«La crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados» — Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Cuaderno 3.
Que el Gobierno está acabado no necesita demostración: lo dicen sus socios, lo dicen tres Presupuestos prorrogados y lo dicen las encuestas.
Que nadie sepa cuándo terminará tampoco: el botón del artículo 115 lo tiene el presidente y lo apretará cuando el último euro europeo esté gastado, no antes.
Lo que sí necesita examen es otra cosa: qué recibirá exactamente el heredero.
En Derecho de sucesiones, el patrimonio que queda sin titular entre la muerte del causante y la aceptación del heredero se llama herencia yacente.
Nadie dispone de él, pero se deteriora, los acreedores acechan y los terceros toman nota. Y de todos los bienes de esa herencia, el que más se ha depreciado en estos meses es el que menos se ve desde dentro: la posición exterior de España.
Hagamos el inventario. No el doméstico, que ya conocemos todos, sino el que tendrá sobre la mesa el próximo ministro de Exteriores, sea quien sea, la mañana siguiente a su toma de posesión.
Partida primera: Rabat ha fijado el precio de la impunidad
El jueves 3 de septiembre, a la hora en que el presidente afirmaba en el Congreso que no existen «pruebas» contra Marruecos por lo ocurrido en Ceuta, en la Audiencia Nacional obraba ya un informe de la Policía Nacional que califica la entrada de los días 30 y 31 de julio como «planificada», en ningún caso «espontánea», y sitúa entre sus organizadores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes. Dos relatos del mismo hecho, emitidos a la misma hora por dos poderes del mismo Estado.
Los ceutíes entendieron rápido lo que eso significaba: al día siguiente su Gobierno se personaba como acusación particular para que nadie pudiera torpedear la instrucción de la magistrada María Tardón. Cuando el perjudicado tiene que nombrarse a sí mismo administrador de la herencia, es que la yacencia ha llegado lejos.
La secuencia que conduce aquí es breve y demoledora. En 2022 el presidente entregó a Rabat, por carta y sin debate parlamentario, el activo diplomático más valioso que España conservaba en el Magreb: su posición sobre el Sáhara Occidental.
A cambio, una relación estable con el vecino del sur. La factura inmediata fue la ruptura con Argelia, que suspendió el tratado de amistad durante cuatro años.
El 20 de julio de 2026 el presidente viajó a Argel para escenificar la reconciliación. Diez días después, 72.000 personas cruzaban a Ceuta ante la pasividad inicial de las fuerzas marroquíes, según describieron sobre el terreno los corresponsales de medio mundo, y al menos un centenar murieron en el intento.
Puede ser coincidencia. Un informe policial en sede judicial sostiene que no lo es. El Gobierno sostiene que ese informe carece de valor probatorio.
No hace falta resolver quién tiene razón para medir el daño. Basta observar cómo ha reaccionado el Estado español a la mera hipótesis de que un vecino haya utilizado a decenas de miles de sus propios ciudadanos como ariete contra una ciudad española: ha reaccionado pidiendo prudencia, negando que exista una «política de apaciguamiento» y anunciando que no abrirá un conflicto diplomático sin «datos sólidos».
Puede que la prudencia sea la virtud correcta. Pero la prudencia, en relaciones internacionales, no se declara: se ejerce desde una posición de fuerza, y la posición de fuerza se regaló en 2022.
Lo que Rabat ha aprendido este verano es el precio exacto de la impunidad, y lo que el próximo Gobierno español aprenderá es que ese precio ya está fijado y que él no lo negoció.
Esa es la primera partida del pasivo: un vecino que sabe que puede, y un Estado que ha demostrado que no responde.
Hay un pliegue jurídico que agrava la partida. La entrada masiva se apoyó en una campaña de desinformación que tergiversaba una sentencia del Tribunal Supremo de junio sobre las devoluciones sumarias de quienes intentan llegar a Ceuta y Melilla a nado.
El Supremo se limitó a interpretar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería como cualquier tribunal serio la habría interpretado: el rechazo en frontera solo cabe frente a quien fuerza los elementos de contención del perímetro terrestre.
Resolución impecable, sin desarrollo alguno por parte del Ejecutivo. Cuando las redes convirtieron «el Supremo limita las devoluciones» en «la frontera está abierta», no había en Madrid nadie preparado para desmentirlo antes de que fuera tarde.
Un Gobierno que funciona anticipa las consecuencias de una sentencia; un Gobierno yacente las descubre en la playa del Tarajal.
Partida segunda: el problema ya no se llama Sánchez, se llama España
La onda expansiva europea es la partida más cara del inventario, porque en ella se produjo un cambio de naturaleza que costará años revertir.
Veintidós jefes de Gobierno de la Unión firmaron a comienzos de agosto una carta a Ursula von der Leyen atribuyendo a la regularización extraordinaria decretada por España en enero un «efecto llamada» determinante en la crisis, y declarándose dispuestos a reintroducir controles fronterizos frente a nuestro país.
Encabezaban Italia y Dinamarca. Meloni pidió abiertamente la suspensión de España del espacio Schengen, y Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria y la República Checa la respaldaron.
Francia reimpuso controles en los Pirineos. Italia estableció verificaciones a los viajeros procedentes de España por aire y mar, las mantuvo todo agosto y rechazó retirarlas cuando Madrid lo exigió; España respondió con controles recíprocos.
