La pregunta que dejan los incendios de este verano no es solo cuántas hectáreas se han quemado, sino quién responde por lo que se ha quemado.
Y ahí aparece una laguna que, según fuentes del sector asegurador consultadas por Confilegal, ya no puede seguir tratándose como una anomalía técnica: España carece de un seguro obligatorio de catástrofes que cubra las consecuencias patrimoniales de los incendios forestales.
Los fuegos han arrasado ya más de 131.000 hectáreas en España desde principios de 2026 y han dejado a decenas de miles de personas sin vivienda, vehículo o negocio, con los focos más recientes concentrados en Madrid, Toledo, Ávila y Castellón.
Frente a esa magnitud, el sistema español de protección frente a catástrofes responde con una asimetría llamativa.
A diferencia de lo que ocurre con inundaciones o terremotos, cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), no existe un sistema de garantía colectivo que proteja frente a los incendios forestales que arrasan poblaciones e incluso desbastan comarcas y provincias.
Sólo quien haya contratado un seguro ordinario podrá obtener un resarcimiento.
Sobre esta ausencia de cobertura colectiva se construye la propuesta que trasladan las fuentes consultadas: el establecimiento de un seguro obligatorio para todo tipo de inmuebles que otorgue cobertura de seguro frente a las consecuencias de los incendios forestales.
El principio no es nuevo. Analógicamente sostiene ese sistema el Consorcio de Compensación de Seguros desde su consolidación como asegurador de los riesgos extraordinarios desde su creación: cuando un siniestro desborda lo que sería un daño ordinario y previsible, deja de ser solo una pérdida individual y se convierte en una merma del patrimonio colectivo.
Y eso, argumentan estas fuentes, justifica una cobertura obligatoria que sea financiada por el conjunto de la sociedad y no por la voluntad —o la capacidad económica— de cada propietario que libremente pueda o quiera asegurarse.
No hace falta inventar el mecanismo. Ya existe, y funciona, en el seguro obligatorio de autos, donde el Consorcio actúa como fondo de garantía cuando el vehículo causante del daño carece de póliza.
Trasladado a los inmuebles, el planteamiento se traduciría en un recargo menor —las fuentes apuntan a un 2% o un 3%, aplicado por ejemplo sobre el IBI— que financiaría una cobertura mínima garantizada para cualquier propietario afectado por un incendio de magnitudes desproporcionadas.
Con independencia, subrayan, de si había contratado o no un seguro voluntario.
Hay un segundo dato que estas fuentes esgrimen para reforzar el argumento, y es lo que está aflorando sobre el terreno en la actual oleada: niveles de infraseguro que califican de «brutales» entre los propietarios de las zonas quemadas.
Viviendas y explotaciones aseguradas muy por debajo de su valor real —hasta un 30% o un 40% menos del importe de los daños, en algunos de los casos que manejan—.
La consecuencia es perversa: incluso quien contrató una póliza privada puede quedar, en la práctica, con una protección muy insuficiente aunque siempre será mejor que quien no aseguró nada.
Para estas fuentes, ese es precisamente el síntoma de que el aseguramiento voluntario no basta para un riesgo de esta escala y necesita un suelo obligatorio por debajo.
Citan un precedente: la Dana de Valencia de 2024, que puso en evidencia la inexistencia de cobertura de seguro en una gran parte de los perjudicados, así como la insuficiencia del aseguramiento contratado mayoritariamente.
Si aquel episodio sirvió para visibilizar los límites de la cobertura frente a inundaciones extraordinarias, los incendios de este verano —sostienen las fuentes consultadas— exponen el mismo problema en un riesgo que, a día de hoy, ni siquiera figura en el catálogo del seguro obligatorio de catástrofes.
Ni el Consorcio de Compensación de Seguros ni el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico —tomador del seguro de daños personales para quienes participan en la extinción— se han pronunciado sobre una eventual incorporación del incendio forestal a los riesgos extraordinarios cubiertos por el sistema. Lo que sería una magnífica solución.
