El mecanismo de segunda oportunidad no permite cancelar automáticamente las deudas de una persona insolvente. Para beneficiarse de la exoneración del pasivo insatisfecho, el deudor debe acreditar su buena fe y explicar suficientemente cómo llegó a la situación de sobreendeudamiento.
Sobre esta premisa, el magistrado Matías Martínez Gómez, titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia, Sección Mercantil, de Las Palmas de Gran Canaria, ha denegado la exoneración a un deudor que acumuló 12.215,64 euros de pasivo entre nueve acreedores en apenas 12 meses y utilizó parte del nuevo endeudamiento para atender obligaciones anteriores.
El juez considera que este comportamiento revela un “endeudamiento en cascada” que agravó progresivamente su insolvencia y aprecia la causa de exclusión de la buena fe prevista en el artículo 487.1.6.º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).
El auto 126/2026, de 19 de marzo, aplica además la reciente doctrina fijada por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en cuatro sentencias de 18 de febrero de 2026 sobre el control que deben ejercer los jueces antes de conceder la segunda oportunidad.
Un concurso sin masa y sin oposición de los acreedores
El procedimiento —concurso sin masa 526/2025— comenzó a instancia del propio deudor, identificado en la resolución como Luis Antonio.
Declarado el concurso voluntario y sin masa, se abrió el plazo legal para que los acreedores que representaran al menos el 5 % del pasivo pudieran solicitar el nombramiento de administrador concursal. Ninguno lo hizo.
Posteriormente, el concursado solicitó la exoneración del pasivo insatisfecho y tampoco los acreedores personados formularon oposición.
Sin embargo, ese silencio no resulta suficiente para obtener la cancelación de las deudas.
El auto recuerda que las sentencias 259/2026, 260/2026, 262/2026 y 263/2026 del Tribunal Supremo han establecido que el juez debe comprobar de oficio los requisitos para acceder a la exoneración, aunque ningún acreedor se oponga.
La sentencia 263/2026 lo expresa claramente: “la verificación de los requisitos del artículo 487.1 TRLC debía haber sido realizada de oficio por el juzgado”.
El deudor debe explicar cómo se generaron las deudas
Esta doctrina supone también que quien solicita la segunda oportunidad tiene una carga informativa. No basta con enumerar lo que debe.
El deudor debe aportar información sobre el origen y justificación de sus obligaciones, especialmente cuando puedan resultar desproporcionadas respecto de los ingresos que tenía cuando las contrajo.
El juez puede exigir además explicaciones o documentación adicional si considera insuficiente la aportada.
El auto subraya que “la exoneración del pasivo insatisfecho no constituye un mecanismo de cancelación automática de deudas”, sino una institución que exige comprobar si el solicitante reúne las condiciones legales para beneficiarse de ella.
En este caso, el juez descartó inicialmente otras causas de exclusión: no constaban las condenas penales o sanciones administrativas previstas legalmente, el concurso no había sido declarado culpable y tampoco se apreciaron incumplimientos de los deberes de colaboración con el juzgado.
El problema apareció al examinar si había existido un comportamiento temerario o negligente al asumir las obligaciones.
Nueve acreedores en apenas doce meses
El pasivo declarado ascendía a 12.215,64 euros, repartido entre nueve acreedores. Todas las deudas fueron contraídas entre febrero de 2023 y febrero de 2024.
Los acreedores eran Banco Cetelem, Banco Santander, Endesa, Tesorería General de la Seguridad Social, Unión Financiera Asturiana, Acsol Energía Global, Audax Renovables, Más Prevención y Cofidis.
La clave se encuentra en la propia memoria explicativa presentada por el concursado.
Según recoge el auto, el deudor reconoció que había suscrito préstamos “para hacer frente a obligaciones económicas previas” y “atender otras deudas contraídas anteriormente”.
Para el magistrado, nueve operaciones de financiación en doce meses destinadas a atender deudas anteriores revelan un “endeudamiento en cascada” que, lejos de solucionar la insolvencia, la agravó progresivamente.
A ello se añadió la falta de documentación. El concursado no acreditó cuáles eran sus ingresos cuando contrajo cada deuda ni qué información patrimonial había facilitado a las entidades financieras.
También alegó desempleo e inestabilidad laboral, pero esas circunstancias no fueron documentadas mediante informe de vida laboral ni certificado del SEPE.
El juez considera significativo, además, que continuara contratando obligaciones con Más Prevención y Cofidis en enero y febrero de 2024 cuando, según su propio relato, ya carecía de ingresos.
“Una conducta negligente”
El magistrado concluye que existió un patrón de endeudamiento progresivo en el que las nuevas obligaciones se asumían con conocimiento de las dificultades para atenderlas.
“Contraer obligaciones crediticias en una situación de reconocida precariedad económica, sin expectativa fundada y acreditada de poder atenderlas, constituye una conducta negligente”, afirma el auto.
La situación personal del concursado, añade, no le exime del “deber de prudencia elemental en la asunción de compromisos económicos”.
Por ello, aprecia la causa de exclusión del artículo 487.1.6.º del TRLC y concluye que el solicitante no reúne la condición de deudor de buena fe exigida para acceder a la segunda oportunidad.
El juzgado deniega la exoneración del pasivo insatisfecho, aunque acuerda simultáneamente la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa.
La relevancia del auto reside especialmente en que aplica directamente la doctrina fijada un mes antes por el Pleno del Tribunal Supremo: la ausencia de oposición de los acreedores no convierte la segunda oportunidad en automática y el juez debe comprobar de oficio la buena fe del deudor.
La resolución es firme y ordena concluir el procedimiento concursal, además de su publicación en el BOE y en el Registro Público Concursal.
