Hace unos días formulábamos algunas preguntas sobre lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Preguntábamos cómo había sido posible una entrada masiva de semejantes dimensiones. Preguntábamos si aquello había sido espontáneo. Preguntábamos qué había hecho Marruecos. Y preguntábamos, sobre todo, qué sabía el Gobierno.
El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional comienza a ofrecer algunas respuestas.
Y son bastante más preocupantes que las preguntas.
La primera conclusión parece difícilmente discutible: aquello no fue espontáneo.
No estamos ante decenas de miles de personas que, por una insólita coincidencia, decidieron dirigirse simultáneamente hacia la misma frontera, el mismo día y prácticamente a las mismas horas.
El informe policial describe un proceso con un antes, un durante y un después. Habla de planificación previa, viralización de mensajes, coordinación a través de redes sociales y grupos cerrados de mensajería, activación de perfiles y existencia de una dirección estratégica y operacional.
Añade, además, algo especialmente significativo: semejante grado de especialización estaría fuera del alcance de las organizaciones criminales que operan habitualmente en aquella zona.
Las mafias pudieron aprovechar después el caos para lucrarse mediante traslados clandestinos a la Península. Pero una cosa es aprovechar una crisis y otra muy distinta organizar la movilización que la hizo posible.
Por eso ya no basta con atribuir lo sucedido a las mafias, a la desesperación de quienes querían entrar en España o a una explosión migratoria repentina e imprevisible.
Alguien impulsó aquella movilización. Alguien difundió los mensajes. Alguien coordinó los movimientos. Y alguien conocía el objetivo perseguido.
MARRUECOS NO FUE UN SIMPLE ESPECTADOR
El informe policial no identifica todavía quién impartió las órdenes ni permite afirmar de manera concluyente que la operación fuera decidida directamente por el Gobierno marroquí.
Y conviene mantener el rigor: un informe policial no es una sentencia.
Pero el rigor no puede convertirse en ingenuidad.
El documento habla de una operación planificada, de una dirección estratégica y operacional y de un «guiado activo» de la masa hacia los lugares de paso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos.
También recoge la intervención de agentes uniformados y de paisano que habrían indicado a quienes pretendían entrar ilegalmente en España las rutas de acceso y los puntos por los que debían dirigirse hacia la frontera.
Las fuerzas de seguridad marroquíes no son organizaciones privadas ni grupos incontrolados. Son órganos del Estado marroquí.
Y cuando agentes de un Estado toleran, facilitan o dirigen el desplazamiento de decenas de miles de personas hacia la frontera de otro Estado, resulta muy difícil continuar hablando de simple pasividad, incapacidad sobrevenida o de un mero fallo de coordinación.
Puede que todavía no sepamos quién dio la orden.
Pero sí sabemos quién controlaba el territorio desde el que partió la operación. Sabemos quién tenía la obligación de proteger la frontera. Y sabemos que, durante horas decisivas, esa frontera quedó abierta mientras agentes marroquíes, lejos de contener a la multitud, habrían contribuido a conducirla hacia territorio español.
Una cosa es no disponer todavía de pruebas concluyentes para atribuir la autoría intelectual de la operación al Gobierno de Marruecos. Y otra muy distinta absolver políticamente a Rabat antes de que concluya la investigación y presentar al Estado marroquí como un espectador impotente de lo que sucedía bajo su jurisdicción.
España necesita mantener una relación estable con Marruecos. Compartimos frontera, intereses económicos, cooperación policial, lucha contra el terrorismo y gestión de los movimientos migratorios.
Pero precisamente por eso la relación debe asentarse en la reciprocidad y en el respeto.
Cooperación no significa subordinación. Buena vecindad no significa silencio. Y amistad entre Estados nunca puede consistir en que uno proteja sus intereses mientras el otro renuncia a defender los suyos.
Marruecos debe explicar qué información tenía, qué instrucciones recibieron sus agentes, por qué no se impidió aquella concentración y por qué algunos miembros de sus fuerzas de seguridad habrían participado en su conducción hacia la frontera española.
No corresponde a España ofrecer excusas en nombre de Marruecos.
Corresponde a Marruecos dar explicaciones a España.
RUSIA, ISRAEL Y LA DESINFORMACIÓN
El presidente del Gobierno ha señalado también la actuación de redes vinculadas a Rusia e Israel en la difusión de desinformación relacionada con la crisis.
Ambos países lo han negado y han reclamado pruebas.
Conviene distinguir dos planos.
Una cosa es organizar o facilitar la entrada masiva. Otra, aprovechar posteriormente la crisis para amplificar determinados mensajes, provocar inestabilidad o deteriorar la imagen de España.
Si el Gobierno dispone de evidencias sobre campañas extranjeras de desinformación, debe explicarlas y ponerlas a disposición de las instituciones competentes. Una acusación de semejante gravedad contra otros Estados no puede descansar sobre insinuaciones.
Pero tampoco puede utilizarse la supuesta actuación de redes rusas o israelíes como cortina de humo para desviar la atención de la pregunta principal: ¿quién organizó la movilización y por qué fallaron los mecanismos que debían proteger nuestra frontera?
Señalar la propaganda posterior no explica lo ocurrido antes y durante la entrada.
