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JJpD, en contra del proyecto de 5 países de la UE de enviar a los migrantes a Ruanda

JJpD rechaza el centro de retorno en Ruanda de cinco países de la UE: lo ve una “inhumana externalización” y pide vías legales y seguras de migración.

19/11/2026 10:11

El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha fijado posición frente al proyecto de “centro de retorno” en Ruanda que impulsan Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos.

Para la asociación judicial –la tercera en número de afiliados de las cuatro existentes– la iniciativa es una “inhumana externalización” de unas responsabilidades en derechos humanos y protección internacional que Europa asumió, según su comunicado, “desde la experiencia de su propia historia”.

La toma de postura llega tres días después de la presentación oficial del plan. Los cinco países anunciaron la iniciativa el lunes en Viena y quieren inaugurar el centro en Ruanda en 2027. Los detalles del acuerdo siguen negociándose, y por ahora la operación tiene alcance limitado: solo se trasladaría a solicitantes de asilo rechazados sujetos a decisiones de retorno ejecutables, y fuentes diplomáticas apuntan a una fase piloto con unas 100 personas.

La versión de los promotores

Los Gobiernos impulsores defienden que el proyecto cabe en el marco jurídico vigente. El Ejecutivo neerlandés sostiene que el centro se establecerá conforme al Derecho europeo e internacional y que las personas trasladadas se alojarán en una instalación abierta y temporal, concebida como alternativa cuando no sea posible el retorno al país de origen. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, habló en la rueda de prensa de Viena de “un cambio radical” frente a la inmigración irregular. El portavoz de la Comisión Europea Markus Lammert dio la bienvenida a la medida.

Alineamiento con Naciones Unidas

JJpD dice compartir las preocupaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Türk reconoció no haber visto el borrador de la propuesta, pero advirtió de los riesgos de trasladar a personas desde cinco países de la UE a Ruanda, con el que no tienen un vínculo real. También subrayó que la solución a la migración no pasa por buscar países lejanos ni por externalizar obligaciones en materia de derechos humanos.

La asociación recoge ese doble argumento: la ausencia de vínculo entre la persona trasladada y el país de destino y los “propios desafíos en materia de derechos humanos” que, según el comunicado, afronta Ruanda.

Las causas, no el desplazamiento

En el fondo, la crítica de JJpD es de método. La complejidad del fenómeno migratorio, sostiene, “no puede abordarse mediante el desplazamiento del problema hacia terceros países”. La asociación pide políticas públicas dirigidas a las causas: conflictos armados, vulneraciones de derechos humanos, desigualdad económica y social y falta de oportunidades.

Como alternativa, propone un “modelo de gobernanza migratoria integral, sostenible y plenamente respetuoso con los derechos humanos”. Ese modelo se apoyaría en tres ejes: ampliar las vías legales y seguras de migración, reforzar los mecanismos de protección internacional y reconocer la aportación de las personas migrantes “al desarrollo económico, social y cultural de las sociedades europeas”.

El precedente británico

Ruanda ya ha estado en el centro de un pulso jurídico europeo. El Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegal en noviembre de 2023 la política de traslados a ese país, y Londres respondió con un tratado bilateral y una ley que obligaba a considerar Ruanda país seguro. El nuevo esquema se diferencia en que no traslada el examen de solicitudes, sino la ejecución de retornos ya acordados. Ese punto será previsiblemente el núcleo del debate sobre su encaje con el principio de no devolución.

Por ahora, falta el elemento clave para cualquier análisis jurídico: el texto del acuerdo, que ni siquiera la oficina de Türk dice conocer.

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