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Opinión | El Gobierno sube el salario mínimo, pero recorta el acceso a la justicia

La subida del salario mínimo deja fuera de la justicia gratuita a trabajadores vulnerables por la congelación del IPREM, según denuncia el ICAM.

19/11/2026 04:11

Hay decisiones políticas que pueden provocar consecuencias profundamente injustas cuando se adoptan sin tener en cuenta el conjunto de derechos que nuestro ordenamiento jurídico está llamado a proteger.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada el martes por el Consejo de Ministros es un ejemplo especialmente preocupante.

Todos conocemos el dilema de la manta corta: Si estás acostado con una manta pequeña y tiras de ella hacia arriba para taparte la cabeza y el cuello, tus pies se quedan fríos; si te cubres los pies por completo, te destapas la parte superior del cuerpo.

Es una metáfora que describe una situación en la que los recursos son insuficientes y, al intentar solucionar un problema o cubrir una necesidad, se deja otra al descubierto. Y esta situación es la que se ha generado con la decisión de aumentar el SMI hasta los 18.004 euros

Una medida que, en principio, debería celebrarse porque supone mejorar los ingresos de quienes menos ganan.

MUCHAS PERSONAS QUEDAN FUERA DEL BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA

Sin embargo, detrás de este anuncio se esconde una paradoja difícilmente justificable: un trabajador que perciba exclusivamente el salario mínimo quedará, por el mero hecho de cobrarlo, por encima del umbral ordinario que permite acceder al beneficio de justicia gratuita.

Sí, han leído bien. En España, ganar el salario mínimo puede ser suficiente para que el Estado considere que una persona dispone de recursos económicos suficientes para pagar su propia defensa jurídica.

Esta contradicción afecta directamente a las garantías constitucionales de acceso a la justicia.

El artículo 119 de nuestra Constitución establece expresamente que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

No estamos, por tanto, ante una prestación asistencial que el Estado pueda conceder o restringir según las circunstancias presupuestarias.

Estamos ante una garantía constitucional estrechamente vinculada al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.

¿CÓMO HEMOS LLEGADO A SEMEJANTE CONTRADICCIÓN?

La respuesta tiene nombre: Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este indicador, utilizado para determinar el acceso a numerosas prestaciones sociales y, entre ellas, la asistencia jurídica gratuita, permanece congelado desde 2023, completamente desconectado de la evolución de los salarios y del coste de la vida.

El problema se encuentra en el artículo 3.1 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que fija los umbrales económicos para acceder al sistema en función de distintos múltiplos del IPREM.

Dos veces este indicador para quienes no están integrados en una unidad familiar; dos veces y media para determinadas unidades familiares de menos de cuatro miembros; y tres veces para las unidades familiares de cuatro o más integrantes.

Traducido a cifras, los límites ordinarios de ingresos brutos anuales se sitúan en 16.800 euros para una persona sola, 21.000 euros para una unidad familiar de dos o tres miembros y 25.200 euros para una de cuatro o más miembros.

Con el nuevo salario mínimo, una persona que viva sola y perciba 18.004 euros anuales superará en 1.204 euros el límite legal ordinario para acceder a la justicia gratuita.

Y las consecuencias para las familias son todavía más evidentes.

Una familia de cuatro miembros en la que uno de los progenitores cobre el SMI y el otro trabaje a media jornada, percibiendo proporcionalmente la mitad de ese salario, alcanzará los 27.006 euros anuales. Quedará fuera del umbral ordinario.

¿Qué ocurre si ambos progenitores cobran el salario mínimo? Sus ingresos conjuntos ascenderán a 36.008 euros anuales, más de 10.800 euros por encima del límite previsto para una familia de cuatro miembros.

Estamos hablando de familias trabajadoras, de personas que afrontan alquileres, hipotecas, suministros, alimentación y gastos escolares.

Personas que llegan con dificultad a final de mes y a las que, sin embargo, el sistema les dice que ganan demasiado para tener derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Es cierto que el artículo 5 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita contempla supuestos excepcionales en los que las Comisiones pueden reconocer este derecho a personas que superen los umbrales generales, atendiendo a sus circunstancias familiares, personales y económicas, con el límite legal de cinco veces el IPREM. También existen colectivos especialmente protegidos.

Pero precisamente su carácter excepcional pone de manifiesto la insuficiencia del sistema. Lo que debería ser una garantía general para quienes carecen realmente de medios suficientes para litigar no puede depender de que una Comisión aprecie circunstancias extraordinarias.

Las excepciones no pueden convertirse en la respuesta habitual a una norma que ha dejado de reflejar la realidad económica de sus destinatarios.

LA SITUACIÓN NO ES NUEVA

La situación, además, no es nueva. Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid llevamos tiempo denunciándolo. En febrero de 2025 presentamos una queja formal ante el Defensor del Pueblo, advirtiendo de que la falta de actualización del IPREM estaba excluyendo del sistema de justicia gratuita a un número potencialmente enorme de ciudadanos económicamente vulnerables.

