La negociación sigue abierta. A pocas horas de que el Consejo de Ministros apruebe previsiblemente este martes el Real Decreto-ley de vivienda, Sumar sostiene que el acuerdo con el PSOE «todavía no está cerca».
El socio minoritario del Gobierno de coalición mantiene sobre la mesa dos exigencias que califica de irrenunciables: la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación del alquiler de habitaciones.
Ambas figuran en el borrador que Sumar remitió ayer al Ministerio de Vivienda, según trasladaron fuentes de la formación a última hora de la tarde. Quedan, en sus palabras, «elementos imprescindibles» en discusión.
La posición no admite matices en su formulación. «Rebajar la ambición del texto no es una opción», advierten desde Sumar, que añade que la norma «debe estar a la altura de lo que pide la gente». Las dos reclamaciones coinciden con las planteadas por el Sindicato de Inquilinas.
El vacío de las habitaciones
El alquiler por habitaciones quedó fuera del ámbito de aplicación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
Sumar sostiene que ese hueco se ha convertido en una de las principales vías de entrada de la especulación y de los abusos en el mercado del alquiler. Incluirlo en el nuevo texto supondría extender a esta modalidad un marco de protección del que hoy carece.
La renovación automática responde a otra lógica. Según la formación, aportaría estabilidad y certidumbre a largo plazo, y no solo a los inquilinos: también a los propietarios.
El portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, elevó el tono en la red social X. Quedan horas «útiles», escribió, para cerrar un acuerdo «sin coladeros por donde la especulación vuelva a colarse» y que permita decir «adiós a los buitres». Y añadió: «Larga es una noche esperando un desahucio o con el insomnio de no poder pagar 1.000 euros por tu casa».
Lo que ya estaría pactado
No todo está en el aire. Hacia las 19.30 horas, fuentes de Sumar explicaron que las conversaciones de las últimas horas habían permitido incorporar al decreto la congelación de los precios y una prórroga de dos años para todos los contratos de alquiler, hasta el 31 de diciembre de 2028.
Sumar presenta esta medida como una reivindicación que venía defendiendo desde hace más de un año. Según la propia formación, la falta de avances en esta materia llegó a motivar que sus ministros se ausentaran de una reunión del Consejo de Ministros.
Por ahora, esta versión procede exclusivamente de Sumar. No consta pronunciamiento público del PSOE ni del Ministerio de Vivienda sobre el alcance de lo acordado ni sobre las discrepancias pendientes.
Qué viene después
Si el Consejo de Ministros lo aprueba este martes, el texto entrará en vigor como real decreto-ley, pero su supervivencia dependerá del Congreso. El artículo 86 de la Constitución obliga a someterlo a convalidación en un plazo de treinta días desde su promulgación, en una votación de totalidad, sin posibilidad de enmiendas salvo que la Cámara acuerde tramitarlo después como proyecto de ley.
Sumar ha subrayado que seguirá trabajando para que el decreto que salga de La Moncloa incorpore medidas dirigidas a frenar la especulación y a garantizar el derecho a la vivienda, y que recoja las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas y de las movilizaciones celebradas en distintos puntos del país.
