Dos meses de prisión sin cargos en España. Así resume, de momento, la situación de James Cox «Fergie» Chambers Jr.
Es bisnieto de James M. Cox, fundador de Cox Enterprises. Se trata de uno de los grandes conglomerados empresariales familiares de Estados Unidos, con negocios en telecomunicaciones, automoción y medios de comunicación. Chambers heredó una participación en la compañía, pero en 2023 se desvinculó de ella y vendió sus acciones. Es multimillonario.
Se define como marxista-leninista y revolucionario profesional. Y fue detenido en Ibiza el pasado 10 de julio a petición de su país.
Washington reclama su extradición por tres motivos. Blanqueo internacional de dinero con la finalidad de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras. Desórdenes públicos. Conspiración para causarlos.
La solicitud procede de la Fiscalía Federal para el Distrito de New Hampshire. Ninguna fuente oficial estadounidense ha trasladado públicamente su versión de los hechos en la documentación disponible. Lo que se conoce hasta ahora del contenido de la acusación procede, exclusivamente, de la reconstrucción hecha por la propia defensa.
Esa defensa tiene nombre propio. Baltasar Garzón y Barry Pollack. El mismo tándem que representó a Julian Assange frente a Washington.
Sostienen que Estados Unidos ha judicializado una actividad que califican de política y humanitaria. Donaciones a Gaza. Financiación del activismo propalestino. Una oposición pública, reiterada, a la política de Washington y Tel Aviv.
Según su planteamiento, no existe prueba conocida de que Chambers entregara conscientemente fondos a Hamás. La imputación de blanqueo, sostienen, convertiría movimientos legítimos de patrimonio propio en soporte jurídico de una persecución ideológica.
La presión política
El expediente ha saltado ya del ámbito judicial al parlamentario. Stella Schnabel, pareja de Chambers, se reunió esta semana con representantes de Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y BNG. Su objetivo: intentar frenar el curso de la reclamación.
Sumar había registrado dos días antes una Proposición No de Ley en la que pide al Ejecutivo que no autorice la continuación del procedimiento por la vía judicial, al entender que podrían concurrir causas de denegación previstas en la Ley de Extradición Pasiva.
Ione Belarra fue más allá. Calificó a Chambers de «primer preso político en España por defender la causa palestina».
La doble incriminación
El fondo técnico del asunto recae en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es el órgano competente para resolver sobre extradiciones.
Su análisis deberá abarcar varios extremos. La identidad del reclamado. La suficiencia formal de la petición. Los delitos imputados. Las penas previstas. Las garantías exigibles.
Pero dos cuestiones concentran el debate.
La primera es la doble incriminación. Consiste en comprobar si los hechos que motivan la reclamación estadounidense también serían delito conforme al ordenamiento español, sin que se requiera identidad nominal entre ambos tipos penales.
Bajo ese prisma, el blanqueo de capitales vinculado a financiación del terrorismo constituye el núcleo más sólido de la petición. España castiga esas mismas conductas.
Los cargos de desórdenes y conspiración para causarlos son más discutibles. Exigirán analizar los hechos concretos que subyacen a esas calificaciones estadounidenses —relacionados, según la defensa, con protestas contra una empresa fabricante de armamento israelí en Estados Unidos— y su encaje con figuras del Código Penal español.
Un filántropo
La propia defensa sostiene que otros participantes en aquellas protestas fueron condenados a penas próximas a los sesenta días de prisión. Frente a ellos, a Chambers se le reclamarían cinco años. Es un dato aportado por una de las partes. No consta contrastado de forma independiente en la documentación disponible.
En el terreno extrajudicial, el equipo de Chambers ha construido un relato centrado en su actividad filantrópica. Más de un millón de dólares destinados, según sus propias cifras, a proyectos humanitarios en Gaza.
Entre ellos: una panadería con capacidad para 3.600 panes diarios. Suministro de 150.000 litros de agua purificada. Un comedor comunitario con 3.000 raciones diarias. Clínicas gratuitas. Programas de apoyo psicológico infantil.
A ese relato se suma un manifiesto internacional. Lo firman más de un centenar de personalidades, entre ellas Richard Gere, Éric Cantona, Angela Davis, Greta Thunberg y Judith Butler. Schnabel ya lo ha trasladado al ámbito parlamentario español.
Quién tiene la última palabra
El desenlace depende de un mecanismo de doble decisión, previsto en la Ley 4/1985, de Extradición Pasiva.
Si la Audiencia Nacional deniega definitivamente la entrega, esa resolución vincula al Ejecutivo. El Gobierno no podrá autorizarla.
Si, por el contrario, el tribunal declara procedente la extradición, su decisión no resulta vinculante. Corresponde entonces al Consejo de Ministros, al amparo de los artículos 6 y 18 de la citada ley, autorizar o denegar la entrega. Puede hacerlo por razones de soberanía nacional, reciprocidad, seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado.
El caso Chambers, por tanto, podría no cerrarse en sede judicial. La última palabra, llegado el caso, sería política.
