El Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado en consideración la Proposición de Ley Orgánica del Grupo Parlamentario Popular que modifica el artículo 307 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, precepto que regula el curso de selección de quienes aspiran a ingresar en la Carrera Judicial.
La iniciativa salió adelante con 295 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones, con el respaldo del PSOE.
El texto no parte de cero. Reproduce, en lo esencial, la propuesta que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad el 12 de marzo de 2026.
La Mesa del Congreso la admitió a trámite el 8 de junio y el Boletín Oficial de las Cortes Generales la publicó el día 12 de ese mismo mes.
¿Qué cambia? Sobre todo, el orden de las piezas. El esquema vigente es sucesivo: primero la formación teórica en la Escuela Judicial, después las prácticas.
La proposición lo sustituye por un modelo más intensivo y flexible en el que ambas fases pueden desarrollarse de manera simultánea y coordinada. El curso de selección tendría una duración mínima de nueve meses, y las prácticas tuteladas, de al menos cuatro.
La finalidad declarada es doble: cubrir con mayor rapidez las vacantes judiciales y mejorar la eficiencia del sistema sin rebajar las exigencias formativas.
La supresión de mayor calado afecta a la fase de sustitución y refuerzo. En ella, los jueces en prácticas ejercen hoy funciones jurisdiccionales con una amplitud comparable a la de un titular.
La exposición de motivos sostiene que esa etapa carece de «autonomía formativa real» y que eliminarla permitiría acelerar la incorporación de los nuevos magistrados a los órganos judiciales.
Durante las prácticas tuteladas, los aspirantes recuperarían la denominación de «jueces adjuntos». S
u tarea sería, fundamentalmente, de auxilio y colaboración: podrían redactar borradores o proyectos de resolución e incluso dirigir vistas y actuaciones, aunque siempre bajo la supervisión y dirección del juez titular.
El texto blinda tres materias dentro de la formación teórica: igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres; legislación contra la violencia sobre la mujer; y normativa nacional e internacional sobre derechos de la infancia y la adolescencia.
Gana peso, además, la evaluación continua. Superar el curso dependería tanto de la valoración de la formación presencial como del rendimiento en las prácticas tuteladas. Aprobado el curso, la Escuela Judicial formularía la propuesta de nombramiento siguiendo el orden de los aspirantes, y el CGPJ efectuaría formalmente el nombramiento.
«Una política de Justicia de Estado»
Defendió la iniciativa Cuca Gamarra, diputada del PP y vocal de la Comisión de Justicia, quien recordó que fue el propio Pleno del CGPJ el que, por unanimidad, reclamó una reforma de la Escuela Judicial en la misma dirección. Gamarra calificó la propuesta de «garantista» y la enmarcó en la «regeneración» de una política de Justicia que, a su juicio, debe ser «de Estado».
Según la diputada, la norma permitirá «lograr una más ágil y eficaz cobertura de las plazas judiciales». El solapamiento entre la fase teórica multidisciplinar y las prácticas tuteladas, dentro de un modelo integrado y, en sus palabras, sin merma de la calidad, podría recortar hasta en nueve meses el plazo que transcurre hasta que los nuevos jueces se incorporan a los tribunales de instancia.
Lo que queda por delante
La toma en consideración es solo el primer peldaño. La proposición inicia ahora su tramitación parlamentaria, con plazo de enmiendas y paso por la Comisión de Justicia.
Al tratarse de una ley orgánica, necesitará en el Congreso la mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del texto antes de su remisión al Senado. El margen obtenido este martes supera con holgura ese umbral, aunque el contenido definitivo dependerá de las enmiendas que se incorporen.
La finalidad declarada es doble: cubrir con mayor rapidez las vacantes judiciales y mejorar la eficiencia del sistema sin rebajar las exigencias formativas. Si el diseño logra ambas cosas a la vez es la cuestión que el debate en comisión tendrá que despejar.
