El CGPJ investigará si Vieira y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al cobrar de Indra

El CGPJ investigará si Vieira y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al cobrar de Indra

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23/2/2015 00:00
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Actualizado: 23/2/2015 00:00
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El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido investigar los pagos que la Comunidad de Madrid ha entregado, a través de la empresa Indra, a jueces y secretarios judiciales, y con esa intención interrogará mañana al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira.

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha incoado una información previa para averiguar si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática.

Fonseca-Herrero ha citado este martes al presidente del TSJ de Madrid, Francisco Vieira, en la sede del CGPJ. El régimen de incompatibilidades de los jueces y magistrados está regulado en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por otro lado, la Comisión Permanente, reunida este lunes, ha acordado por unanimidad dirigirse al Servicio de Inspección del CGPJ para recabar la información necesaria sobre este asunto. 

Fuentes del sector progresista de los jueces han manifestado este lunes sus dudas de que las funciones realizadas por Vieira y otros magistrados  estén exentas de permiso de compatibilidad, tal y como ha defendido el presidente del TSJM en un comunicado. Este mismo sector considera que los hechos son merecedores de una investigación formal por el Consejo.

«En total, la entidad privada ha desembolsado más de 200.000 euros a 32 juristas», según El País, que detalla que el presidente del TSJM expuso en su momento que los jueces no iban a colaborar con Indra si no percibían una compensación económica, y que Vieira es uno de los que recibe esas primas.

El presidente del Alto Tribunal madrileño ha explicado que la Comunidad de Madrid dispone de un sistema de gestión procesal (GPRO) cuya puesta en marcha se inició en el año 2010 en Decanatos, Órganos Judiciales y Fiscalías, y que una de las ventajas de este sistema es el Compositor de Documentos, una herramienta cuya función es la de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales.

Así, ha reconocido que se les encomendó tareas de colaboración en la implantación de este Sistema y «como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa INDRA, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema».

Según Vieira, la intervención de estos equipos ha sido «esencial» para dotar a los Juzgados y tribunales de las herramientas informáticas «adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración», y ha asegurado que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes.

Críticas desde el PSM y UPyD

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco Pardo, ha calificado hoy como un «gravísimo atentado» contra la separación de poderes el hecho que la Comunidad de Madrid pague primas por medio de una empresa privada a jueces, fiscales y secretarios que participan en un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados.

Además, se da la circunstancia de que las relaciones entre ICM e Indra investigadas a su vez por el juez de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Púnica.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid pedirá tanto la comparecencia del consejero Salvador Victoria, como la del presidente del Consejo de Gobierno, Ignacio González, para que den explicaciones.

En el mismo sentido se han manifestado desde UPyD. Su candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ramón Marcos, ha resaltado que ICM «se ha utilizado como instrumento del Gobierno de Madrid y del PP para actuaciones irregulares y presuntamente delictivas».  

El sindicato C-SIF exige transparencia 

Por otra parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario  en el sector Justicia, ha exigido a la Comunidad de Madrid que informe de las partidas presupuestarias destinadas al programa de asesoramiento para el desarrollo de aplicaciones informáticas y los supuestos pagos a jueces, fiscales y secretarios judiciales, publicados hoy en medios de comunicación.

En una carta dirigida al director general de Relaciones con la Administración de Justicia, CSIF considera lamentable la falta de transparencia de la Administración. Este sindicato cree, además, que en esta tarea deben colaborar todos los operadores jurídicos, en especial los funcionarios de Cuerpos generales, que en definitiva son los usuarios de estas aplicaciones. CSIF recuerda que ha solicitado por activa y por pasiva que se cuente con la participación de los trabajadores en el desarrollo de estas herramientas informáticas.

«Para nuestra sorpresa, nos tenemos que enterar a través de los medios de comunicación de las medidas que está adoptando la Comunidad de Madrid en este sentido y más cuando se está demostrando que se está contando más con el asesoramiento de funcionarios de categorías superiores que no son los usuarios de estas herramientas», indica la carta.

CSIF también entiende que es «intolerable» que la Administración lleve a cabo planes de este tipo «al margen de las Centrales Sindicales presentes en Mesa Sectorial de Justicia», así como que se seleccione al personal que colabora en las labores de asesoramiento sin la debida publicidad, dado que en todo caso, se debería hacer una convocatoria pública donde primaran los principios de publicidad, mérito y capacidad. «Es decir, desconocemos los criterios que se han seguido para la selección de este personal», señala la misiva.

«Por ello, desde CSIF exigimos a esa Dirección General, que de manera inmediata se facilite información sobre la veracidad de las informaciones publicadas en prensa y relación de los empleados públicos que han colaborado, y/o lo hacen actualmente, en estas labores de asesoramiento. Asimismo, solicitamos que se nos informe sobre las partidas presupuestarias que permiten su financiación y a qué capítulo de los presupuestos de Justicia afectan».

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