El juez Andreu impone fianzas de 4,3 millones a los 21 exconsejeros que utilizaron las ‘tarjetas black’
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto fianzas por un total de 4,3 millones de euros a 21 ex consejeros que cargaron gastos personales a las ‘tarjetas black’ que fueron concedidas por Caja Madrid desde 1999 hasta 2012.
El magistrado ha fijado fianzas, que oscilan desde los 11.000 euros hasta los 610.000 euros impuesta al exconsejero de la caja propuesto por IU José Antonio Moral Santín, para cubrir las responsabilidades penales que puedan derivarse de la causa en la que investiga los gastos por valor de 15,5 millones de euros cargados a las ‘tarjetas B’.
El juez advierte de que, de no depositar dichas fianzas, se procederá al embargo de los bienes de los imputados y considera evidente que no se trataba de «ningún tipo de retribución o complemento retributivo pues hacerlo con unas tarjetas de forma discrecional escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial». En este sentido, alude a la inexistencia de justificantes, preceptos estatutarios o disposiciones contractuales que permitan la «atribución de estos fondos al marco retributivo de los consejeros».
Andreu considera que esta «práctica irregular» causó un «perjuicio» a la entidad y que «no es de recibo que los consejeros manifiesten que nadie les llamó la atención» por su uso en provecho propio. En su opinión, deberían haber sido ellos mismos quienes se encargaran de eliminar esta práctica por el bien de la caja pues esta supervisión y control estaba entre sus atribuciones.
«La simple condición de consejero y la aceptación de dicha responsabilidad presupone el conocimiento de que no se puede entender como aceptable la entrega de una tarjeta para su uso discrecional y sin necesidad de justificar las necesidades del gasto», explica el juez.
En este sentido, recalca que la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid hizo aumentar «el límite cuantitativo» de las tarjetas y desaparecer «por completo» el «control cualitativo», al tiempo que los movimientos de fines de semana o festivos en ningún caso pueden corresponder a gastos de representación.
PARTIDOS, PATRONALES Y SINDICATOS
Además de Moral Santín, el magistrado impone las fianzas más altas al sindicalista de CCOO Francisco Baquero (356.000 euros), al exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, del PP (341.000 euros), al exsecretario de Organización del PSM Antonio Romero (337.000), al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada (283.000) y al exconcejal socialista José María de la Riva (279.000).
También establece cauciones para el exdiputado socialista Ramón Espinar (238.000), la exvocal a propuesta del PP Carmen Cafranga (234.000), el representante de la Confederación de Cuadros Ignacio de Navasqües (210.000), el representante de CCOO Rodolfo Benito (188.000), el exconsejero ‘popular’ Alberto Recarte (187.000), el exalcalde de Móstoles por el PSOE José María Arteta (186.000), el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, del PP (172.000) y la exvocal Mercedes Rojo, de esta misma formación política (160.000).
Completan la relación el exdiputado del PSOE Jorge Gómez (131.000 euros de fianza), el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán (126.000), el sindicalista de CCOO Pedro Bedia (105.000), el miembro de la Junta Directiva del Real Madrid y exvocal del PP Luis Blasco Bosqued (69.000), la exconsejera socialiasta María Enedina Álvarez Gayol (63.000), el exsecretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez (59.000) y el exministro socialista Virgilio Zapatero (11.000).
El magistrado rechaza establecer fianzas para otros seis exconsejeros que alegaron en su declaración que habían devuelto los importes gastados. Se trata del exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella (175.400 euros), el integrante de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700), el integrante de Unipyme Guillermo Marcos (133.600), el sindicalista de CCOO Juan José Azcona (99.300), el expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández (37.300) y Javier López Madrid, de la patronal CEIM (34.800). (EP)
