«Aquí no volverán a haber elecciones» — Daniel Ortega, Managua, 19 de julio de 2026.
Hay frases que no admiten glosa. El pasado 19 de julio, en la Plaza de la Fe de Managua, durante el acto por el 47.º aniversario del triunfo sandinista, Daniel Ortega —80 años, 19 de ellos consecutivos en el poder— anunció que en Nicaragua no volverá a haber elecciones, para que la oposición no intente por esa vía «atrapar el gobierno».
La plaza aplaudió largamente. En esa clase de actos, el aplauso es la única forma de sufragio que queda.
Lo revelador llegó dos días después. El 21 de julio, la Asamblea Nacional anunció que abría un «plan de trabajo» junto al Consejo Supremo Electoral para determinar los pasos constitucionales, legales y formales que permitirán —según la nota oficial— garantizar las bases jurídicas de la reforma.
Es decir: un régimen que acaba de declarar prescindibles las urnas se apresura a construir el fundamento normativo de esa prescindencia. La liturgia de la legalidad sobrevive intacta a la muerte de la legalidad.
Quien haya tenido alguna vez un expediente de esta naturaleza sobre la mesa reconoce el gesto de inmediato. No es hipocresía: es método.
La forma es lo último que se abandona, porque es lo único que puede exhibirse. Y conviene ser preciso sobre lo que ocurrió ese domingo, porque buena parte de la reacción internacional lo ha descrito mal.
No murió la democracia nicaragüense. Esa llevaba años enterrada, y su acta de defunción tiene varias firmas y varias fechas. Lo que murió el 19 de julio es otra cosa, y su jurisdicción es mucho más amplia que Nicaragua.
Lo que ya estaba muerto
La agonía tiene cronología documentada. En 1999, Ortega pactó con el entonces presidente Arnoldo Alemán un reparto de instituciones cuya pieza más duradera fue la rebaja del umbral presidencial: dejó de hacer falta el 50 por ciento para evitar la segunda vuelta, y con esa llave el propio Ortega recuperó el poder en 2006 con apenas un treinta y ocho por ciento de los votos.
En abril de 2018, la represión de las protestas dejó más de 300 muertos documentados por organismos internacionales.
En 2021 se celebraron comicios con los principales aspirantes en prisión.
Ese mismo noviembre, Managua denunció la Carta de la OEA por la vía del artículo 143, con efectos consumados el 19 de noviembre de 2023.
Y en febrero de 2025 entró en vigor una reforma constitucional que amplió el mandato de cinco a seis años, creó la figura de la copresidenta para Rosario Murillo, degradó los poderes del Estado a la condición de «órganos» coordinados por el Ejecutivo y legalizó la apatridia como sanción política.
Nada de eso es nuevo y nada de eso justifica el sobresalto de esta semana. Lo que sí es nuevo —y lo que explica por qué esta columna se ocupa de un país de apenas siete millones de habitantes— es de naturaleza distinta.
Desde el compromiso de Santiago de 1991 y, sobre todo, desde la Carta Democrática Interamericana de 2001, el hemisferio funcionó sobre una convención tácita: la elección periódica era la moneda mínima de curso legal.
Se podía falsificar, y se falsificó con entusiasmo. Se compraron votos, se inhabilitaron candidatos, se encarcelaron rivales, se cocinaron escrutinios.
Pero todos los autócratas de la región siguieron acuñando la moneda, porque la falsificación presupone el valor de lo falsificado.
Ortega es el primero que anuncia en voz alta, y somete a trámite parlamentario, que deja de acuñarla. No es que retire de circulación una moneda buena: es que declara que la ceca cierra.
El cálculo del 19 de julio
La pregunta pertinente no es por qué Ortega quiere gobernar sin elecciones —eso lleva veinte años contestado— sino por qué se atreve a decirlo precisamente ahora, con la captura de Nicolás Maduro todavía fresca y la flota estadounidense operando en el Caribe.
La respuesta incómoda es que ha leído el mapa mejor que sus críticos.
Kai Thaler, profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara y probablemente el analista con la mirada más fría sobre el caso nicaragüense, publicó en junio en el Georgetown Journal of International Affairs un argumento que merece atención.
Sostiene que un cambio de régimen dirigido desde Washington es improbable en Nicaragua por tres razones convergentes: la personalización familiar del poder ha eliminado cualquier sucesor instalable —no hay allí una Delcy Rodríguez a la que reconocer al día siguiente—; el país carece de la riqueza de recursos que hizo atractiva la operación venezolana; y Nicaragua nunca ha sido, desde 1990, una prioridad de la política exterior estadounidense, ni tiene un exilio con el peso político del cubano.
El propio régimen se ha encargado de vaciar el banquillo. Bayardo Arce, último dirigente de la generación revolucionaria que permanecía junto a Ortega y arquitecto durante años de las finanzas del sandinismo, está preso desde julio de 2025 y fue condenado por blanqueo en enero de este año.
Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, añade un matiz que conviene retener: el capital político de Murillo con el Ejército es transaccional, no ideológico, y podría erosionarse si cambia la ecuación de costes y beneficios. Pero un ejército cooptado que calcula no es un ejército que conspira.
