El coste de conciliar trabajo y familia no debería recaer en las empresas, sino en el Estado. Así de claro se muestra Joaquín Merchán Bermejo, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, en esta entrevista con Confilegal, realizada en el marco del II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social —que ha reunido esta semana a 400 congresistas presenciales y a otros 400 seguidores por streaming—.
Merchán aprovecha también para hablar del registro horario, el aumento del absentismo laboral, los riesgos de la inteligencia artificial en el empleo y la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
¿Cree que las medidas actuales de conciliación permiten realmente compatibilizar trabajo y vida familiar, o todavía queda mucho por hacer?
Tenemos muchísimo que avanzar en este sentido. He revisado las políticas laborales de otros países europeos y nos queda mucho por mejorar. Pero, sobre todo, nos queda pendiente algo sobre lo que he venido hablando —sé que posiblemente no le guste al gobierno de turno—: y es que el PIB da margen para que el Estado siga invirtiendo en familia, es decir, en igualdad.
E invertir en familia y en igualdad no significa trasladar el coste a las empresas.
En este país hay permisos que tiene que asumir la empresa. Yo creo que el Gobierno que tenemos, o el que llegue, debe asumir estos costes de permisos, estos costes de conciliación, como en otros países, porque hay PIB para ello: hay margen para invertir en igualdad.
Ahí es donde tenemos que avanzar.
¿Qué objetivos tiene este II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social?
El objetivo principal es analizar las nuevas relaciones laborales en un mundo globalizado, un mundo que ya no entiende de fronteras y en el que esas relaciones laborales están cambiando.
Por eso las analizamos a través de la visión de países como Canadá, Rumanía, Japón, Italia, Argentina y Uruguay: es una visión global de unas relaciones laborales que hoy no entienden de fronteras.
¿Cuáles son los principales retos laborales que se están debatiendo?
El principal reto que se está debatiendo es la productividad: cómo esas nuevas relaciones laborales están cambiando el panorama.
Además de la productividad, está la conciliación, y el debate sobre productividad y bienestar en el trabajo, porque son compatibles. Estamos hablando de unas relaciones laborales dignas, propias del siglo XXI, que están llamadas a cambiar y a convertirse en un nuevo paradigma para lo que va a ser el mundo del trabajo en este siglo.
¿Es necesario cambiar el registro horario en España?
Sí, es necesario. Yo creo que todo es necesario y, desde luego, si viene a contribuir a regular mejor las relaciones laborales, a mí me parece perfecto.
Lo que sí vengo diciendo es que todas las regulaciones deben estar sujetas a un acuerdo social, a una dinámica de consenso entre empresarios y trabajadores. Creo que el registro horario, si ha de cambiar, tiene que ser por consenso y nunca por decreto ley.
«Desde la pandemia, la Administración ha puesto a su servicio a los ciudadanos y a los profesionales y eso no debe ser así. Es la Administración la que tiene que estar al servicio de los ciudadanos y de los profesionales».
¿Está creciendo demasiado la carga burocrática para empresas y profesionales?
Sí, está creciendo, y lo que tenemos que hacer es disminuir esa carga y conseguir que la Administración sea más eficiente.
Desde la pandemia, la Administración ha puesto a su servicio a los ciudadanos y a los profesionales y eso no debe ser así. Es la Administración la que tiene que estar al servicio de los ciudadanos y de los profesionales.
Este es un paradigma que tenemos que cambiar. Porque esto no puede ser así.
Un ejemplo de esa carga burocrática es la cita previa, ¿no?
Ojalá existiera de verdad la cita previa. Ojalá existiera, porque lo que está pasando es que en muchos casos se está anulando: todo pasa a ser vía digital, vía telemática.
Pero no estamos teniendo en cuenta que hay muchos ciudadanos que no están en las nuevas tecnologías. No tienen por qué estarlo. Tienen derecho a ello. Es la llamada brecha digital, que yo llamaría el abismo digital.
No es lógico que el Instituto Nacional de la Seguridad Social haya dicho que a partir del 1 de septiembre todas las notificaciones tienen que ser telemáticas. No han tenido en cuenta a buena parte de los ciudadanos, muchos de ellos mayores, avanzados en edad, y otros muchos a los que la tecnología no les gusta. ¿Y qué van a hacer con ellos?
El INSS sabe que esa norma se cae por su propio peso, que no aguanta un buen embite legal ante los tribunales.
Esta no es la única brecha. Mi opinión es que la Administración va demasiado deprisa con la digitalización de todo y eso crea problemas no solo a los ciudadanos, también a los profesionales. Deberían reducir la velocidad y pensar, reflexionar. A veces tengo la sensación de que van como pollos sin cabeza.
¿Qué está provocando realmente el aumento del absentismo laboral?
Es una gran pregunta. Hemos hecho un estudio sobre el absentismo he llegado a la conclusión de que es un problema de país que debemos afrontar desde el consenso, sentando a todas las partes. Al Gobierno, a las mutuas de accidentes de trabajo, a las empresas, al INSS y a los trabajadores.
Creo que si todos nos sentamos a trabajar, podemos reducir estos altos índices de bajas médicas. No me gusta utilizar la palabra absentismo porque absentista es el que, pudiendo ir a trabajar, no va.
