«Poco más se necesita para llevar a un Estado desde la más baja barbarie hasta el más alto grado de opulencia que paz, impuestos moderados y una administración de justicia tolerable; todo lo demás llega por el curso natural de las cosas» — Adam Smith, lección de 1755, transmitida por Dugald Stewart.
En 1755, Adam Smith, temeroso de que alguien le plagiara las ideas que venía exponiendo en sus lecciones de Glasgow, redactó un papel para dejar constancia de su prioridad intelectual.
El manuscrito fue destruido después; si la frase sobrevive es porque Dugald Stewart la leyó ante la Royal Society de Edimburgo en 1793, tres años después de la muerte de su autor.
En aquel papel cabía un programa entero de gobierno en una sola oración: paz, impuestos moderados y una administración de justicia tolerable.
Dos siglos y medio más tarde, los programas electorales tienen cientos de páginas, comités de redacción y un índice de cumplimiento que nadie audita. Hemos multiplicado el papel y adelgazado el compromiso.
Cerré mi columna sobre la avalancha de Ceuta con una advertencia que varios lectores me han devuelto convertida en pregunta: escribí que no hay política exterior que ordenar si la casa está hecha un desastre, y se me pide ahora que diga qué entiendo por ordenar la casa.
Acepto el envite. Lo que sigue no es el programa de un partido —ninguno lo firmaría entero, y esa será precisamente mi conclusión—, sino la lista de deberes que, desde el pensamiento liberal que profeso, debería contener cualquier programa serio para la próxima etapa de España. Doce tablas.
El número no es capricho: las primeras que la historia recuerda fueron las que los plebeyos de Roma exigieron poner por escrito, hace veinticinco siglos, para que el derecho dejara de ser el secreto de los patricios.
De eso va, en el fondo, también este programa.
Y una advertencia previa sobre el momento: en un país instalado en la bronca continua, donde cada propuesta se lee por quién la firma antes que por lo que dice, el mero ejercicio de escribir un programa transversal parece ingenuo.
Lo asumo: la alternativa —seguir discutiendo personas mientras las estructuras se pudren— es peor. Estas doce tablas no son una teoría de la felicidad ni un catálogo de subvenciones: son las condiciones para que cuarenta y nueve millones de personas puedan perseguir la suya.
Y las doce miran a una misma estrella polar, la generación de riqueza por la vía de la productividad y la innovación, porque sin riqueza nueva que repartir todos los demás debates degeneran en administración de la escasez.
El árbitro antes que el jugador
Primero: devolver los contrapesos a sus dueños. Un Consejo General del Poder Judicial que pasó cinco años y medio caducado porque los partidos no soltaban la presa; un Tribunal Constitucional convertido en tercera cámara cuyas sentencias se anticipan contando carnés; un fiscal general nombrado desde Moncloa; reguladores y medios públicos repartidos por cuota como pisos de una herencia.
Lo he visto por dentro, y la regla que propongo es de una sencillez insultante: el controlado no elige a su controlador.
Mandatos largos y no renovables, mayorías reforzadas de verdad, y mérito acreditado antes que lealtad acreditada. No hay reforma más barata ni más rentable: cuesta cero euros y devuelve el activo que más caro pagamos por no tener, que es la confianza.
Segundo: reformar el mísero detalle. Ortega dejó escrito en La rebelión de las masas que la salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un «mísero detalle técnico: el procedimiento electoral».
El nuestro lleva décadas fabricando el vicio que analicé al escribir sobre la partitocracia: listas cerradas y bloqueadas que atan al diputado a su aparato y no a su elector, y un Parlamento que vota por manada.
La reforma liberal no es exótica: desbloquear las listas, exigir democracia interna verificable a quienes viven de fondos públicos y devolver el escaño al territorio, para que el diputado vuelva a temer más a su circunscripción que a su portavoz. No cambiará la naturaleza humana; cambiará los incentivos, que es lo único que de verdad cambia conductas.
Tercero: la seguridad jurídica como primera política económica. El decreto-ley convertido en género legislativo ordinario, la maraña regulatoria que obliga a una empresa a litigar con diecisiete ordenamientos y una justicia cuya ratio de jueces por habitante sigue por debajo de la media europea componen un impuesto invisible que no recauda nadie y pagan todos.