De ahí la lección que Managua ha extraído y que toda la región está en condiciones de extraer. No es «no desafíes a Washington».
Es algo bastante peor: no tengas nada que Washington quiera. La pobreza, que durante dos siglos fue en Centroamérica sinónimo de vulnerabilidad, acaba de revelarse como blindaje.
La palanca que no es económica
La lectura convencional sostiene que China y Rusia ganan en Nicaragua una palanca sobre el patio trasero norteamericano, ahora que Venezuela ha cambiado de manos y Cuba se sostiene con respiración asistida.
La lectura convencional es correcta en la conclusión y errónea en el mecanismo, y el error importa porque conduce a políticas equivocadas.
Nicaragua rompió con Taipéi en diciembre de 2021 y firmó con Pekín un tratado de libre comercio —lo rubricó Laureano Ortega Murillo con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao— que entró en vigor el 1 de enero de 2024.
Casi tres años después, China sigue absorbiendo menos del 2 por ciento de las exportaciones nicaragüenses. Los datos del Banco Central son elocuentes hasta la crueldad: hasta septiembre de 2025, Nicaragua había exportado a China 70 millones de dólares e importado 1.341. El tratado no ha abierto un mercado; ha abierto un desagüe.
Mientras tanto, el oro —1.160 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2026, casi un tercio de todas las exportaciones del país— viaja mayoritariamente al mercado estadounidense, igual que el café, la carne y los arneses de las zonas francas.
Las remesas equivalieron, según el Fondo Monetario Internacional, al 29,5 por ciento del producto interior bruto en 2025; solo en el primer trimestre de ese año, el 83,8 por ciento procedió de Estados Unidos.
Súmese la decisión de la Oficina del Representante Comercial estadounidense de aplicar a los productos no amparados como originarios por el CAFTA-DR aranceles escalonados —cero en 2026, diez por ciento en 2027, quince en 2028, acumulables con el arancel recíproco vigente— y el cuadro queda completo.
El régimen que acaba de clausurar la vía electoral y autoriza semestralmente la entrada de contingentes rusos subsiste, en una proporción decisiva, del dinero que le envían desde el país al que insulta los mismos ciudadanos a los que expulsó.
Si la palanca de Pekín fuese comercial, Pekín no la tendría. China no ha comprado la economía nicaragüense: ha comprado una posición, y la ha comprado barata.
La palanca que sí es jurídica
La pobreza no opera aquí como causa, sino como cifra de la irrelevancia estratégica: pocos recursos codiciables, escasa presión política interna en Washington y ningún sucesor fácilmente instalable.
Precisamente por eso Nicaragua sale barata como banco de pruebas. Y conviene distinguir qué busca cada cual: Pekín compra influencia diplomática; Moscú ensaya arquitectura jurídica exportable.
Lo que Rusia ha obtenido en Managua no se mide en toneladas ni en barriles. Se mide en instrumentos. Y aquí es donde el asunto deja de ser una curiosidad centroamericana para convertirse en un problema de orden internacional.
Considérese la pieza primera, que es de manual.
En Managua funciona desde hace años un Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia.
El acuerdo que lo sostiene fue ratificado el 2 de abril de 2024, aprobado por la Asamblea Nacional con 80 votos y 10 abstenciones, publicado en La Gaceta y suscrito durante la visita del general Nikolái Pátrushev.
Sus términos son notables: el centro opera bajo personalidad jurídica nicaragüense, pero sus propiedades pertenecen a la Federación de Rusia y el personal ruso destacado goza de inmunidad.
Eso, en lenguaje llano, no es una escuela de policía. Es un estatuto cuasi extraterritorial negociado, del género de aquellos privilegios jurisdiccionales que Europa impuso a China en el siglo XIX y que China no ha olvidado jamás. El Tesoro estadounidense sancionó el centro el 15 de mayo de 2024.
La segunda pieza es el acuerdo de cooperación militar firmado en Moscú el 22 de septiembre de 2025 por el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, y el jefe del Ejército nicaragüense, general Julio César Avilés.
La Duma lo ratificó el 22 de abril de este año y el Consejo de la Federación el 29. Vigencia inicial de cinco años, prórroga automática, intercambio de inteligencia, adiestramiento conjunto, guerra radioelectrónica.
En paralelo, el Decreto Presidencial 05-2026, publicado en La Gaceta el 29 de mayo, autorizó el ingreso rotatorio de varios contingentes militares rusos durante el segundo semestre de 2026.
La tercera pieza es la que menos titulares ha merecido. En enero de 2026, Rusia culminó la ratificación de un pacto con Nicaragua de protección recíproca de los ciudadanos de ambos países frente a lo que los firmantes denominan abusos en el ámbito de la justicia internacional.
Conviene medir bien su alcance, porque es menor y más eficaz de lo que aparenta. El pacto no deroga la jurisdicción penal internacional ni vuelve lícito lo ilícito: un tratado bilateral no vincula a terceros Estados ni desplaza normas imperativas.
