Juristas y expertos proponen 99 medidas contra la corrupción

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16/2/2015 00:00
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Actualizado: 16/2/2015 00:00
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Juristas, abogados, catedráticos, sociólogos y economistas han lanzado 99 propuestas «reales» contra la corrupción, entre ellas, reducir a un tercio los cargos públicos y apartar a los imputados de la política. La idea es que los partidos políticos puedan estudiar estas medidas e incorporarlas a sus programas, y que disminuya el descontento de la ciudadanía, que es «enorme».

Así lo ha puesto de manifiesto este lunes el presidente de la Fundación por la Justicia y de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, José María Tomás y Tío, durante la presentación de estas 99 medidas contra la corrupción realizadas por expertos en diferentes materias «sin ninguna intención partidista ni electoral», ha apostillado Tomás y Tío. 

Durante la presentación, el catedrático de Economía Aplicada y expresidente del ICO, Aurelio Martínez, ha dado algunas cifras para poner de relieve la «magnitud del problema de la corrupción», y ha señalado que se estima que la corrupción en el mundo, de manera general, puede representar el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial. Ante ello, ha afirmado que es «muy importante» acabar con los paraísos fiscales y poner penas muy graves a las empresas que corrompan.

Además, ha puntualizado que en España, según una última investigación universitaria, la corrupción costaría al año 40.000 millones de euros, es decir, el 3,5% del PIB.

En un documento de 30 folios se detallan las 99 medidas relacionadas con el fortalecimiento de la función pública y el control de la administración, propuestas electorales como las listas abiertas y limitación de permanencia en cargo público a 8 años, la destitución de los cargos imputados o la prohibición de que empresas con contrato vigente con la administración hagan donaciones a partidos.

Proponen una reducción significativa de los cargos a 150.000 –actualmente hay unos 500.000–; disminuir sensiblemente el número de personas con designación política y apostar por funcionarios de carrera; aplicar medios de control –que los interventores cumplan sus funciones con absoluta minuciosidad–; o incrementar la transparencia de todas las actuaciones. En cuanto a las subvenciones a organizaciones sociales, abogan por regularlas.

Reclaman también la estricta regulación de las subvenciones a sindicatos y patronales, mayores penas a los políticos que delincan en el ejercicio de su cargo, cambios en la forma de elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la imposibilidad de sustituir a un fiscal que investigue casos de corrupción. Y, aumentar el número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 por cada 100.000.

Tras el lanzamiento de estas propuestas, la idea es que se pueda crear un Observatorio y un Foro Ciudadano contra la Corrupción, que una vez al año se reuniría para debatir y crear conciencia de este «grave» problema que traspasa las barreras nacionales.

La presentación ha tenido lugar en la Universitat de València, y de forma simultánea en Madrid, y ha contado también con el respaldo de la catedrática de Ética Adela Cortina o los jueces Manuela Carmena y Pedro Viguer, entre otros.

 

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