillante y la sentencia recoge buena parte de sus argumentos. También quiero recordar a Toni Caba, que llevó la instrucción y marcó la línea de defensa. Fue fundamental.
El fallo ha sido unánime, cinco magistrados de máximo prestigio. Para quien conoce la jurisdicción penal, eso tiene un valor especial.
Mucho. Que una Sala de ese nivel se pronuncie por unanimidad refuerza la idea de que aquí no hubo delito. Al final, la justicia y el sentido común deben ir de la mano, y eso es lo que ha ocurrido.
Aunque esto no debió llegar tan lejos, el Supremo ha puesto las cosas en su sitio.