¿QUÉ SABÍA ESPAÑA?
Y aquí comienza el verdadero problema político.
¿Qué sabía el Gobierno español? ¿Qué información tenían la Policía, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia? ¿Existieron alertas previas? ¿A quién fueron comunicadas? ¿Quién las valoró? ¿Y qué decisiones se adoptaron?
Cualquiera de las respuestas posibles resulta preocupante.
Si el Estado conocía anticipadamente la magnitud de lo que podía suceder y no reaccionó adecuadamente, habrá que explicar por qué.
Y si no lo sabía, tendremos que preguntarnos cómo pudieron nuestros sistemas de inteligencia, información y seguridad ignorar una movilización de semejantes dimensiones a escasos metros de territorio español.
La discusión sobre si existió formalmente un «informe», un «aviso», una «alerta» o una mera «comunicación» no puede convertirse en una escapatoria semántica.
La pregunta es mucho más sencilla: ¿disponía el Estado de información suficiente para adoptar medidas preventivas?
Y, si la tenía, ¿por qué no las adoptó?
LA OBLIGACIÓN POLÍTICA DE EXPLICAR
Existe, además, una dimensión política que no puede quedar al margen.
En España hemos desarrollado una extraña costumbre: parece que para exigir responsabilidades políticas fuera necesario acreditar previamente la comisión de un delito.
No es así.
La responsabilidad penal corresponde determinarla a jueces y tribunales. La responsabilidad política pertenece a otro ámbito y puede derivarse de la imprevisión, de la negligencia, de una decisión equivocada o de una gestión manifiestamente insuficiente.
Pero tampoco se trata de anticipar culpables ni de formular condenas antes de conocer todos los hechos.
Se trata exactamente de lo contrario: esclarecer qué ocurrió, qué información estaba disponible, qué decisiones se adoptaron y si la respuesta del Gobierno fue la adecuada ante una crisis de extraordinaria gravedad.
La investigación judicial deberá determinar si existen responsabilidades penales. La investigación policial tendrá que identificar quién promovió y coordinó aquella movilización. Y el Gobierno deberá explicar qué información recibió, cómo la valoró y por qué España no estaba preparada para impedir que su frontera fuera desbordada.
Después corresponderá determinar si existieron responsabilidades políticas y quién debe asumirlas.
Sin propaganda. Sin cortinas de humo. Y sin atribuir a enemigos exteriores aquello que todavía no se ha probado.
CEUTA NO PUEDE ESPERAR MÁS
Las concentraciones celebradas en toda España lo recordaron. Miles de ciudadanos salieron a las calles y plazas para defender Ceuta.
Detrás de las banderas españolas había indignación. Pero también algo mucho más profundo: una afirmación elemental de pertenencia.
Ceuta no está sola.
Ceuta es España.
Sus ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a sentirse protegidos por el Estado que quienes viven en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, La Coruña o cualquier otra ciudad española.
Pero Ceuta no necesita únicamente explicaciones sobre lo ocurrido. Necesita una solución inmediata para una situación que se prolonga demasiado, deteriora la convivencia, desborda los servicios públicos y somete a sus habitantes a una incertidumbre que ningún Gobierno debería considerar tolerable.
Los ceutíes no pueden acostumbrarse a vivir en una emergencia permanente. Tampoco puede exigírseles paciencia indefinida mientras las administraciones discuten sobre competencias, intercambian reproches y aplazan decisiones.
La tensión social aumenta, la convivencia comienza a resentirse y el riesgo de que cualquier incidente desencadene consecuencias imprevisibles ya no puede ser ignorado.
El Estado tiene la obligación de recuperar la normalidad, reforzar la seguridad, atender las necesidades de la ciudad y aplicar, con todas las garantías legales, los mecanismos de identificación, retorno, devolución o protección que correspondan en cada caso.
Y tiene también el deber de impedir que vuelva a suceder.
Eso exige reforzar de manera estable la frontera, mejorar los sistemas de inteligencia y alerta temprana, disponer de protocolos inmediatos de reacción, reclamar una verdadera implicación de la Unión Europea y revisar una cooperación con Marruecos que no puede depender de la voluntad circunstancial de Rabat.
Las medidas deben ser legales, proporcionadas y respetuosas con los derechos fundamentales. Pero también han de ser eficaces y suficientemente disuasorias para que nadie pueda volver a considerar la frontera española una puerta que puede abrirse mediante la presión organizada de decenas de miles de personas.
Hace unos días pedíamos respuestas.
Hoy sabemos que aquello no parece haber sido espontáneo. Sabemos que el informe policial concluye que existió planificación. Sabemos que la actuación de las fuerzas marroquíes plantea interrogantes gravísimos. Y sabemos que, mientras continúa la discusión política, los ceutíes siguen soportando las consecuencias.
Por eso ya no basta con preguntar.
Hay que esclarecer lo ocurrido, exigir responsabilidades, resolver una situación que se ha vuelto insostenible y adoptar medidas legales, eficaces y verdaderamente disuasorias para impedir que vuelva a repetirse.
Ceuta merece respuestas.
Pero, sobre todo, merece soluciones.
Y las necesita ahora.
