La Sala de Gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana da 24 horas a una juez para que explique una queja y después lo archiva
“No es normal un requerimiento como ese con una premura de 24 horas de tiempo”. “Eso tiene toda la apariencia de un ultimátum”. “Ahí hay de todo menos claridad”, son algunas de las opiniones recabadas de varios jueces por Confilegal. La juez “requerida” por la Sala de Gobierno del TSJ de la Comunidad Valenciana fue Begoña Tárrega, que admite sentirse “perseguida”.
Cuando un juez toma una decisión jurisdiccional la vía que la ley establece al afectado para modificarla es por vía del recurso, ya sea ante el propio juez o ante el órgano superior.
No hay otra.
Sin embargo, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) el pasado 3 de febrero le dio 24 horas a la juez Begoña Tárrega para que explicara uno de sus casos, abriéndole unas diligencias de información previas ese día.
Además, se lo comunicaron al fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante así como al promotor para la Acción Disciplinaria, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Sobre esta última decisión, la juez considera que lo que se busca es “perjudicarme en el expediente [abierto contra ella en otra causa] en el CGPJ por el Promotor de la Acción Disciplinaria de la que se tiene conocimiento por Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana” y que se sigue contra ella “por hechos completamente distintos a los denunciados y con los que no guarda ningún tipo de identidad ni similitud”, dice la juez Tárrega en el escrito dirigido al TSJ-CV.
“Denuncio asimismo que pese a haber solicitado a la Excelentísima Presidenta del Tribunal Superior de Justicia amparo en multitud de ocasiones no he recibido siquiera respuesta a mis solicitudes”, añade la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villajoyosa, Alicante.
La denuncia que Tárrega presentó el 3 de febrero de 2014 ante la presidenta del TSJ-CV, Pilar de la Oliva, contra la entonces secretaria judicial interina del Juzgado, Magdalena Such fue el origen de ese procedimiento, que mantiene “vivo”, a día de hoy, el promotor de la Acción Disciplinaria.
La juez descubrió que Such había ejercido como abogada en el partido judicial de Villajoyosa, en los dos años anteriores a su nombramiento, por lo que estaba incurriendo en una incompatibilidad manifiesta en la Ley, lo cual estaba penalizado con una falta muy grave.
La denuncia de la juez contenía, asimismo una petición de amparo a la presidenta por el mal funcionamiento de su Juzgado, supuestamente provocado por la secretaria judicial. Esta, por su parte, denunció a la juez por acoso.
El origen de este caso es una queja de una ciudadana noruega. Ésta había presentado una denuncia contra su ex marido por un supuesto delito de maltrato ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Villajoyosa, que tiene las competencias de violencia de género. El Juzgado de Tárrega.
La juez se inhibió, entonces, al Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Benidorm, al considerar que era el que le correspondía. Así figura en un auto de fecha 8 de octubre.
Cuando la mujer presentó la denuncia ante el Juzgado de Villajoyosa, ésta estaba viviendo en Benidorm. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe considerarse domicilio habitual el que se esté ocupando en el momento de poner la denuncia.
La mujer, que estuvo asistida de letrado desde la denuncia en las dependencias policiales y judiciales en todo momento, no recurrió después esta decisión jurisdiccional de la juez. En vez de eso, optó por presentar la queja por el auto citado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Eso fue lo que dio pie a la exigencia de la Sala de Gobierno.
La juez Tárrega respondió, vía correo electrónico, al requerimiento del TSJ-CV el 6 de febrero de 2015. En el plazo que le habían requerido de 24 horas, tras recibir la comunicación el día anterior.
Al recibir la respuesta de la juez, ese mismo día 6 de febrero, la Sala de Gobierno tomó la decisión –por unanimidad- de archivar las diligencias de información previa, de igual manera a como habían sido abiertas tres días antes.
Así se lo comunicaron a la juez.
Sin embargo, el envío de la queja al fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa Dolado, tuvo consecuencias inesperadas. El 19 de febrero, Rabasa Dolado le comunicó a la juez Tárrega que había abierto unas diligencias de investigación penal y le pidió que le enviara testimonio de las diligencias previas.
Según fuentes judiciales consultadas por Confilegal, la Sala de Gobierno de un Tribunal Superior de Justicia no tiene funciones jurisdiccionales; son administrativas y disciplinarias.
El procedimiento iniciado de pedir al fiscal jefe de Alicante que informe acerca de la adopción de una de medida cautelar penal con carácter urgente habría sido una función jurisdiccional y habría supuesto inmiscuirse en un procedimiento judicial atribuido a un juzgado, lo cual podría haber abierto un melón de consecuencias inesperadas.