Dos grandes Estados fundadores del euro cerrándose mutuamente la puerta interior por primera vez en décadas.
Se dirá que la carta fue oportunista; que Italia y Alemania han regularizado a centenares de miles de personas sin escándalo; que Ceuta y Melilla tienen desde 1991 un régimen especial en Schengen con controles a la salida, de modo que nadie pasa al continente sin ser identificado. Todo es cierto y Exteriores lo explicó con solvencia.
Pero conviene no engañarse sobre lo que ha pasado. Hasta este verano, en las cancillerías europeas el problema tenía nombre y apellidos: era un presidente y era su aritmética parlamentaria.
Desde este verano el problema se llama España: un Estado miembro al que veintidós socios consideran incapaz de custodiar la frontera exterior de todos.
Esa migración del reproche, de la persona al país, es el daño reputacional más grave de la yacencia, porque el sucesor no podrá exhibir un cambio de Gobierno como remedio.
Tendrá que demostrar durante años, con hechos, que España vuelve a ser un guardián fiable. Y lo tendrá que hacer en el peor momento: cuando el nuevo Pacto de Migración y Asilo empieza a aplicarse y los Estados del norte ya han aprendido a usar sus mecanismos unos contra otros.
Von der Leyen calificó de «inaceptables» las imágenes de Ceuta y ofreció a Frontex; a finales de agosto el Gobierno terminó pidiendo su ayuda para identificar a los miles que aún permanecen en la ciudad. La misma Europa que nos señala es la que ha tenido que venir a socorrernos.
Partida tercera: Washington habla de nosotros en pasado
En mayo escribí aquí que la administración Trump, lejos de presionar a España, esperaba con paciencia calculada el cambio de Gobierno que descontaba como inevitable. Debo matizar aquel diagnóstico: la paciencia se ha agotado y el cálculo ha cambiado de signo.
El expediente bilateral es conocido. España fue el único aliado que se descolgó públicamente del 5% en La Haya y se plantó en el 2,1%.
En marzo el Gobierno negó a Washington el uso de Rota y Morón para las operaciones contra Irán, y Trump anunció en presencia de Merz que cortaría «todo el comercio» con España.
Retórica, se dijo entonces, porque los aranceles son competencia de Bruselas y las bases se rigen por un convenio. Pero Ceuta ha añadido dos capas que ya no son retóricas.
En abril, un comité de asignaciones de la Cámara de Representantes describió Ceuta y Melilla como ciudades «situadas en territorio marroquí» mientras aprobaba financiación militar para Rabat.
El Departamento de Estado rectificó en agosto reafirmando la soberanía española, pero en el mismo comunicado responsabilizó de la crisis a un Gobierno que «se niega a defender su soberanía».
Y esta semana el presidente estadounidense ha pronosticado en televisión que España será «un país arruinado».
La lección no es que Trump sea hostil, que lo es. Es que la soberanía sobre Ceuta y Melilla ha dejado de ser cuestión pacífica en la capital de nuestro principal aliado militar, en el mismo momento en que Israel, que reconoce la marroquinidad del Sáhara, deja que su embajador ante Naciones Unidas hable de «enclaves coloniales», y en que el presidente argentino jalea desde Buenos Aires el «fin del socialismo» en España.
No sostengo que responda a un plan; una verificación de la agencia AP no encontró prueba de implicación estadounidense o israelí en los hechos de julio, y hacen bien los ministros que se han abstenido de insinuarlo. Sostengo algo más sencillo y peor: un país al que sus adversarios regionales pueden presionar impunemente, al que sus socios europeos consideran una frontera rota y del que su aliado de referencia habla como de una causa perdida ha dejado de ser un actor y ha pasado a ser un escenario. Lo que en mayo llamé levedad geopolítica es hoy, sencillamente, ausencia.
Lo que el heredero recibirá
El Código Civil permite al heredero aceptar a beneficio de inventario: responder de las deudas del causante solo hasta donde alcance el activo. Es una protección sabia. El problema es que la política exterior no la admite.
Los compromisos internacionales vinculan al Estado, no al Gobierno. La posición sobre el Sáhara no se revoca sin coste ni se mantiene sin humillación.
La desconfianza de veintidós socios no se disipa con un cambio de inquilino. La relación con Rabat quedará marcada para una generación por lo que este Gobierno no hizo después del 31 de julio.
Y el crédito ante Washington habrá que reconstruirlo desde un nivel que el sucesor no eligió, frente a un interlocutor que ya ha decidido que España no tiene nada que él necesite. El próximo Gobierno, sea del signo que sea, heredará puro y simple: con todo el pasivo y sin derecho a inventario.
Por eso cada día de prolongación tiene un coste que no aparece en las encuestas. Mientras el causante decide cuándo firma, Rabat negocia con nuestra debilidad, Roma legisla contra nuestra frontera y Washington habla de nosotros en pasado.
Nadie negocia en serio con quien no va a estar en la mesa dentro de un año: se le administra, como se administra una herencia yacente, con el mínimo de contacto y la máxima cautela.
Nuestro vaticinio es que las elecciones no llegarán antes de que se agote el último euro europeo, y que la agonía se medirá, como siempre en este país, en trimestres presupuestarios y no en costes estratégicos.
El heredero podrá aceptar a beneficio de inventario. España, no.
