El Gobierno de la Nación no sabe qué es lo que se hace y en qué se invierten los 512 millones de euros que se han recaudado en tasas desde su implantación en 2013. Así lo ha reconocido oficialmente en documento oficial, en contestación a una pregunta de Compromis-Equo, impulsada por la «Brigada Tuitera».
«El Ministerio de Justicia no dispone de información al respecto. Tampoco corresponde a la Agencia Tributaria de la Administración del Estado la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa», dice la respuesta del Gobierno fechada el 9 de febrero con número de entrada 178431 en contestación a la pregunta realizada el 19 de noviembre de 2014 por Joan Baldoví Roda, del Grupo Mixto (Compromís-Equo).
El objetivo de Baldoví era saber si el Gobierno había transferido a la Comunidad Valenciana, que tiene transferidas las competencias en materia de justicia, el dinero recaudado por las tasas que le correspondía.
En buena lógica, el diputado asumía que todo debía estar claro. Porque cuando el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció la implantación de las tasas judiciales «urbi et orbe» en 2012 lo justificó argumentando que lo hacía para financiar la justicia gratuita. La respuesta del Gobierno evidencia que no ha sido así.
«No existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto no que lo que existe es una vinculación, pero no afectación del ingreso recaudado por la tasa», añade la respuesta del Gobierno.
En una respuesta anterior, esta presentada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, el Gobierno reconoció haber recaudado, desde 2012, 512 millones de euros.