Smith no pedía una justicia ejemplar: pedía una tolerable, y hay jurisdicciones y plazos en los que no alcanzamos ni el adjetivo. Legislar menos y mejor, estabilizar el marco fiscal y regulatorio más allá de cada legislatura, y dotar a los tribunales para que el plazo razonable deje de ser una cláusula de estilo: ese es el programa. El capital, como los peces, desova donde el agua está quieta.
La despensa: lo que el Estado toma y lo que impide
Cuarto: una fiscalidad que no grave espejismos. Lo argumenté hace dos semanas y me remito al expediente: en la parte inflacionaria de una ganancia nominal no hay capacidad económica alguna, y un IRPF que se niega a deflactar su tarifa mientras los salarios persiguen a los precios es una subida de impuestos que ningún parlamento ha votado.
Deflactar la tarifa general, corregir la inflación en el cálculo de las plusvalías y simplificar un sistema que hace de la complejidad su mejor recaudador: no es un regalo a nadie; es dejar de cobrar por una riqueza que no existe.
El Estado que quiera más ingresos que los pida a cara descubierta, con una ley y una votación, no con la ceca silenciosa de las bases imponibles.
Quinto: una Administración de mérito, no de botín. Escribí a propósito de Exteriores que la lógica del mérito y la capacidad es la que aporta coherencia y fiabilidad al sistema, y la tesis vale para el Estado entero: dirección pública profesional en lugar de colonización partidaria, evaluación de políticas públicas con consecuencias presupuestarias —lo que no funciona se cierra, por exótico que suene—, y poda seria de duplicidades, entes instrumentales y cortes de asesores.
No es adelgazar por ideología: es preferir un Estado que haga bien menos cosas a uno que las haga mal todas. La socialdemocracia sensata debería ser la primera interesada, porque nada desprestigia tanto lo público como su uso privado.
Sexto: los dos racionamientos, suelo y energía. La vivienda y la electricidad comparten diagnóstico: no hay mercado que funcione con la oferta racionada por boletín.
En vivienda, el Banco de España cifra en torno a 700.000 el déficit acumulado desde 2021 y el índice de precios del INE subió un 12,9% interanual en el primer trimestre; frente a ese muro, la respuesta dominante —intervenir precios y demonizar propietarios— contrae la oferta que dice proteger. Lo eficaz es menos épico y tiene nombre propio: liberalización del suelo.
Recuperar el principio de que todo suelo sin protección ni razón acreditada que lo impida es, por defecto, urbanizable; licencias resueltas en meses y no en años; seguridad jurídica plena para quien alquila; y colaboración con el capital privado para levantar el parque asequible que el presupuesto público solo no levantará jamás.
Un país donde los jóvenes no pueden emanciparse está hipotecando bastante más que sus casas. La misma revisión merece la política de espacios protegidos, instalada en un prohibicionismo que confunde conservar con clausurar: la experiencia comparada enseña que el patrimonio natural se protege mejor asociando a la iniciativa privada —custodia del territorio, incentivos al propietario que conserva, concesiones regladas de uso— que multiplicando vetos sobre un territorio que después nadie gestiona ni financia.
En energía, el BOE publicó el 14 de agosto la prórroga de Almaraz hasta junio de 2030, con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear: la realidad enmendando al boletín, aunque haya tardado. Extiéndase la lógica al conjunto de un parque nuclear que aporta la quinta parte de nuestra electricidad, mientras las renovables —bendición y ventaja comparativa españolas— maduran con el respaldo firme y el almacenamiento que el apagón ibérico de abril de 2025 demostró imprescindibles. Energía abundante y barata no es una política sectorial: es la política industrial y la política social a la vez.
Séptimo: un país de empresarios. Todo lo anterior apunta a la diana que conviene nombrar sin rodeos: la generación de riqueza.
España crece en PIB agregado y se estanca en lo que importa: la productividad por hora avanzó entre 1996 y 2019 a la mitad del ritmo europeo, según reconoce el propio Consejo de la Productividad, y la inversión en I+D, aun en máximo histórico, sigue en el 1,5% del PIB frente al 2,2% de la media de la Unión. Ese diferencial no se cierra con subvenciones: se cierra con empresarios.
Y aquí asoma la anomalía que más debería alarmarnos: una generación bien formada que sueña con la oposición, no por vocación de servicio —que es honrosa y necesaria—, sino porque percibe todo lo demás como una jungla en la que al que emprende se le sospecha, se le inspecciona y se le exprime.