Aquí estamos hablando de bajas médicas prescritas por un médico, y no podemos meterlo todo en el mismo saco. Dicho esto, estas cifras hay que reducirlas, porque antes de la pandemia estábamos en 400.000 bajas y hoy estamos en 1.400.000, de las cuales casi 600.000 o 700.000 son bajas psicológicas.
Y de esas bajas psicológicas, un porcentaje altísimo corresponde a jóvenes de entre 20 y 35 años. Algo está pasando.
«La cuestión no es si el sistema de pensiones puede quebrar en un futuro. La verdadera cuestión es qué pensión se va a cobrar. El sistema nunca va a quebrar, porque donde no llega la caja de las pensiones, llegan los Presupuestos Generales del Estado».
¿Qué explicación hay para eso?
Me gustaría encontrarla, de verdad que me gustaría. Tenemos que cuidar más las relaciones laborales, a los trabajadores. Porque así cuidamos también la productividad.
Por eso digo que debemos modernizarnos; de eso estamos hablando en este congreso: de esa nueva forma de relaciones laborales en la que productividad y bienestar se conjugan. Cuando un trabajador está a gusto en su trabajo, produce más. Es una ley de bronce. Como la de los salarios: cuando dos trabajadores corren detrás de un empresario buscando empleo, los salarios bajan, y cuando es el empresario quien corre detrás de los trabajadores, los salarios suben.
Con el bienestar pasa lo mismo: si al trabajador le das bienestar en el trabajo —en los países europeos esto está demostrado, y aquí también se está viendo— la productividad sube. Lo digo siempre: cuando un trabajador llega a sentirse orgulloso de su empresa, y también al revés, cuando la empresa está orgullosa de su trabajador, cuando eso confluye, la productividad sube.
¿Qué riesgos plantea la inteligencia artificial en las relaciones laborales?
La inteligencia artificial en sí misma no plantea riesgos: el riesgo es no utilizarla. Para mí, el riesgo está en quiénes la manejan, en quiénes son los que rigen esa inteligencia artificial —eso sí es un riesgo—, en los dueños de esa tecnología.
Ese es, para mí, el verdadero riesgo. El otro, el del profesional que no la utiliza, también lo es, pero lo que de verdad me preocupa son las empresas que son dueñas de esa industria. Sobre todo, porque muchas veces los despidos se están basando en algoritmos nada claros, que no sabes cómo han sido elaborados. Eso es un gran riesgo que tenemos que abordar.
¿Le preocupa la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores?
Claro que me preocupa. Yo sigo mucho a Marina Calderone, la ministra de Trabajo y Políticas Sociales de Italia. La conozco desde hace muchos años porque ella fue la presidenta de los Consulenti del Laboro, que es lo mismo que ser presidenta de los graduados sociales aquí. Es la misma profesión.
Allí, en Italia, se ha empezado a utilizar —las palabras son muy importantes— un concepto nuevo: se ha abandonado el salario mínimo para hablar de lo que llaman el salario justo.
¿En qué consiste?
Tiene algunas vertientes distintas. Allí se habla de un salario justo por sectores: no es lo mismo el sector de la hostelería que el de la construcción, por ejemplo. En todos los sectores se parte de un salario mínimo, pero se llega al salario justo sector por sector, a través de los convenios colectivos de cada uno. Y está funcionando.
Marina Calderone ha impulsado ese nuevo concepto que deberíamos estudiar aquí.
Y claro que me preocupa la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, porque su bienestar es importante también para las empresas. Si un trabajador tiene un salario le permite vivir, va a estar más a gusto, más contento; en eso los empresarios tendrían que ser inteligentes.
La ministra Elma Saiz, en la inauguración de este Congreso, ha hablado del sistema de pensiones. Y ha dicho que es sostenible. ¿Comparte su punto de vista?
Sin duda que sí. Hay quien tiene una visión voluntarista y dice que no, pero creer que el sistema público de pensiones va a quebrar es una utopía, entre otras cosas porque ¿cómo va a quebrar un sistema público que tiene más de 22,1 millones de cotizantes?
La cuestión no es si el sistema de pensiones puede quebrar en un futuro. La verdadera cuestión es qué pensión se va a cobrar. El sistema nunca va a quebrar, porque donde no llega la caja de las pensiones, llegan los Presupuestos Generales del Estado, como se está haciendo.
Ya lo dijimos hace muchos años, cuando teníamos una hucha de 67.000 millones de euros: esa hucha se agotó, y los Presupuestos Generales del Estado llegaron donde no llegaba el sistema público. Y así se sigue haciendo.
Quizá el problema de las pensiones se resolverá cuando los baby boomers ya no estén…
Claro que sí, pero también me hace mucha gracia cuando se extrapolan tantos años en materia de demografía. Lo que no sabemos es cómo se va a comportar el mercado de trabajo en los próximos años.
hora vamos a tener 1.200.000 personas extranjeras que se van a dar de alta, y eso va a sostener mucho más el sistema público de pensiones. No sabemos qué va a pasar dentro de cuatro años; hay que ir año a año, porque de verdad no se puede pensar en demografía a 15 o 20 años vista.
Ya lo estamos viendo: hacen falta extranjeros. No lo digo yo, lo dice el presidente de la Federación de la Construcción: tenemos que regularizar a los extranjeros, nos hacen falta.