Solicitamos entonces una revisión urgente de los umbrales legales para evitar que el incremento del salario mínimo terminara convirtiéndose, paradójicamente, en una causa de exclusión del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Y, lejos de corregirse, la situación se agrava con cada nueva subida del salario mínimo.

Pero hay una consideración jurídica aún más relevante que debería hacer reflexionar al legislador.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 16/1994, de 20 de enero, estableció una doctrina especialmente esclarecedora sobre el alcance del artículo 119 de la Constitución.

Aunque reconoció que corresponde al legislador configurar las condiciones de acceso a la justicia gratuita, advirtió de la existencia de un núcleo constitucional indisponible que obliga a garantizarla a quienes no pueden afrontar los gastos de un proceso sin desatender sus necesidades vitales y las de su familia.

Este criterio, reiterado posteriormente por el propio Tribunal Constitucional, resulta particularmente oportuno para analizar la situación actual.

¿Puede sostenerse seriamente que una persona que cobra el salario mínimo dispone necesariamente de recursos suficientes para pagar un abogado y un procurador sin comprometer sus necesidades básicas? ¿Puede afirmarse lo mismo de una familia con dos salarios mínimos y varios hijos a su cargo?

La solución no puede obtenerse de una operación aritmética realizada sobre un indicador congelado desde hace años. Recordemos que la actualización del IPREM se produce en la Ley de Presupuestos, y todos sabemos que ha ocurrido con los presupuestos en esta legislatura. La suficiencia económica para litigar debe guardar relación con la capacidad económica real de los ciudadanos.

La contradicción resulta todavía más llamativa si atendemos al artículo 35 de la Constitución, que reconoce el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.

LA CLAVE

Por un lado, el Gobierno incrementa el salario mínimo con el argumento de garantizar unas condiciones de vida dignas. Por otro, mantiene inalterado el indicador económico que puede determinar que quienes perciben precisamente esa remuneración mínima carezcan del derecho ordinario a la justicia gratuita.

No puede ser que el mismo Estado que reconoce la necesidad de elevar el salario mínimo para garantizar una remuneración suficiente considere que, por percibir esa cantidad, un ciudadano ya dispone de medios económicos para sufragar su defensa ante los tribunales.

Una familia que afronta un conflicto sobre su vivienda o unos padres que deben acudir a los tribunales no pueden verse obligados a elegir entre asumir gastos jurídicos que comprometan su economía doméstica o renunciar a defender sus intereses legítimos.

Y esa es precisamente la disyuntiva a la que se va a empujar a demasiados ciudadanos.

Tampoco podemos aceptar como explicación que la actualización del IPREM dependa de la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que no llegan. La ausencia de nuevos presupuestos no puede convertirse en una excusa permanente para mantener desactualizados los umbrales de acceso a un derecho constitucional. El Gobierno y las Cortes Generales disponen de instrumentos normativos para afrontar el problema si existe voluntad política.

RECLAMAMOS UNA RESPUESTA INMEDIATA

Desde el ICAM reclamamos una respuesta inmediata. Es necesario revisar el artículo 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, adecuar sus umbrales económicos a la evolución del salario mínimo y del coste de la vida y establecer mecanismos de actualización que impidan que esta situación vuelva a repetirse.

No estamos pidiendo ampliar indiscriminadamente una prestación pública. Estamos exigiendo que los criterios económicos utilizados para reconocer un derecho constitucional respondan a la realidad social y respeten la finalidad para la que ese derecho fue establecido.

Y exigimos al Gobierno y a los grupos parlamentarios que asuman su responsabilidad.

Quienes conocemos el Turno de Oficio sabemos que detrás de cada solicitud de justicia gratuita hay una persona que necesita que sus derechos sean defendidos. No son estadísticas ni expedientes administrativos. Son ciudadanos para quienes acudir a un abogado representa, muchas veces, la única posibilidad real de obtener justicia.

Por eso resulta especialmente doloroso comprobar cómo un sistema concebido para proteger a quienes menos recursos tienen va cerrándoles sus puertas por una falta de actualización normativa.

A todo ello debemos añadir una injusticia más que provoca esta situación. Las solicitudes de justicia gratuita de los ciudadanos que superan los umbrales señalados en esta columna van a ser denegadas. La mayoría de comunidades autónomas con las competencias de justicia transferidas abonan a los abogados las actuaciones realizadas, aunque la solicitud haya sido denegada.

Sin embargo, en el caso de los procedimientos competencia del Ministerio de Justicia, que son aquellos que se tramitan en Castilla León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, así como los asuntos tramitados ante la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, no se abona nada al profesional si la solicitud de justicia gratuita ha sido denegada, lo que en la práctica va a suponer que cientos de profesionales se queden sin cobrar por actuaciones efectivamente realizadas.

Una justicia a la que no se puede acceder por falta de recursos nunca será una justicia verdaderamente igual para todos, y ese acceso para aquellos ciudadanos que no tienen medios económicos debe ser sufragado por la administración, no por el patrimonio del profesional designado por turno de oficio.

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