Un país cuya juventud aspira masivamente a la plaza fija es un país que ha dejado de creer en su propio futuro económico. Dentro de esa jungla, el maltrato más sistemático lo padecen los más de tres millones de autónomos que sostienen buena parte del tejido productivo: cotizaciones y recargos pensados para nóminas ajenas, una burocracia que devora las horas que deberían ser de trabajo y una segunda oportunidad que existe en la ley y escasea en la práctica. Cuidarlos no es corporativismo: es política de riqueza nacional. Tratar al empresario como presunto culpable y al autónomo como cajero automático es la manera más segura de quedarse sin ambos.
Octavo: cuentas claras entre generaciones. España encadena tres ejercicios con los presupuestos de 2023 prorrogados, sostiene una deuda pública que en mayo seguía en el 100,2% del PIB según el Banco de España y dedica su mayor partida —más de 215.000 millones anuales— a una nómina de pensiones indexada al IPC que ninguna fuerza parlamentaria se atreve a mirar de frente.
No propongo recortar a nadie lo devengado; propongo algo más subversivo, que es decir la verdad. Presupuestos presentados y votados cada año, como quiso el artículo 134 de la Constitución, en lugar de la prórroga convertida en régimen; una auditoría intergeneracional que acompañe cada gran ley de gasto; y un sistema de pensiones cuya sostenibilidad se explique con números y no con eslóganes, complementado con ahorro capitalizado digno de ese nombre. Un Estado que no presenta sus cuentas está confesando algo; un país que no se las exige, también.
Noveno: un mercado de trabajo que contrate, dentro y fuera. España arrastra una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea y un paro juvenil a la cabeza del continente, y convive a la vez con sectores enteros que no encuentran trabajadores: no falta trabajo; falta un mercado capaz de casar trabajo y trabajador.
La receta liberal es conocida y sigue pendiente: abaratar la contratación sin abaratar al trabajador —reducir las cotizaciones que gravan los salarios bajos antes que decretar sus subidas por boletín—, políticas activas evaluadas y no meramente presupuestadas, formación profesional dual a escala seria y una flexibilidad pactada que sustituya el viejo pleito indemnizatorio por seguridad en la transición, al modo de la mochila austriaca.
Y hay que decir sin eufemismos lo que toda empresa española sabe: el absentismo se ha convertido en una plaga. Más de 1,6 millones de personas faltan cada día a su puesto —1,2 millones de ellas de baja médica—, con la tasa en máximos históricos: un 7,2% de las horas pactadas en el primer trimestre de este año.
No se trata de criminalizar al enfermo, que merece toda la protección, sino de rediseñar un sistema que hoy no distingue: gestión ágil de la incapacidad temporal, con mutuas capaces de dar altas y no solo de pagarlas; listas de espera sanitarias que no conviertan una dolencia de semanas en una baja de meses; e incentivos que dejen de castigar a quien acude y de subvencionar a quien abusa.
Y como la demografía no negocia —sin flujos migratorios sostenidos no habrá mercado laboral ni pensiones que aguanten, y el propio Banco de España lleva años advirtiéndolo—, esta misma tabla ordena la inmigración: legal, ordenada y elegida. Vías anchas y rápidas vinculadas al empleo y a la formación; integración exigente en la lengua y en las reglas de juego; y retorno efectivo de quien entra al margen de la ley, porque no hay acogida creíble sin retorno creíble. Escribí tras Ceuta que la presión migratoria se ha convertido en munición diplomática en manos ajenas; la mejor defensa no es el muro ni la pancarta: es un sistema propio tan ordenado que no ofrezca blanco.
La fachada: el Estado ante el mundo
Décimo: una política exterior que sobreviva a las alternancias. Vengo reclamándolo desde Ceuta: frente a un vecino que ha hecho de su frontera una palanca de negociación, España necesita una política de Estado hacia Marruecos pactada entre los dos grandes partidos, que Rabat no pueda descontar en cada ciclo electoral.
Necesita también tomarse en serio Iberoamérica —la Cumbre de Madrid de noviembre será un examen, no una foto— en un tablero donde China ya no llama a la puerta porque está dentro.
