La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha imputado en la causa a otras 34 personas, con lo que el número de implicados asciende a 265, y ha citado para el próximo 19 de febrero a los peritos de la Intervención General del Estado a fin de que ratifiquen el informe que realizaron sobre las irregularidades.
En un nuevo auto, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya imputa a estas 34 personas tras recibir, entre otros, un nuevo atestado sobre ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
En el auto, Alaya analiza una treintena de ayudas concedidas por valor de más de once millones de euros, la mayoría de ellas gracias a la amistad entre los empresarios y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, natural de la zona y que en ocasiones recibió regalos a cambio de facilitar las subvenciones.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez amplía además la imputación a los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, y José Enrique Contreras, gerente del IFA en Sevilla entre los años 2002 y 2004, a todos los cuales cita a declarar el 7 de abril.
Las ayudas de entre 44.000 y 1.200.000 euros que se concedieron a empresas de todo tipo a partir del 2003 tenían como «denominador común la ausencia de procedimiento», estaban carentes en la mayor parte de ellas de solicitud y no tenían documentación justificativa, resume la instructora.
Entre los 34 nuevos imputados, la juez incluye a tres exalcaldes socialistas de la comarca: Antonio Diana Expósito (El Pedroso); al regidor de Guadalcanal, cuya almazara recibió un millón de euros, y a José Antonio Méndez Sánchez (El Real de la Jara).
A los nuevos imputados, la juez les acusa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y los cita a declarar a partir del 23 de marzo, un día después de las elecciones andaluzas.