En la defensa penal, el resultado de un procedimiento no siempre se mide en términos de absolución o condena. Hay casos en los que, después de analizar detenidamente la prueba, la situación jurídica del acusado y los distintos escenarios posibles, la mejor defensa consiste en evitar el juicio y alcanzar una solución negociada que reduzca de forma significativa las consecuencias inicialmente previstas.
Ese fue el planteamiento seguido por nuestro despacho en un procedimiento relacionado con delitos sexuales cometidos mediante medios tecnológicos, en el que existía una víctima menor de edad.
Desde el primer momento, el objetivo no fue adoptar una estrategia basada exclusivamente en llegar a juicio. El análisis del procedimiento permitió identificar diferentes elementos que podían ser determinantes para construir una alternativa y negociar con las acusaciones una respuesta penal más favorable.
Uno de los primeros pasos fue anticiparse a las consecuencias jurídicas del procedimiento. Se procedió a consignar previamente la responsabilidad civil, con el objetivo de que pudiera valorarse la reparación del daño como circunstancia atenuante.
Esta actuación no garantizaba por sí misma un determinado resultado, pero sí permitía incorporar a la negociación un elemento relevante para la individualización de la pena.
Paralelamente, se realizó un estudio detallado de la calificación jurídica de los hechos. En particular, se analizó si determinadas conductas atribuidas podían quedar absorbidas jurídicamente por el delito principal, evitando una valoración acumulativa de hechos que, desde la perspectiva de la defensa, no debía traducirse necesariamente en una suma automática de responsabilidades.
Otro de los elementos esenciales fue el análisis técnico de la prueba digital. En procedimientos relacionados con medios tecnológicos, la evidencia puede presentar una especial complejidad: dispositivos, direcciones IP, conversaciones, archivos, metadatos o distintas fuentes de información electrónica requieren una valoración que vaya más allá de su mera existencia.
El estudio de esa prueba permitió identificar cuestiones relevantes para la estrategia procesal y para la negociación.
A todo ello se sumó el examen de las circunstancias personales del acusado, especialmente relevantes a la hora de individualizar la respuesta penal. Una defensa eficaz no debe limitarse a discutir qué ocurrió, sino también a analizar quién es la persona acusada, cuál es su contexto y qué consecuencias puede tener para ella cada una de las alternativas procesales disponibles.
Finalmente, hubo una consideración especialmente importante: evitar la celebración del juicio y la declaración de la víctima, una menor de edad.
Cuando existe la posibilidad de alcanzar una solución procesal adecuada sin necesidad de someter a la víctima a una nueva exposición durante el procedimiento, esta circunstancia también debe formar parte de la valoración estratégica.
Evitar una eventual victimización secundaria puede ser un factor relevante a la hora de explorar una conformidad.
El resultado fue una conformidad aceptada por todas las partes, que permitió poner fin al procedimiento dictando in voce una sentencia el mismo día previsto para la celebración del juicio y que quedó firme en el mismo acto.
La respuesta penal alcanzada supuso una reducción importante respecto de la inicialmente solicitada por el Ministerio Fiscal. En concreto, el Ministerio Público partía de una petición de cuatro años de prisión y la conformidad alcanzada permitió que la resolución final impusiera tres meses de prisión a nuestro cliente, además de las correspondientes multas y medidas accesorias.
Este caso permite explicar una realidad que con frecuencia queda fuera de la comunicación sobre la defensa penal y también de muchas clases de práctica jurídica de nuestras universidades: una buena defensa no consiste necesariamente en conseguir una absolución.
Cuando el análisis del procedimiento revela que afrontar el juicio puede implicar una exposición penal significativamente superior a la que puede alcanzarse mediante una conformidad, la labor del abogado penalista puede estar precisamente en identificar ese escenario, anticiparse a él y trabajar para conseguir la mejor solución jurídica posible.
Eso exige estrategia, conocimiento técnico, capacidad de negociación y una lectura global del procedimiento. También exige saber cuándo litigar hasta el final y cuándo una conformidad negociada ofrece al cliente una solución sustancialmente mejor que la que podría obtenerse tras un juicio.
En nuestro despacho entendemos la defensa penal desde esa perspectiva: no se trata únicamente de ganar un juicio, sino de tomar las mejores decisiones jurídicas para cada cliente y en cada momento del procedimiento.
