El fiscal no cambia su acusación contra la exsenadora del PSOE, Elena Diego

El fiscal no cambia su acusación contra la exsenadora del PSOE, Elena Diego

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12/2/2015 00:00
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Actualizado: 12/2/2015 00:00
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El fiscal del caso de la exsenadora socialista, Elena Diego, mantuvo la petición de ocho años de inhabilitación, por un supuesto delito de prevaricación administrativa, pese a las dudas planteadas sobre la querella, por contratar a dos monitoras de Cultura en el pueblo salmantino de Villamayor, del que había sido alcaldesa, tenían su origen en un acoso sexual contra su persona.

El día anterior, Diego señaló a Daniel N.M., interventor del Ayuntamiento en 2008, como el iniciador de la denuncia que desembocó en este juicio contra su persona en la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo.

El informe elaborado por este funcionario fue lo que sirvió de base para la querella que presentó la Plataforma en Defensa de Villamayor, capitaneada por Luis Folgado López, actual teniente de alcalde del pueblo, al que la exsenadora denunció por acoso ante los juzgados de la localidad. La denuncia fue archivada.

El interventor, que declaró en la segunda y última sesión, el jueves,por la mañana, negó que hubiera tenido ningún enfrentamiento con la entonces alcaldesa.

El abogado defensor de la exsenadora, Manuel Ollé, trató de interrogar a Daniel N.M. sobre esta línea de argumentación pero el presidente del tribunal –y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-, Manuel Marchena, lo cortó de raíz.

El magistrado Marchena le recordó al letrado que Daniel N.M. comparecía como testigo, que había prometido decir verdad, y que no podía responder a ninguna pregunta que pudiera incriminarle como consecuencia de las preguntas que le hicieran.

A pesar de ese apercibimiento, Ollé le preguntó a Daniel N.M.: «¿Estaba usted enamorado de la alcaldesa?”. En ese punto, Marchena interrumpió al letrado para señalarle que  «aunque afecten a la credibilidad del testigo, se trata de aspectos sin relevancia jurídica suficiente».

El magistrado recordó a Ollé que lo que se estaba dirimiendo en el juicio es si la acusada había contratado o no a las dos monitoras con la oposición del interventor.

Ollé únicamente pudo preguntar por las circunstancia de la salida de Noguerales del Ayuntamiento de Villamayor, que según éste se produjeron porque optó a un puesto en un municipio con mayor población.

Daniel N.M. declaró ante el tribunal que había indicado que existían ciertas irregularidades en las nóminas de las dos monitoras nombradas irregularmente, si bien también reconoció que no se opuso a que fueran contratadas ni tampoco pidió la anulación de sus contratos.

La exsenadora volvió a negar haber cometido el delito y afirmó que ningún técnico del Ayuntamiento  de Villamayor le avisó de que podía estar firmando dos contratos ilegales.

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