La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo nº 153/2026, de 19 de marzo, incorpora un criterio de especial interés práctico en materia de exoneración del pasivo insatisfecho y crédito público.
La resolución analiza si la derivación de responsabilidad tributaria acordada respecto de los integrantes de una comunidad de bienes puede impedir, por sí sola, el acceso al mecanismo de segunda oportunidad previsto en el Texto Refundido de la Ley Concursal.
La cuestión no es menor. En los últimos años, la existencia de acuerdos firmes de derivación de responsabilidad venía siendo utilizada de forma prácticamente automática por la Agencia Tributaria para oponerse a la concesión de la exoneración.
La Audiencia asturiana introduce ahora un importante matiz: No toda derivación tiene el mismo significado ni responde necesariamente a una conducta reprochable del deudor.
El caso analizado
La resolución trae causa de la solicitud de exoneración formulada por una persona física sobre la que pesaban varios acuerdos de derivación de responsabilidad dictados por la AEAT al amparo del artículo 42.1.b) de la Ley General Tributaria.
Las deudas procedían de una comunidad de bienes de la que formaba parte la concursada. El juzgado mercantil entendió inicialmente que concurría la causa de exclusión prevista en el artículo 487.1.2º del TRLC y denegó la exoneración solicitada.
La Audiencia Provincial de Oviedo, sin embargo, revoca la sentencia de instancia y concede finalmente el beneficio.
Una interpretación menos automática del artículo 487 del TRLC
La resolución resulta relevante porque se aparta de una lectura puramente literal del artículo 487.1.2º del TRLC.
El precepto establece que no podrá obtener la exoneración el deudor respecto del cual se hubiera dictado un acuerdo firme de derivación de responsabilidad dentro de los diez años anteriores a la solicitud. A partir de esa redacción, parte de la práctica venía sosteniendo que cualquier derivación tributaria bastaba para cerrar el acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho y, por ende, a una segunda oportunidad.
La Audiencia de Oviedo rechaza ese automatismo y conecta el análisis con la doctrina más reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En particular, recuerda que las limitaciones al derecho de exoneración deben interpretarse conforme al principio de proporcionalidad y atendiendo a la finalidad propia del mecanismo de segunda oportunidad: Permitir la recuperación económica del deudor de buena fe.
La cuestión, por tanto, no puede resolverse únicamente desde una perspectiva formal. Lo relevante es determinar qué tipo de conducta existe detrás de la derivación acordada.
La singularidad de la derivación de responsabilidad de los comuneros
El punto central de la sentencia se encuentra en la naturaleza de la responsabilidad prevista en el artículo 42.1.b) de la LGT.
Dicho precepto declara responsables solidarios de la deuda tributaria a los partícipes o cotitulares de entidades sin personalidad jurídica, entre ellas las comunidades de bienes.
A juicio de la citada Audiencia Provincial, este supuesto no puede equipararse a otros escenarios de derivación vinculados a actuaciones fraudulentas, ocultaciones patrimoniales o vaciamientos de activos. Aquí la responsabilidad surge directamente de la condición de comunero y de la propia estructura jurídica de la entidad.
En otras palabras, la derivación no aparece asociada a un comportamiento especialmente reprochable, sino a un mecanismo legal de imputación de deuda.
La Sala insiste en que los integrantes de la comunidad de bienes no desarrollaron ninguna conducta añadida que permita apreciar fraude o mala fe. El impago de la deuda tributaria por parte de la comunidad no implica automáticamente la existencia de una actuación dolosa de sus miembros.
Precisamente ahí se sitúa la diferencia respecto de las infracciones tributarias graves o muy graves, donde sí existe un juicio expreso de reproche sobre la conducta del obligado tributario.
La influencia de la jurisprudencia reciente
La sentencia se apoya de forma clara en la evolución jurisprudencial producida tras la Directiva (UE) 2019/1023 y, especialmente, tras las resoluciones dictadas por el TJUE y el Tribunal Supremo durante los últimos meses.
Tanto Luxemburgo como el Alto Tribunal español han insistido en que las excepciones al mecanismo de segunda oportunidad deben estar justificadas por razones legítimas y resultar proporcionadas. De este modo, la mera existencia de una derivación tributaria no puede convertirse automáticamente en un obstáculo absoluto para la exoneración si no existe detrás una conducta equiparable a aquellas que justificarían una sanción especialmente grave.
La Audiencia Provincial de Oviedo asume esa lógica y concluye que la derivación derivada exclusivamente de la pertenencia a una comunidad de bienes carece, por sí sola, de entidad suficiente para excluir al deudor del beneficio de exoneración.
Relevancia práctica
El criterio fijado por la AP de Oviedo puede tener una importante repercusión práctica en procedimientos de segunda oportunidad vinculados a pequeños empresarios y autónomos.
Es habitual que muchas actividades económicas se desarrollen mediante comunidades de bienes y que, tras el cese de actividad o la insolvencia del negocio, la Administración tributaria dirija automáticamente la deuda frente a los comuneros.
Hasta ahora, esa circunstancia estaba siendo utilizada con frecuencia para bloquear el acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho incluso en supuestos donde no existía ninguna conducta fraudulenta.
La resolución introduce una lectura más matizada del artículo 487 del TRLC y obliga a analizar la concreta naturaleza de la derivación acordada. No bastará ya con acreditar la existencia formal del acuerdo, sino que será necesario valorar si realmente concurre un comportamiento merecedor del reproche que justifica limitar el acceso a la segunda oportunidad.
Conclusión
La sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 19 de marzo de 2026 representa un nuevo paso en la reinterpretación del régimen de segunda oportunidad tras la reforma concursal.
La resolución diferencia adecuadamente entre las derivaciones de responsabilidad vinculadas a conductas fraudulentas y aquellas que responden únicamente a mecanismos legales de atribución de deuda derivados de la participación en una comunidad de bienes.
En opinión de Bergadà Abogados, la consecuencia es clara: La derivación tributaria del artículo 42.1.b) de la LGT no puede operar automáticamente como causa de exclusión de la exoneración del pasivo insatisfecho.
El pronunciamiento refuerza así una interpretación más flexible y finalista del sistema, alineada con los principios de proporcionalidad y buena fe que inspiran actualmente el derecho europeo de la insolvencia.
