Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) defendió ante el promotor de la Acción Disciplinaria la legalidad de cobrar a INDRA por contribuir a la mejora del sistema informático de la Justicia en Madrid porque es una tarea de creatividad compatible con sus funciones.
De acuerdo con Vieira, ni sus 32 compañeros –magistrados, jueces, fiscales y secretarios- ni él incurrieron en incompatibilidad alguna al cobrar por sus servicios en el desarrollo del sistema de gestión procesal (GPRO) para decanatos, órganos judiciales y fiscalías que se puso en marcha en 2010. El objetivo de esta herramienta informática es generar documentos que se utilizan en la tramitación de expedientes judiciales.
El presidente del TSJM ha repetido ante el promotor, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, las mismas explicaciones que distribuyó el lunes en el comunicado que hizo público después de que el diario El País publicara la noticia. Y lo ha hecho a las 13.00 horas en la sede del órgano de gobierno de los jueces, en la madrileña calle del Marqués de la Ensenada, donde estaban esperándolo.
El día anterior, Vieira había sido citado por Fonseca-Herrero a las 11 de la mañana pero debido a una vista de apelación en la Sala Civil y Penal del TSJM, que también preside, tuvieron que posponerlo a la hora señalada.
En el escrito, Vieira explicó que las tareas realizadas no tenían ninguna relación con sus actividades como jueces o secretarios, por lo que entendió que no era necesario pedir permiso al Consejo General del Poder Judicial.
El presidente del TSJM entendió que «estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorización o reconocimiento de compatibilidad que prevé para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su artículo 343».
Por esa ocupación, los 32 juristas habrían cobrado entre 200 y 500 € al mes, lo que les habría reportado alrededor de 7.000 € en dos años y les habría requerido 15 horas mensuales fuera de su jornada laboral.
Según Vieira, fue la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) la que acordó que le empresa contratista INDRA compensara económicamente a los juristas reseñados por el esfuerzo que tenían que invertir.
De acuerdo con el presidente Vieira, la intervención de estos equipos ha sido “esencial” para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas «adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración», y ha asegurado que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes.
La pelota queda ahora en el campo del promotor de la Acción Disciplinaria que tiene que decidir si proseguir con las diligencias previas, abrir expediente, al entender que hay materia disciplinaria, o archivar, si piensa lo contrario.