Hace algo más prosaico y acaso más útil a sus firmantes: compromete a ambas partes a denegar extradiciones y a obstaculizar otras formas de cooperación y ejecución, y ofrece a sus dirigentes un refugio recíproco frente a actuaciones futuras.
Y conviene añadir el dato que casi nadie menciona: Nicaragua no es Estado parte del Estatuto de Roma. Durante años incluyó, en las resoluciones de la Asamblea General de la OEA, una declaración según la cual no podía acompañar el texto porque en el país «no existen aún las condiciones propicias» para adherirse a la Corte Penal Internacional.
De modo que la primera barrera frente a la Corte no la construyó el pacto con Moscú, sino la decisión sostenida durante casi un cuarto de siglo de permanecer fuera del Estatuto. El acuerdo de enero no inaugura esa impunidad: la formaliza, la amplía y la eleva a escritura pública.
La cuarta pieza es la retirada de la OEA, consumada en noviembre de 2023 por la vía del artículo 143 de su Carta.
Con ella, Managua neutralizó el mecanismo político de garantía democrática de la organización. No extinguió, en cambio, la competencia de la Comisión ni de la Corte Interamericana, porque Nicaragua no ha denunciado la Convención Americana y aceptó la jurisdicción contenciosa del tribunal de San José por declaración de enero de 1991.
Y ocurre algo peor que la desconexión: esa jurisdicción sobrevive en el papel y está inerte en la práctica. El régimen expulsó en diciembre de 2018 al mecanismo de seguimiento de la Comisión e incumple las medidas provisionales sin coste apreciable. La impunidad no se obtuvo saliendo: se obtuvo incumpliendo gratis.
Súmense las cuatro y aparece lo que realmente se ha construido en Managua: no una base, sino un modelo. Una arquitectura de impunidad documentada, publicada en diario oficial, ratificada por parlamentos y perfectamente disponible para quien quiera copiarla.
Su virtud principal, desde el punto de vista de sus promotores, es que apenas cuesta dinero.
El contraargumento serio
El lector escéptico —y hace bien en serlo— dispone de un contraargumento sólido, que conviene exponer en su mejor versión y no en una caricatura.
Nicaragua es un país sin petróleo, sin estrecho, sin masa demográfica y sin capacidad de proyección. Unos pocos centenares de militares rusos rotatorios no son una base: son un gesto.
China le compra el 2 por ciento de lo que produce. Y el hemisferio, lejos de deslizarse hacia el eje euroasiático, acaba de girar en dirección contraria: desde comienzos de 2025, candidaturas de derecha de perfiles muy dispares han ganado las siete presidenciales celebradas en la región —Daniel Noboa en Ecuador, Rodrigo Paz en Bolivia, Nasry Asfura en Honduras, José Antonio Kast en Chile, Laura Fernández en Costa Rica, Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia—.
Ese giro se suma a gobiernos instalados con anterioridad, como los de Milei y Bukele, y deja pendiente Brasil en octubre.
El argumento es correcto en el plano militar y equivocado en el normativo, que es el que decide a largo plazo. Los precedentes no necesitan masa: necesitan estar documentados y sobrevivir.
Y las arquitecturas jurídicas tienen sobre los ciclos electorales una ventaja decisiva: suelen sobrevivir a quienes las aprobaron. Los gobiernos de derecha que hoy celebran el cerco a Caracas gobernarán cuatro o cinco años; el acuerdo ruso-nicaragüense se prorroga solo, y el pacto de protección recíproca frente a la justicia internacional no tiene fecha de caducidad ni depende de que nadie lo revalide en las urnas.
Hay además una consecuencia que ninguna cancillería de la región formulará en voz alta, pero que cabe extraer de la secuencia venezolana y de la excepción nicaragüense.
Una doctrina implícita: la soberanía se respeta en función del subsuelo. Un Estado con hidrocarburos aprende que su riqueza es una hipoteca sobre su independencia; un Estado sin ellos, que su miseria le compra margen.
Es difícil imaginar un incentivo peor para una región que lleva medio siglo intentando convencerse de que la ley vale más que la fuerza.
Lo que permanece
La sede de la Organización de Estados Americanos en Managua lleva cerrada desde abril de 2022, con la policía nacional montando guardia en la puerta el día en que se echó la llave.
Nadie ha vuelto a preguntar por ella. La Carta Democrática Interamericana sigue proclamando que las elecciones periódicas, libres y justas son elemento esencial de la democracia representativa; el tribunal de San José conserva su jurisdicción sobre Nicaragua y sigue dictando resoluciones que el régimen incumple.
Los textos siguen ahí. Lo que ha desaparecido es una fuerza capaz de hacerlos cumplir.
Mientras tanto, en el edificio de la Asamblea Nacional un equipo de juristas trabaja en el plan de trabajo anunciado el 21 de julio. Redactarán una exposición de motivos. Habrá dictámenes de comisión, votación nominal, publicación en La Gaceta y entrada en vigor a los quince días. El expediente se tramitará y se archivará conforme a derecho.
En Managua ya no harán falta escrutadores. Seguirá haciendo falta un notario.
