La defensora del Pueblo constata el «claro malestar» creado por las tasas judiciales

La defensora del Pueblo constata el «claro malestar» creado por las tasas judiciales

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26/2/2015 00:00
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Actualizado: 26/2/2015 00:00
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La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, destaca en el Informe Anual de la institución que preside, correspondiente al año 2014, el «claro malestar» que las tasas judiciales provocan en los ciudadanos y en los operadores jurídicos que intervienen en los procesos, al tiempo que señala que esta medida ha tenido «una repercusión moderada en el descenso de la litigiosidad» de los tribunales.

El informe pone de manifiesto que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para evitar la tardanza en la tramitación de los procedimientos judiciales «no han sido suficientes» y que esta situación «repercute de forma negativa en la imagen del sistema judicial y, por ende, socava uno de los pilares del Estado de Derecho». «Una justicia tardía supone, en la práctica, una mala justicia», recuerda.

Al igual que en años anteriores, la defensor del Pueblo deja constancia de la «insuficiencia de medios» con que cuentan algunos juzgados y señala que su estado es «consecuencia directa, en la mayoría de los casos, de la austeridad económica que continúa afectando a todos los sectores del país».

En concreto, este organismo recibió en 2014 un total de 172 quejas por demoras judiciales, seis más que en el ejercicio anterior. De ellas 80 afectaban a la Jurisdicción Civil (nueve más que el año anterior), 53 a la Penal (seis más que el año anterior), 20 a la Social (tres menos que el año anterior) ,11 a la Mercantil (cuatro más que el año anterior) y ocho a la Contencioso-administrativa (diez menos que el año anterior).

En la Jurisdicción Penal la defensora del Pueblo destaca la situación de los juzgados de Alicante, que «superan ampliamente el criterio técnico fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como indicador de la carga de trabajo». Así, el tiempo de respuesta es muy alto (21,3 meses) y excede el doble del tiempo de respuesta nacional (10,2 meses). EP. 

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