Francisco Vieira acude al CGPJ a explicar los pagos de Indra a jueces de Madrid
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, comparece hoy ante el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, para responder de los pagos que la Comunidad de Madrid ha entregado, a través de la empresa Indra, a jueces y magistrados.
Fonseca quiere averiguar si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otros jueces y magistrados de esta Comunidad Autónoma incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en decanatos y órganos judiciales que se puso en marcha en 2010.
El régimen de incompatibilidades de los jueces y magistrados está regulado en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La decisión se produce después de que Francisco Vieira informara a través de una comunicado de que la Comunidad de Madrid solicitó la colaboración de jueces y magistrados, además de otro personal de la administración de justicia, para el desarrollo de esta herramienta y que entendió que esa actividad no precisaba autorización ni reconocimiento de compatibilidad por parte del Consejo.
Francisco Vieira ha reconocido que se les encomendó tareas de colaboración en la implantación de este Sistema y «como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa INDRA, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema».
«En total, la entidad privada ha desembolsado más de 200.000 euros a 32 juristas». Los pagos se han realizado a cambio de que los jueces y otros funcionarios colaborasen con Indra en la renovación tecnológica de la Administración de Justicia.
Además de la investigación del Promotor de la Acción Disciplinarias, el CGPJ a través de su Comisión Permanente, que ese reunió ayer lunes para abordar solo este asunto, ha acordado por unanimidad dirigirse al Servicio de Inspección del órgano para recabar la información necesaria sobre este asunto.
CRÍTICAS DE DISTINTOS PARTIDOS
Tanto el PSM como UPyD, han mostrado sus críticas antes estos cobros. El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco Pardo, ha calificado hoy como un «gravísimo atentado» contra la separación de poderes el hecho que la Comunidad de Madrid pague primas por medio de una empresa privada a jueces, fiscales y secretarios que participan en un proyecto tecnológico. Algo en lo que también ha incidido el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ramón Marcos, ha resaltado que ICM «se ha utilizado como instrumento del Gobierno de Madrid y del PP para actuaciones irregulares y presuntamente delictivas».
Señalando, además, las relaciones entre ICM e Indra investigadas a su vez por el juez de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Púnica.
EL SINDICATO C-SIF EXIGE TRANSPARENCIA
Por otra parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector Justicia, ha exigido a la Comunidad de Madrid que informe de las partidas presupuestarias destinadas al programa de asesoramiento para el desarrollo de aplicaciones informáticas y los supuestos pagos a jueces, fiscales y secretarios judiciales, publicados hoy en medios de comunicación.
En una carta dirigida al director general de Relaciones con la Administración de Justicia, CSIF considera lamentable la falta de transparencia de la Administración. Este sindicato cree, además, que en esta tarea deben colaborar todos los operadores jurídicos, en especial los funcionarios de Cuerpos generales, que en definitiva son los usuarios de estas aplicaciones. CSIF recuerda que ha solicitado por activa y por pasiva que se cuente con la participación de los trabajadores en el desarrollo de estas herramientas informáticas.
«Para nuestra sorpresa, nos tenemos que enterar a través de los medios de comunicación de las medidas que está adoptando la Comunidad de Madrid en este sentido y más cuando se está demostrando que se está contando más con el asesoramiento de funcionarios de categorías superiores que no son los usuarios de estas herramientas», indica la carta.
CSIF también entiende que es «intolerable» que la Administración lleve a cabo planes de este tipo «al margen de las Centrales Sindicales presentes en Mesa Sectorial de Justicia», así como que se seleccione al personal que colabora en las labores de asesoramiento sin la debida publicidad, dado que en todo caso, se debería hacer una convocatoria pública donde primaran los principios de publicidad, mérito y capacidad. «Es decir, desconocemos los criterios que se han seguido para la selección de este personal», señala la misiva.