Y necesita en Europa la posición que defiendo desde la primera de estas columnas: atlantismo sin vasallaje, una voz capaz de mirar al oeste y al este sin pedir permiso. Nada de eso es posible con un servicio exterior tratado como apéndice de Moncloa; vuelve a valer aquí la tabla quinta.
Undécimo: defensa en serio, pagar y cobrar. Hice las cuentas en su día: España regatea porcentajes, pero no regatea tropas, del Báltico a Incirlik. La tabla tiene dos caras y las dos obligan. Pagar: un compromiso de gasto creíble y sostenido, sin piruetas como la de firmar un objetivo en La Haya y desmarcarse en la rueda de prensa siguiente. Y cobrar: que la Unión aplique a la frontera sur el mismo marco de instrumentalización y coerción híbrida que ha construido para la oriental, y que la Alianza dote de contenido real un flanco que hoy despacha con un enviado especial. Pagar sin cobrar sería prolongar la ingenuidad; negarse a pagar, tirar la última palanca negociadora que nos queda.
El fundamento: la palabra libre
Duodécimo —y si solo pudiera quedar una tabla, sería esta—: la persona como unidad de cuenta, empezando por acabar con los delitos de opinión. España conserva en su Código Penal un pequeño museo de tipos que castigan palabras: las injurias a la Corona de los artículos 490.3 y 491, los ultrajes a España del artículo 543, el escarnio de los sentimientos religiosos del 525 y un enaltecimiento del terrorismo, el del artículo 578, redactado con tal vaguedad que ha servido para sentar en el banquillo a cantantes y tuiteros. Estrasburgo nos lo ha dicho ya con nombres y apellidos: la crítica política, si es sólo eso, por hiriente o provocadora que sea, no es discurso del odio ni incitación a la violencia.
Un Estado liberal protege personas, no símbolos ni sentimientos; el honor de las instituciones se defiende con argumentos o, en su caso, ante la jurisdicción civil, nunca con el Código Penal; y la incitación real a la violencia ya tiene sus tipos sin necesidad de cajones de sastre. Nuestra Constitución no consagra una democracia militante: no exige adhesión a nada, solo respeto a la ley, y esa es exactamente su grandeza.
La misma unidad de cuenta ordena la educación, que es la otra mitad de esta tabla: escuelas que formen ciudadanos capaces de pensar contra su propio bando, no clientelas tempranas de ninguno; exigencia académica sin complejos, libertad de elección de los padres y aulas despolitizadas por igual frente a todos los catecismos, viejos y nuevos. Un país que enseña a repetir acabará gobernado por quien mejor dicte.
Escribí hace unos días que los proyectos que hoy se disputan el mundo —el de Pekín, el de Moscú, el de los nuevos clubes, incluso el de Washington— coinciden en degradar al individuo frente a alguna soberanía colectiva. La mejor refutación doméstica que España puede ofrecer no es un comunicado: es ser un país donde nadie pise una sala de justicia por hablar. El Gobierno actual ha anunciado más de una vez la reforma de estos delitos y la ha dejado languidecer; la derecha, que endureció alguno de ellos en 2015, ni siquiera la anuncia. Es lógico: derogar delitos que protegen al poder exige del poder una generosidad que no abunda. Precisamente por eso la tabla duodécima ordena a las otras once: es la que declara para quién se gobierna.
El programa que ningún aparato firmará
Ningún partido con opciones de gobierno asumirá este programa entero, porque nueve de las doce tablas recortan poder a los aparatos —nombramientos, listas, decreto-ley, impuestos silenciosos, botín administrativo, clientelas del suelo y de la energía, la jungla que asfixia a quien emprende, cuentas opacas, delitos que blindan al poder frente a la palabra— y los aparatos no legislan contra sí mismos.
Se aplicará, aun así: a trozos, tarde y por agotamiento, cuando los tribunales europeos, el mercado de la vivienda, el sistema eléctrico o el vecino del sur presenten, una a una, las facturas de no haberlo hecho a tiempo. Almaraz ya fue eso: no una convicción, sino una factura. Gobernar a golpe de factura es la forma más cara de acabar haciendo lo inevitable.
El papel de Smith ardió y su frase lleva dos siglos y medio viva, porque los programas verdaderos no necesitan páginas: necesitan alguien dispuesto a pagar su precio. Paz, impuestos moderados, justicia tolerable; y la palabra libre. Lo demás, como sabía el escocés, llega por el curso natural de las cosas.
