El abogado de la exsenadora, Elena Diego, reivindicará su inocencia ante el Tribunal Supremo

El abogado de la exsenadora, Elena Diego, reivindicará su inocencia ante el Tribunal Supremo

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10/2/2015 00:00
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Actualizado: 10/2/2015 00:00
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El letrado Manuel Ollé defenderá a la exsenadora socialista, Elena Diego, en el juicio que, contra su persona, tendrá lugar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante el 11 y el 12 de febrero.

«Personalmente, tengo mucha confianza en la profesonalidad de los magistrados del Tribunal Supremo y, de forma particular, de los de la Sala Segunda», manifesta Ollé. «Estoy seguro de que escucharán con mucho interés nuestro punto de vista, que no es otro que reivindicar la inocencia de la exsenadora». 

Diego va a ser juzgada como aforada ya que, aunque presentó su renuncia como senadora el 24 de septiembre pasada, el Alto Tribunal ya le había abierto juicio oral por lo que, en virtud de un acuerdo tomado por el Pleno del Tribunal Supremo, tiene que ser juzgada como senadora aunque ya no lo sea.

La exsenadora tiene que responder por un supuesto delito de prevaricación administrativa cuando era alcaldesa de la localidad salmantina de Villamayor relacionado con la contratación irregular de dos monitoras.

También se le imputa un delito continuado de nombramiento para cargo público sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. La Fiscalía pide que se la inhabilite para cargo público por ocho años y las acusaciones popular y particular que además responda con 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil. 

El pago de esta indemnización se exige también de modo solidario a la segunda procesada en esta causa, la que fuera concejala de este municipio Cándida Egido González por cooperación necesaria en la misma conducta.

El pasado mes de septiembre la Mesa del Senado aceptó tramitar el suplicatorio del Tribunla Supremo contra la senadora Diego, que se concedió a mediados del mes de octubre. 

El instructor de la causa, Francisco Monterde, encontró indicios de que Diego colocó ‘a dedo’ en el año 2008 a dos monitoras de tiempo libre que fueron contratadas por el Consistorio de Villamayor sin haber superado la correspondiente convocatoria pública de empleo. 

El pasado mes de febrero, la senadora declaró voluntariamente ante el Supremo y negó haber participado en el proceso de selección. Según dijo, poco después de la contratación el interventor municipal le comunicó después que se había producido una irregularidad administrativa y entonces firmó el informe de reparación por el cual se modificó el contrato de una de las trabajadoras.

La segunda monitora, según su versión, obtuvo el empleo tras renunciar dos aspirantes al puesto. Diego aseguró además que ninguna de las dos monitoras tenía vínculo personal o político con el Ayuntamiento.

El asunto había sido elevado al Supremo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Salamanca, que encontró indicios de delito contra Diego y la edil en relación con la contratación de monitores culturales y deportivos realizada por el Ayuntamiento de Villamayor para el curso 2008-2009.

En la documentación del caso consta que tras la convocatoria de la oferta pública de empleo, el tribunal calificador instó a contratar a nueve personas conforme a la beremación de sus méritos. Pese a ello, la concejal Cándida Egido elevó una propuesta que incluía a dos mujeres que no se encontraban en la lista, una de las cuales ni siquiera se había presentado a concurso. EP.

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