Los próximos 4 y 5 de noviembre, Madrid acogerá la trigésima Cumbre Iberoamericana.
Veintidós naciones de nuestra comunidad histórica y cultural pondrán en común proyectos e iniciativas, entre las que ya se han anunciado las relativas a la transformación digital e inteligencia artificial, la cooperación ante desastres naturales; el desarrollo social o el reconocimiento de estudios y títulos.
No se ha incluido, sin embargo, algo de suma trascendencia, como es el avance hacia la deseable armonización del derecho que en buena medida compartimos, porque ha de reconocerse que esa realidad jurídica existe y debiera ponerse sobre el tapete.
El último Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericano, dedicado monográficamente a los retos del derecho penal en la región, volvió a destacar esos intensos vínculos entre la hispanidad jurídica.
En las siete sesiones internacionales ya celebradas del Espacio ha sido ese un eje invariable, porque los lazos entre los ordenamientos de ambas orillas europeas y americanas constan en las diferentes ramas del conocimiento legal.
De hecho, contamos todos con un mismo origen, la Carta gaditana de 1812, y unas evoluciones constitucionales posteriores muy cercanas.
En el caso particular del derecho penal, Cristóbal Martell, que une a su condición de eximio penalista la de haber nacido en Caracas, recalcó la experiencia comunitaria como guía para esos procesos de aproximación de los derechos de la hispanidad, que ha sido muy fructífera para dotar a los Estados de una jurisdicción punitiva no solo eficaz, sino respetuosa de las garantías ciudadanas.
Sobre este asunto abundó también César Nakazaki, uno de los más prestigiosos letrados limeños, defensor que fue de los últimos jefes de Estado de su país y otros asuntos emblemáticos, enfatizando la necesidad de un orden supranacional que permita equilibrar el régimen acusatorio con los derechos de defensa, en unos tiempos en que los vientos autoritarios que priman sobre todo la seguridad recorren América.
Y, desde Paraguay, el penalista Ricardo Preda, al frente de una las firmas más ilustres de Asunción, igualmente subrayó desde la vertiente procesal lo recomendable que sería dotarnos de herramientas que permitan desarrollar procedimientos penales sin perplejidades y que aseguren en cualquier supuesto la aplicación de la ley sin generar problemas adicionales al hacerlo.
La armonización de los diferentes derechos en la agenda multilateral
Situar la armonización de nuestros derechos en la agenda multilateral constituye, por tanto, una exigencia.
En el Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos continuamos haciéndolo, descubriendo en cada sesión los infinitos puntos de conexión entre los derechos de la hispanidad, lo que corroboran cada vez más asistentes a las jornadas e interesados que visualizan en internet los videos de sus “conversatorios”, como suelen decir en el nuevo continente.
Aunque desde instancias oficiales no lo acometan, nosotros seguiremos haciéndolo cada mes: tendiendo un puente entre nuestros derechos y nuestros juristas, lo que no ha dejado desde comienzos de este año de proporcionarnos enormes alegrías y satisfacciones, entre ellas las de mantener encuentros cotidianos entre nuestro mundo compartido, como en la órbita anglosajona han sabido hacer con su Commonwealth o comunidad de naciones, y con mucha menor razón de ser que la nuestra.
Resulta prioritario evolucionar hacia métodos de acercamiento de nuestros derechos y de nuestros tribunales y órganos judiciales, además de que cada vez circulan por nuestros países más y más ciudadanos de una u otra nación de Hispanoamérica, contribuyendo a afianzar siglos después aquella “España de ambos hemisferios” que proclamó La Pepa en su primer artículo.
