El Boletín Oficial del Estado (BOE) hacía oficial este 2 de septiembre, el Real Decreto-Ley 22/2026, por el que se aprobaban «medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta». Ello, tras la llegada de más de 70.000 inmigrantes irregulares provenientes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. Unas medidas que, sin embargo, no suponen una solución «real» para la administración judicial ceutí.
Desde hace más de un mes, la ciudadanía de Ceuta vive un auténtico calvario.
Y es que, los 30 y 31 de julio, entraban a la ciudad autónoma más de 70.000 personas inmigrantes, que pronto provocaban una importante crisis social, política y jurídica.
Situación que llevaba al Ejecutivo nacional, a través de un Real Decreto, a aprobar medidas extraordinarias de apoyo a la ciudad autónoma. También en el sector de la Justicia, contando con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, así como del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, el Real Decreto estipulaba cerca de 5 millones de euros para el refuerzo judicial en Ceuta, que se encuentra dentro del «territorio ministerio».
Inversión destinada, entre otros, al refuerzo de personal, suministros para Justicia, apoyo a la Justicia Gratuita de la ciudad autónoma, o el refuerzo para las técnicas de IA y robotización.
Refuerzo tras el que muchos se cuestionaba si la administración de Justicia en Ceuta se encuentra preparada realmente para afrontar una situación como la vivida durante el pasado mes de julio, encontrándose actualmente al borde del colapso con el aumento de procedimientos de las últimas semanas.
«La ciudad autónoma de Ceuta tiene una población de unas 80.000 personas. Si de manera inopinada se aumenta esa cantidad en 8.000 o 10.000 personas, que además no tengan su situación regularizada, y por lo tanto tengan que acudir a los tribunales que allí existen, el colapso es más que previsible», explica a Confilegal Mariano Calleja Estellés, abogado procesalista en Afianza Legal.
Un aumento exponencial de los procedimientos en el que también hay que tener en cuenta que, a este aumento, se suma «el aumento de la inseguridad derivada de la falta de recursos, y el incremento de los delitos, el resultado es que los juzgados colapsarán en breve, si no lo han hecho ya», asegura.
Colapso que, para Calleja, tiene un claro «cuello de botella» judicial. Algo que no sólo se produce en Ceuta, sino también en toda la estructura judicial española en cuestión de extranjería: «La falta de efectivos de Policía Nacional, a los que se sobrecarga con infinidad de procesos y expedientes».
«Si la policía no puede hacer las labores de identificación y tramitación de las devoluciones, los tiempos se alargan y la tensión se incrementa», lamenta el abogado de Winkels Abogados.
Personal especializado en extranjería, esencial para Ceuta
Una necesidad de personal policial que no es la única que el experto ve en la situación migratoria de Ceuta.
Y es que no solamente es necesario mejorar la gestión de estos inmigrantes tras su llegada a la ciudad autónoma, sino que también es necesario que los refuerzos judiciales propuestos desde el CGPJ y Ministerio de Félix Bolaños cuenten con experiencia en el sector de migración y extranjería.
«Es sumamente importante», ha remarcado el abogado a Confilegal.
Y es que la experiencia en este campo «es lo que permite que se puedan solucionar de manera rápida y eficaz los problemas que vayan surgiendo, independientemente de su complejidad».
«Mandar refuerzos sin experiencia o capacitación es, a mi juicio, contraproducente, y suele conducir a tomar decisiones injustas la mayoría de la veces, cuando no directamente contrarias a la norma», asegura Mariano Calleja.
Una situación de migración irregular y sobrecarga policial, judicial y social ante la que el abogado sólo ve una posible solución, más allá de los «parches» económicos y políticos: un verdadero control migratorio en la ciudad autónoma.
«El envío temporal de jueces y funcionarios puede ayudar a paliar la situación de momento, pero si no se resuelve el tema de la frontera es solo cuestión de tiempo que esto vuelva a ocurrir. A mi juicio parchear los problemas no suele ser buena idea, sobre todo cuando es evidente que el problema no queda solucionado», sentencia.
