Hay momentos en la historia de una nación en los que gobernar significa elegir entre lo terrible y lo insoportable.
España vivió uno de esos momentos hace veintinueve años.
El 10 de julio de 1997, ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua. Tenía 29 años. No era un dirigente político relevante. No ocupaba un cargo de poder. Era un joven que trabajaba, tocaba la batería y participaba en la vida política de su pueblo.
Precisamente por eso lo eligieron.
ETA no buscaba solamente una víctima.
Buscaba un rehén.
Y, a través de él, pretendía tomar como rehén a todo un Estado.
La organización terrorista dio al Gobierno un ultimátum de 48 horas: si no atendía su exigencia de trasladar a los presos de ETA a cárceles del País Vasco, Miguel Ángel Blanco sería asesinado.
Pocas veces un reloj ha pesado tanto sobre una democracia.
Durante aquellas horas, el tiempo dejó de medirse en minutos. Se medía en angustia.
Cada minuto que pasaba acercaba a Miguel Ángel Blanco al final del ultimátum.
Millones de españoles esperaban pendientes de un reloj que nadie podía detener. Su familia esperaba una llamada, una noticia, un milagro. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo buscaban desesperadamente, sabiendo que cada segundo perdido podía ser irrecuperable.
Y mientras el tiempo se agotaba, España entera comenzó a salir a la calle.
Miles de ciudadanos levantaban sus manos blancas y pedían una sola cosa.
Que no lo mataran.
Y el Gobierno tenía que decidir.
Esa es quizá la dimensión más terrible de aquellos días y la que, con el paso del tiempo, corremos el riesgo de olvidar.
Fue un intento de chantaje moral al Estado
ETA colocó deliberadamente al Estado ante un chantaje moral de una crueldad difícil de describir.
Si el Gobierno cedía, Miguel Ángel podía vivir.
Si no cedía, ETA anunciaba que lo mataría.
En 48 horas.
La formulación era monstruosamente sencilla.
Y precisamente por eso era diabólica.
Porque el terrorismo pretendía trasladar al Estado la responsabilidad de un crimen que únicamente pertenecía a los terroristas.
Si Miguel Ángel moría, querían que una parte de la sociedad preguntara: ¿por qué el Gobierno no hizo algo para salvarlo?
Ese era el verdadero mecanismo del chantaje.
No bastaba con secuestrar a un hombre.
Había que secuestrar también la conciencia de quienes tenían la responsabilidad de gobernar.
ETA había convertido la vida de un hombre en un reloj y la conciencia de un Gobierno en su campo de batalla.
Pocas veces un Gobierno democrático ha soportado una presión semejante.
Quienes tuvieron que tomar aquella decisión sabían que detrás de cada reunión, de cada llamada y de cada hora que transcurría había un joven atado, indefenso, esperando quizá una salvación que no llegaba.
Pero sabían también algo más.
ETA no discutía una decisión concreta del Gobierno.
Discutía quién mandaba en España.
Un Estado de Derecho no puede gobernarse bajo la amenaza de una pistola.
El Gobierno no tenía únicamente una responsabilidad política.
Tenía también una obligación democrática y constitucional.
Ningún poder del Estado puede alterar sus decisiones porque una organización terrorista amenace con asesinar a un ciudadano.
Porque, si lo hace, deja de decidir conforme al Derecho para empezar a decidir conforme al miedo.
Y cuando el miedo sustituye a la ley como fuente de las decisiones públicas, la democracia comienza a desaparecer.
En una democracia, sólo la ley puede obligar al Estado.
Nunca las armas.
Ceder podía salvar una vida.
Pero también podía condenar muchas otras.
Porque después de Miguel Ángel habría otro rehén.
Y después, otro.
Cada secuestro se convertiría en una negociación.
Cada amenaza, en una exigencia.
Cada asesinato anunciado, en un instrumento de gobierno.
El terrorista habría aprendido que bastaba con elegir una víctima, ponerle una pistola en la cabeza y activar un reloj.
Por eso aquellas 48 horas fueron mucho más que un secuestro.
Fueron un ataque directo a la soberanía democrática del Estado.
ETA pretendía demostrar que podía obligar a un Gobierno legítimo a actuar bajo sus órdenes.
Que podía gobernar España durante 48 horas.
Y no pudo.
El Estado no cedió
Conviene decirlo hoy con toda claridad: aquella decisión no fue indiferencia ante la vida de Miguel Ángel Blanco.
Fue exactamente lo contrario.
Fue la decisión terrible de quienes comprendieron que la responsabilidad de su muerte nunca podía trasladarse desde los asesinos hasta quienes se negaban a obedecerlos.
Miguel Ángel Blanco no murió porque el Gobierno no cediera.
Murió porque ETA decidió ejecutarlo.
No existe ninguna equidistancia posible.
No existe ningún «pero».
No existe ninguna explicación política capaz de diluir la responsabilidad moral y criminal de quienes secuestraron a un joven, lo mantuvieron cautivo durante dos días y, cumplido el plazo que ellos mismos habían fijado, ejecutaron su amenaza.
ETA apretó el gatillo.
ETA asesinó.
Y esa verdad debe permanecer intacta.
Pero mientras el Estado soportaba aquella presión indescriptible, ocurrió algo que los terroristas no habían previsto.
España salió a la calle.
Millones de ciudadanos dejaron de ser espectadores.
Durante décadas, ETA había construido buena parte de su poder sobre el miedo.
El miedo a hablar.
El miedo a significarse.
El miedo a señalar al terrorista.
El miedo, incluso, a acompañar públicamente a las víctimas.
En aquellas 48 horas, algo se rompió.
El miedo empezó a cambiar de bando.
Las calles se llenaron de manos blancas.
De gritos de «¡Basta ya!». De ciudadanos que comprendieron que la libertad no se defiende únicamente en los
